Bukele cumple cuatro años en el poder, el último con el país bajo estado de excepción

«Bukele, como un experto en comunicación y marketing, enseguida se dio cuenta de cuál era la principal petición de la población: la seguridad. También el tema económico, pero a corto plazo era la inseguridad que aunque había bajado en los últimos años, era incluso para el contexto de Centroamérica muy alta», declara a ABC Rogelio Núñez, investigador asociado del Real Instituto Elcano.

El presidente salvadoreño comenzó su 'guerra contra las pandillas' con la implantación del estado de excepción el 27 de marzo de 2022 como consecuencia del asesinato de 89 personas durante un fin de semana. La matanza habría sido consecuencia de la ruptura de negociaciones entre el Gobierno y las pandillas, según una investigación del medio digital 'El faro'. Unas negociaciones que consistían en la bajada de asesinatos –cifras de las que presumió el presidente, que siempre ha negado estas negociaciones, durante meses–. A cambio, recibirían «mejoras a la situación de algunos pandilleros en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad», publicó 'El faro'.

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Los medios que han denunciado las negociaciones de Bukele con las pandillas han sufrido la persecución y criminalización más despiadada por parte del presidente y su entorno, obligando a salir del país a varios periodistas. Las presiones también forzaron a 'El faro' a trasladar su sede a Costa Rica.

El estado de excepción, que supone la suspensión permanente de derechos y garantías de los ciudadanos permitiendo la entrada en domicilios y arrestos sin orden judicial, ha sido criticado por organismos de derechos humanos, que durante este año largo han radiografiado la violación de los derechos de los salvadoreños. Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la ONG salvadoreña Cristosal han recopilado testimonios y pruebas de las detenciones arbitrarias (98,5%), abusos y torturas que han provocado la muerte bajo custodia de 153 personas, según el último informe de Cristosal publicado hace unos días.

«(La celda) tenía ventanas selladas, son de hierro y están selladas como con una lata, no entra aire por esas ventanas, solo entra aire por la puerta de las celdas, el techo de la celda está constituido por un plafón», relató a la ONG un hombre recluido en la cárcel conocida como 'Mariona', que durante su estancia vio cómo «murieron 10 personas asfixiadas, en las celdas de enfrente vi que murieron otras personas porque los custodios las mataban». También fue testigo de cómo golpeaban a otro prisionero «en medio de la cancha y le ponían descargas eléctricas; [en el caso de] otro señor de 95, cuando gritaron 'conteo' los pusieron a correr en el piso y como estaba liso, el señor se cayó y cuando se iba a levantar los custodios le pegaron en la cabeza y allí murió», declaró.

Cuestionada y temida por miedo al contagio del 'bukelismo' en la región –en Honduras la presidenta izquierdista Xiomara Castro aplicó el estado de excepción en diciembre pasado en algunas zonas para acabar con la extorsión de las pandillas, y sigue en vigor–, la medida ha contado, sin embargo, con un gran apoyo de una población que durante décadas ha sido víctima de la violencia de la maras. En la actualidad los salvadoreños le otorgan al presidente el 91% de aprobación.

«La experiencia en países como Venezuela y Nicaragua nos muestra que la destrucción de la separación de poderes, como la que ha propiciado Bukele, a la larga pone en riesgo los derechos de todos»

Juan Pappier

Subdirector en funciones de las Américas de HRW

«El presidente Nayib Bukele se ha aprovechado del razonable hartazgo de los salvadoreños con su clase política para poner al país al borde de un estado policial», declara a ABC Juan Pappier, subdirector en funciones para América de HRW. «Es entendible que muchos salvadoreños aplaudan las mejoras en seguridad después de años de brutalidad pandillera, pero la experiencia en países como Venezuela y Nicaragua nos muestra que la destrucción de la separación de poderes, como la que ha propiciado Bukele, a la larga pone en riesgo los derechos de todos», subraya.

Para Rogelio Núñez la presidencia de Bukele se divide en dos etapas: la primear de 2019 a 2021, «cuando no tenía mayoría en las cámaras y se dedica a hacer lo que yo llamo oposición al Gobierno, que era oponerse a los grandes partidos tradicionales, el FMLN y Arena, que controlaban el Congreso. Ese periodo fue una pugna». Una pugna que le fue muy bien pues consiguió mayoría absoluta en las legislativas de 2021 -cuando comienza la segunda etapa de su mandato- con su formación Nuevas Ideas. «La ayuda de partidos minoritarios le dio un colchón fuerte para hacer reformas», señala Núñez.

Lo cierto es que el presidente tuitero, red social que utilizó durante los primeros meses de su mandato para despedir a funcionarios, tiene la fuerza suficiente en el Congreso para llevar adelante cualquier decisión que le apuntale aún más en el poder. Esta mayoría le permitió en 2021 destituir a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, descabalgar al fiscal general y a un tercio de los 690 jueces. Bukele concentró así en su figura todos los poderes «que le han permitido sus políticas de mano dura tan estridentes y mediáticas », indica Núñez, para quien estas medidas son a corto plazo. «Habrá que ver si esto es sostenible en el tiempo, algo que muchos expertos en seguridad ponen en duda que se pueda mantener a largo plazo».

Lo que si ha conseguido de momento es convertirse en un modelo a seguir para otros países, pues según Núñez, «el gran problema de las democracias latinoamericanas y mundiales es que han demostrado ser poco eficaces a la hora de resolver los problemas de la población. Evidentemente, cuando la población ve que alguien lleva a cabo una serie de medidas que van en la línea de lo que necesitan, a corto plazo se colocan al lado del caudillo más allá de que atenten contra algunos derechos humanos o libertades».

«Cuando la población ve que alguien lleva a cabo una serie de medidas que van en la línea de lo que necesitan, a corto plazo se colocan al lado del caudillo más allá de que atenten contra algunos derechos humanos o libertades»

Rogelio Núñez

Investigador asociado del Real Instituto Elcano

El presidente salvadoreño también ha conseguido que la Corte Suprema lo habilitara para buscar la reelección en 2024, aunque la Constitución lo prohíbe. «Teniendo en su mano los poderes judiciales y constitucionales, seguramente se le dará carta blanca».

A estas polémicas actuaciones durante su mandato, se suman decisiones como la adopción del bitcóin como moneda de curso legal, que no ha tenido grandes frutos pues la cotización de la criptomoneda se desplomó y ha tenido poca aceptación en el país. Fracaso que Bukele nunca ha aceptado.

El horizonte de poder de Bukele parece no tener fin, pues incluso esta cuestionable decisión de presentarse a la reelección es apoyada por más del 91% de la población, según una encuesta colgada ayer por el propio presidente en Twitter. «Es obvio que va a ser reelegido por su inmensa popularidad y porque la oposición, que es consciente de cuál han sido sus errores, la división -algo que ha sucedido durante 23 años en Venezuela-, va a intentar presentarse unida aunque no tienen un liderazgo claro», señala el analista.

En cuanto al futuro, Núñez tiene dudas sobre la viabilidad del modelo de mano dura a largo plazo «y también en torno al tema económica, pero la reelección le dará margen para tomar una serie de medidas económicas un poco más desagradables».

Esta jueves por la noche, el presidente Bukele se dirigirá a la población en un discurso televisado, que también se podrá seguir por Twitter, para valorar estos cuatro años, en el que seguro que no habrá mucho espacio para la autocrítica, ausente durante todo su mandato.