Medio siglo de mentiras: los pactos ocultos entre Franco y EE.UU. para salvar a España de la debacle

La Casa Blanca, por un lado, mantenía clasificados numerosos documentos y España, por otro, no terminaba de revelar los suyos, a pesar de encontrarse ya en plena democracia. Los papeles personales de Franco estuvieron durante años amontonados en cajones ubicados en los sótanos del Palacio de Oriente, de cuya rápida y somera clasificación se encargó un almirante poco después de fallecer el Caudillo. Allí permaneció después toda aquella colección de datos, informes y declaraciones del periodo que sacó a España del aislamiento internacional, de la autarquía y de la crisis en la que estaba sumida desde que acabó la Guerra Civil .

La negociación se produjo prácticamente a escondidas, entre 1951 y septiembre de 1953. El presidente Dwight D. Eisenhower , primero, y Harry Truman , después, hablaban con Franco a través de unos pocos y escogidos representantes del Ejército y de la diplomacia, aunque estos segundos participaron menos. Para que se hagan una idea, el embajador norteamericano en Madrid en aquella época, Stanton Griffith, nunca tuvo conocimiento puntual de la marcha de las conversaciones, de la misma forma que el embajador español en Washington, Jose Félix de Lequerica, no estuvo presente en la firma, a pesar de que su misión era restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos para que reconociera políticamente a España.

Contra la práctica habitual de hacer públicos los documentos confidenciales 20 o 30 años después, el presidente estadounidense George Bush padre todavía mantenía clasificados la mayoría de estos a principios de los 90. Es como si él y sus antecesores no hubieran querido que el mundo supiera cómo se había producido el acercamiento entre ambos países y la negociación entre la ‘mayor democracia del mundo’ y la joven dictadura española a cambio bases militares norteamericanas en España, por un lado, y el conocimiento político del franquismo en el ámbito internacional, por otro. Sobre todo, porque estas se habían producido en secreto mientras en público se peleaban y daban muestras de una falta total de entendimiento.

Véase, por ejemplo, la noticia publicada por el diario ‘Pueblo’ el 7 de febrero de 1952, con las negociaciones ya iniciadas, en la que se contaba como el presidente Truman había declarado públicamente que él «nunca había sentido mucha simpatía por España». Esta brecha, sin embargo, se había abierto unos años antes, pues las potencias Aliadas no perdonaban a Franco el apoyo que había recibido de Hitler en la Guerra Civil, así como su acercamiento al Tercer Reich al inicio de la Segunda Guerra Mundial .

Estados Unidos se oponía abiertamente a la admisión de España en la ONU, como quedó claro en el comunicado posterior a la Conferencia de Potsdam de 1945, firmado por Truman, Churchill y Stalin: «Nuestros tres Gobiernos creen que es su deber señalar que no darán, en lo que les concierne, su apoyo a ninguna solicitud de admisión presentada por el Gobierno español». Una posición que el presidente de Estados Unidos confirmó en la Conferencia de las Naciones Unidas de San Francisco , ese mismo año, al votar contra Franco y ordenar a su embajador en España, Carlton Hayes, que abandonará Madrid.

Con las relaciones diplomáticas supuestamente rotas, Truman solo dejó en la capital de España a un encargado de negocios que se ocuparía de los asuntos consulares. Sin embargo, en diciembre de 1947, el agregado militar español en Washington remitía un telegrama cifrado al Gobierno franquista en el que daba cuenta de una actitud contraria a los vetos públicos. El mensaje llegó tras las conversaciones mantenidas por los altos jefes del Ejército estadounidense con dicho agregado sobre la «necesidad de mejorar radical y urgentemente las relaciones con España».

La «secretísima» respuesta del departamento de Estado americano, transcrita con sus propias palabras por el agregado militar español y publicada en 2018 por ‘El País’ , decía: «Las relaciones con España en todos sus aspectos se normalizarán con toda rapidez, sin ruido ni comunicado a la prensa. Mi informante entiende que sería conveniente que nosotros [España] sigamos una política semejante de discreción en las manifestaciones exteriores durante el proceso de cambio».

En 1950, el agregado español señalaba que no le «extrañaba nada esta actitud del señor Truman en público, que puede considerarse como la natural continuación de la comedia que viene representando desde el primer momento». Esa es la razón por la que Franco, a pesar de estar rotas las relaciones, autorizó a los militares estadounidenses enviados a Europa con sus familias que entrasen en España sin pasaporte. Y por eso también Truman concedió, en 1951, los primeros créditos al régimen por valor de cientos de millones de dólares, solicitando a cambio el control de los puertos de Mahón, Cartagena, Cádiz, Ferrol y Santander. La propuesta no fue aceptada por Franco, pero el puente ya estaba tendido.

Eran los primeros tiras y aflojas entre Franco y Estados Unidos, hasta el punto de que las polémicas declaraciones públicas de Truman en 1952, en medio de este acercamiento secreto, resultaron un tanto confusas y desataron el primer incidente diplomático. Franco no podía permitir que Truman mostrara semejante desprecio en público, mientras en privado se esforzaba por estrechar la mano del Caudillo. Aquello generó tanta tensión que estuvo a punto de echar por tierra los pactos.

El presidente norteamericano ya había condenado antes la falta de libertad de expresión en España, aunque en secreto la CIA apoyara a dictaduras tan violentas y sangrientas como la de Jorge Ubico en Guatemala o Francois Duvalier en Haití. Sin embargo, lo que realmente le molestaba a Truman era que los protestantes no gozaran de libertad para profesar su fe, a pesar de ser un régimen católico. «Las palabras de Truman –advertía el corresponsal en Washington de Scripps-Howard– son desconsideradas si tenemos en cuenta que acaba de conceder al régimen franquista una ayuda de 100 millones de dólares, que ha autorizado un préstamo de 62,5 millones más y que todavía proyecta concederle otros 150 millones más de los fondos de la Agencia de Seguridad Mutua».

En España, la prensa defendía la importancia de aquella inyección de dinero, pero la consideraba «intolerable si pretendía ser política y escondía un interés por interferir en los asuntos internos de España, lo cual implicaba un retroceso en las normas del derecho internacional», explicaba ABC, el 12 de febrero de 1952 . Las críticas a Truman llegaron también desde el ‘The New York Times’: «El presidente no repudia la posibilidad de un acuerdo, pero después de haberle oído anoche, la opinión unánime es que sus palabras no van a facilitar mucho la tarea del nuevo embajador ni la de la misión económico-militar».

Aún así, aquel incidente no fue suficiente para detener unas negociaciones que beneficiaban tanto a Estados Unidos, por sus intereses geoestratégicos, y a España, por la cuantiosa ayuda económica que necesitaba para superar definitivamente la debacle del país tras la Guerra Civil. De hecho, ya existía un informe de junio de 1950 del encargado de negocios norteamericano en Madrid, Paul Culbertson –uno de los pocos que fue desclasificado a mediados de los 80–, en el que aconsejaba dejar a un lado prejuicios democráticos y negociar con Franco desde un punto de vista «práctico, incluso egoísta». «De tal acercamiento a Franco se podría sacar dividendos a nuestro favor», añadía.

Las negociaciones se reanudaron a principios de abril de 1952, con la llegada a Madrid del nuevo embajador de Estados Unidos, Lincoln MacVeagh . La consigna que le había dado a este el Gobierno norteamericano seguía siendo la de mantener unos límites de cooperación con España muy estrechos, para evitar las críticas de la comunidad internacional. Sin embargo, a medida que avanzaban las conversaciones, los representantes estadounidenses en la Península llegaron a la conclusión de que eso era imposible si Truman quería lograr su parte del pastel.

MacVeagh adoptó pronto posiciones cercanas a las españolas. Cuando el 1 de abril mantuvo su primera conversación con el ministro de Asuntos Exteriores franquista, Alberto Martín Artajo , este se quejó de que Estados Unidos había dicho que iban a «comprar o arrendar» las bases de España. Eso no iba a ocurrir nunca, le amenazó el español. «Somos orgullosos, quizá demasiado, como para permitir eso», le dijo. Esa construcción solo sería posible si eran para uso conjunto con España. De ahí que en sus siguientes informes, el embajador estadounidense advirtiera a su Gobierno de que era imprescindible actuar con la máxima prudencia para no herir los sentimientos de los españoles, evitando cualquier interpretación que pudiera considerarse como una merma de su soberanía.

«Los negociadores de Franco remarcaron que el acuerdo sería imposible si España no estaba capacitada para defenderse del creciente riesgo de un ataque soviético que suponía la presencia de fuerzas militares norteamericanas en su territorio. El 14 de junio llegó a la Embajada española un telegrama secreto asegurando que los 125 millones de dólares ofrecidos podrían aumentarse en 25 o 30. La contraparte española sugirió entonces que se avanzara en todos los temas propuestos, incluyendo la construcción de las bases, y que se dejara para más adelante la cuestión más espinosa del uso de estas. Lo importante era que estuvieran disponibles para España», explicaba Carlos Escudé en ‘¿Cuánto valen esas bases? El tira y afloja entre Estados Unidos y España, 1951-1953’ (Cuadernos de Historia Contemporánea, 2003).

La reacción del embajador norteamericano fue sorprendentemente pro española, según un telegrama secreto enviado a Washington el 25 de julio : «España no está ni remotamente tan ansiosa de recibir nuestra ayuda como estamos nosotros de darla a cambio de la obtención de otra cosa, [...] pero sería un error creer que su Gobierno tiene alguna objeción a colaborar con nosotros. El problema es encontrar alguna fórmula que sea capaz de satisfacer los requisitos españoles». En otro telegrama, enviado una semana después, MacVeagh aclaraba que los españoles buscaban un resultado material, pero también simbólico, en referencia al boicot diplomático que el régimen franquista había sufrido, así como la percepción de este de que no se le trataba como a las otras naciones occidentales.

A esas alturas, los norteamericanos de la Península percibían que había llegado la hora de que Washington reformulara su política al más alto nivel. MacVeagh era partidario de aclarar la relación que se iba a establecer con España, para justificar que esta concluyera en unos acuerdos bilaterales como los que los estadounidenses proponían. Las negociaciones se aceleraron, hasta que el 23 de diciembre los españoles presentaron un borrador del pacto que limitaba el uso de las bases militares por parte de Estados Unidos. Una propuesta que sorprendió a Washington, justo en el momento en que se produjo el cambio de presidente y todo se bloqueó de nuevo.

En un primer momento, Eisenhower estuvo lejos de desear ir más allá que su predecesor en materia de cooperación con el régimen franquista, aunque poco a poco su disposición fue volviéndose más favorable. Un cambio que debe atribuirse a la percepción de que el aporte español era muy importante para Estados Unidos en lo que respecta a su posición estratégica en el Mediterráneo y el Atlántico. El último obstáculo surgió cuando el presidente preguntó si su Gobierno estaba dispuesto a garantizar un flujo de ayuda económica a largo plazo. El secretario del Tesoro dijo que la cuestión requería más estudio, mientras que el secretario de Defensa, Charles Erwin Wilson, discrepó, pues el Ejército estaba seguro de que las bases militares eran indispensables.

Aunque la propuesta de Franco de diciembre de 1952 descolocó a los norteamericanos, finalmente se vieron obligados a elegir entre ir más allá de dichos límites, con todas las consecuencias que ello suponía, o declarar la negociación un fracaso. Finalmente optaron por lo primero y los llamados Pactos de Madrid se firmaron finalmente el 26 de septiembre de 1953 . Este incluía tres acuerdos: el Convenio Defensivo (permiso para crear bases militares estadounidenses «bajo mando y soberanía españolas»), el Convenio sobre Ayuda Económica (ampliándose diez años más la ayuda que ya recibía desde 1951, el 60% de la cual debía sufragar los gastos de Estados Unidos en España) y el Convenio Relativo a la Ayuda para la Mutua Defensa (con obligaciones para ambas naciones). A partir de ahí, España cambió en muchos aspectos y ya nada volvió a ser lo mismo.