Las víctimas avisan: «Lo siguiente será cambiar las leyes para excarcelar a todos los etarras»

Las tres asociaciones más representativas creen que lo ocurrido en la capital navarra es el «iceberg» de los acuerdos que todavía quedan por ver a nivel nacional. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) temen que, a partir de ahora, la formación de Arnaldo Otegi busque el apoyo del PSOE y de la mayoría del Congreso que respaldó la investidura de Pedro Sánchez para sacar adelante reformas legales que permitan la excarcelación de todos los presos de ETA.

Covite, por su parte, considera que la moción de censura de Pamplona y el apoyo del PSOE a Bildu para que Joseba Asirón se haga con el mando del consistorio supone «poner en bandeja a las X de ETA que no tengan que condenar los asesinatos». «Se les está incentivando para que no den el paso que tienen que dar», considera Consuelo Ordóñez, presidenta de la asociación que sigue queriendo reunirse con miembros del Gobierno socialista, a diferencia de AVT y DyJ desde hace tiempo.

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Para Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, hijo del fiscal superior de Andalucía asesinado por ETA y diputado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, lo ocurrido en Pamplona «forma parte de la hoja de ruta soterrada» de Bildu, en la que cree que «hay mucho más», como proyectos de reforma legal para retirar a la Audiencia Nacional «algunas de sus competencias, como son las decisiones del juez de Vigilancia Penitenciaria y el fiscal que controla tanto los terceros grados como las libertades condicionales» a los presos de ETA. «En la legislatura anterior, el Gobieno pactó con Bildu a cambio de esos votos de sangre la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco y acercar a los presos. El Gobierno cumplió su pacto en la legislatura anterior. Los llevó a todos al País Vasco. Y ahora mismo, de cara al tercer grado, la Consejería de Justicia del País Vasco tiene que consultar al fiscal de la Audiencia Nacional y decidir el juez de Vigilancia Penitenciaria. Como saben que posiblemente los informes sean en contra, la única manera de ponerlos en libertad es tener todas las competencias judiciales. Y este es el pacto más terrible para las víctimas del terrorismo. Pero, para eso, Bildu también necesita gobernar, por lo que lo de Pamplona se va a repetir en las elecciones autonómicas», traslada sus sospecchas Portero. «Eso es lo que a mí me preocupa» afirma.

«Lo del Ayuntamiento de Pamplona no nos lo esperábamos, pero desde luego es un mal presagio para las víctimas. La hoja de ruta que quiere seguir Bildu es vaciar las cárceles y nuestro temor es que se vayan a derogar una serie de leyes claves para conseguir lo que persiguen. En concreto, ponemos el foco en que quieran derogar el Código Penal de 2003, que implica el cumplimiento íntegro de las condenas, y la ley que imposibilita que a los presos de ETA se les descuenten las condenas cumplidas en Francia», afirma la presidenta de la AVT, Maite Araluce. La portavoz de la asociación que representa al mayor número de víctimas de ETA traslada la desconfianza en el Gobierno de Sánchez, «que dice una cosa y la contraria al día siguiente».

Tanto AVT como DyJ ponen el foco en el nombramiento de Elma Saiz -quien fue candidata socialista a la alcaldía de Pamplona el pasado 28 de mayo y negó que fuera a apoyar a Bildu para hacerse con el poder en la ciudad- como ministra de Inclusión, así como en el apoyo de Bildu a la investidura de Sánchez. «El presidente del Gobierno tiene el descaro y la desvergüenza de negar la evidencia de que ha obligado al Partido Socialista de Navarra a dar la alcaldía de Pamplona a los herederos de ETA a cambio de la investidura», trasladó ayer DyJ en un comunicado.

«Se ha pasado la línea roja. Hasta ahora el PSOE nunca había apoyado a Bildu, pero esto lo cambia todo. ¿Es legal? Sí. Pero nosotros, como colectivo, nos movemos en el plano de la ética y es totalmente inmoral. Se les está incentivando para que no hagan el más mínimo esfuerzo por condenar la responsabilidad que tienen en la peor historia de terror y de terrorismo que ha sufrido este país. Se les está poniendo en bandeja que no les haga falta condenar nada del pasado», lamenta Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.Para Ordóñez, esto es fruto del «final de ETA negociado que está viviendo este país. Zapatero negoció y quien cumplió todas las exigencias de ETA para ponerse de acuerdo fue Rajoy. Los principales responsables de que los herederos del brazo político de ETA sigan sin condenarla son nuestros gobernantes, que no han creído en el Estado de derecho para derrotarla».

La portavoz de Covite ve el apoyo de los socialistas navarros a Bildu en Pamplona más como el precio por «la investidura de Chivite» que por el apoyo a Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa. Insiste en que lo más grave de esta operación, tras la que ha debido haber una negociación, es que en Bildu sigan justificando el asesinato selectivo como herramienta política. «Ni siquiera contestan a la pregunta que yo misma les he lanzado: ¿Matar estuvo bien o no?»