Transparencia reclama a Exteriores que publique las circulares para nacionalizaciones exprés por Memoria Democrática

Se trata de la primera reiteración de la obligación de cumplimiento que fijó Transparencia antes de las elecciones generales del 23 de julio por entender que esas circulares, que afectan directamente al procedimiento de acceso a la nacionalidad española y pueden tener, entre otras consecuencias, un impacto sobre el censo electoral, son de acceso público y, por tanto, deben estar al alcance de los ciudadanos.

En aquel momento, el CTBG dio diez días al Gobierno para que difundiese las circulares, sin que hasta la fecha haya acatado la resolución. Ahora, a instancias del abogado que reclamó esa información, Guillermo Rocafort, este organismo autónomo envía una primera reiteración de cumplimiento al Ejecutivo.

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Aquella, como informó ABC, estaba firmada por el presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez Álvarez, y a lo largo de nueve páginas contradecía todos los argumentos que el Ejecutivo llevaba argumentando seis meses para no publicar las circulares, como que sólo eran documentación auxiliar o que eran confidenciales.

«No resultan de aplicación las causas de inadmisión y los límites invocados», concluye este organismo público, recordando «el derecho de todas las personas a acceder a la información pública» y fallando a favor del mencionado letrado, que el pasado mes de octubre había ya pedido acceder a esas circulares.

La decisión cuyo cumplimiento ahora se reclama por segunda vez al Gobierno recordaba al Ejecutivo «que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del Derecho Constitucional de acceso a la información pública» por decisión del propio legislador, afeando así las demoras, y concluía que tenía que proporcionar esas circulares.

«Atendiendo a su contenido, en la medida en que se contienen las pautas interpretativas de la Ley de Memoria Democrática y las instrucciones a seguir respecto de las solicitudes de nacionalizaciones, tienen un componente decisivo en la forma de actuar de las Administraciones públicas y su aplicación a las terceras personas afectadas», estableció el Consejo de Transparencia.