El PSOE cedió ante los colectivos de emigrantes con las nacionalizaciones masivas para atraer sus votos

El cambio de posición de los socialistas -que tan solo tres semanas antes habían tumbado incluir esa ampliación de nacionalizaciones en el Senado y tres meses antes en el Congreso- se precipitó en tan solo cinco días. Fueron los que transcurrieron entre el pasado 20 de octubre, cuando el Ministerio de Justicia difundió a los registros civiles una instrucción para aplicar la ley de Memoria coherente con este texto, y el 25 de octubre, cuando la directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, se enmendó a sí misma firmando una nueva versión de instrucción incoherente con esa ley y que publicó el BOE al día siguiente.

La primera, circunscribía este proceso nacionalizador a los descendientes de exiliados y a otros dos casos tasados más. La segunda, lo ampliaba a todos los descendientes de españoles hasta tercera generación. Entre medias, las presiones políticas ante las que terminó cediendo el PSOE por interés propio. «Celebramos que luego de duras negociaciones e intercambios la decisión política del Gobierno primó», recogía el periódico 'Crónicas de la Emigración' el pasado 30 de octubre, citando a portavoces del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu). «Casi in extremis y no sin poca presión, el Ministerio ha asumido sin ambages y al completo la propuesta de instrucción que los colectivos habían hecho», añadían las mismas fuentes, en referencia a la versión final de la instrucción de Justicia.

Esta fuerza la confirmó la presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) -órgano que representa a los emigrantes españoles- de Buenos Aires, Susana Carbia. «Esta instrucción es mucho más amplia y estarían entrando mayores supuestos de los que nosotros pensábamos que iban a entrar», señaló. En esta ciudad se encuentra la mayor comunidad de españoles emigrados de todo el mundo y el CRE es un órgano consultivo y asesor de las oficinas consulares españolas. Carbia ya apuntaba entonces a la existencia de dudas jurídicas. «Hay que esperar a que los expertos puedan traducir algunos de los puntos que no están tan claros (en la instrucción) para que nos oriente en relación a todos los casos que contemplará efectivamente la legislación», señaló.

Otro rotativo dirigido a emigrantes, 'La Región Internacional', publicó el 31 de octubre una entrevista al portavoz de Cedeu, Juan Manuel de Hoz, en la que éste reconocía abiertamente sus presiones. «Luego de una reunión en la que nos dio participación el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, y en el que no nos gustaban las explicaciones de los técnicos del Gobierno, tuvimos que aumentar presión y trabajar nuevamente con los responsables políticos del PSOE para revertir la situación», subrayaba. «Primó por suerte la decisión política», destacó.

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El citado diario preguntó entonces si «el hecho de que estemos a siete meses de las elecciones autonómicas y municipales, y que la emigración pueda volver a ejercer su derecho al voto e influir en la formación de gobiernos, ha propiciado este cambio de postura, especialmente en el PSOE». El portavoz de Cedeu no quiso ir más lejos y eludió entrar en esta cuestión. Para despedirse, quiso destacar la actuación de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional y responsable de la campaña electoral del PSOE en el exterior, Pilar Cancela. «Ha hecho primar la decisión política del PSOE en cuanto a dar una gran solución», señaló. «Realmente ha sido una grata sorpresa y excelente labor la de Pilar Cancela y lo destacamos con todo el equipo del Ministerio de Presidencia. Realmente increíbles», añadió.

Los descendientes de españoles llevan diez años solicitando una ley de nacionalidad que evite procedimientos de concesión de ciudadanía temporales, como el que está llevando ahora el Gobierno, e incorpore todos los casos con la pertinente seguridad jurídica. Portugal e Italia tienen normativas en este sentido. El PSOE no incluyó ese proyecto entre sus prioridades y también rechazó enmendar la ley de Memoria para nacionalizar a todos los hijos y nietos de españoles -como pedía CS- para terminar aprobando una reforma de dudosa legalidad coincidiendo con su caída en las encuestas.