Justicia omitió jurar fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución en impresos de nacionalizaciones masivas

Mediante una «corrección de errores» publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, el Ejecutivo modifica el formulario con el que venía forzando a los descendientes de emigrantes españoles que pedían la nacionalidad a firmar que sus antepasados fueron exiliados, aunque hubieran salido del país por cualquier causa o en fechas distintas a la dictadura.

Esta enmienda se produce después de que ABC denunciara el pasado domingo que el Gobierno estaba falseando las cifras de la persecución franquista por esta vía. Justicia argumenta la corrección en el BOE en que han sido «advertidos errores», pero el equipo de la ministra Pilar Llop tenía conocimiento de este hecho desde hace casi un mes y no hizo nada para arreglarlo hasta que este diario lo publicó en exclusiva.

Noticia Relacionada

Pedro Sánchez infla las cifras de exiliados del franquismo por la vía de nacionalizaciones masivas

Ana I. Sánchez

El Gobierno fuerza a los hijos y nietos de españoles que emigraron por motivos económicos a firmar que sus antepasados fueron perseguidos

En concreto, el pasado 17 de enero ABC contactó oficialmente y por escrito con el Departamento de Comunicación de Justicia para trasladarle lo que sucedía con ese formulario y preguntarle si los descendientes de emigrantes económicos tenían alguna alternativa para no declararse descendientes de exiliados. La respuesta fue que se trasladaba la pregunta y se daría contestación «tan pronto» existiera. No hubo respuesta ni corrección hasta ahora.

El nuevo formulario, por tanto, recoge ya todas las causas posibles para la emigración del ascendiente español, y no solo la persecución. En este sentido, el nuevo solicitante de nacionalidad declara ser hijo o nieto de padre o abuelo «originariamente español» o exiliado. El modelo anterior ha estado vigente desde el pasado 26 de octubre del 2022 y ha sido utilizado desde entonces por miles de descendientes de españoles que buscan ahora la ciudadanía española. Las peticiones se concentran especialmente en Latinoamérica donde existe la mayor comunidad de hijos y nietos de nacionales. Una región que, además, se encuentra inmersa en una delicada situación económica.

El BOE de ayer corrige otro formulario de solicitud de nacionalidad por haber omitido en el mismo la prestación de juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas. Este impreso es el que el Gobierno declaró de uso obligatorio para los hijos de quienes obtuvieron la ciudadanía gracias a la Ley de Memoria Histórica, -la aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero-, y de quienes la hayan obtenido o vayan a obtenerla con la ley de Pedro Sánchez. En este último caso, bisnietos de españoles.

Esta enmienda arregla este desacierto a partir de ahora pero dispara la inseguridad jurídica sobre las solicitudes presentadas y tramitadas por esta vía hasta el momento. La citada jura es obligatoria para poder acceder a la nacionalidad española y debe realizarse en un plazo máximo de 180 días tras la comunicación de concesión de la misma. El Gobierno la introdujo en el momento de la presentación de los formularios para evitar que el colapso de los consulados por la entrada en vigor de la propia Ley de Memoria, impidiera realizar la jura en el plazo máximo previsto. Algo que puede sucederle a este grupo de solicitantes ya que en muchos consulados de Iberoamérica las citas se conceden con un plazo de espera muy superior a los citados 180 días.

El tercer error que Llop tuvo que corregir este martes afecta al modelo con el que los solicitantes debían pedir la certificación literal de nacimiento de su ascendiente. El que estaba vigente hasta este martes se dirigía a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública cuando este departamento no dispensa este tipo de documentos, que son competencia de los registros civiles.

Pero pese a todas estas correcciones, la principal fuente de inseguridad jurídica de esta reforma se mantiene en el cuerpo de la instrucción. Se trata de la ampliación de las causas para la concesión de la nacionalidad española más allá de lo previsto en la Ley de Memoria. Los tribunales decidirán en breve si suspenden su aplicación, como ha solicitado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.