Las dudas jurídicas sobre qué es un exiliado, nuevo obstáculo al plan de nacionalizaciones exprés

Tales fueron las dudas que se han ido creando grupos de consulta en WhatsApp donde unos y otros intentan solventarlas con casos ya aprobados. Se trata de incertidumbres basadas en las solicitudes de nacionalidad española que han ido llegando estos últimos cuatro meses a las oficinas consulares, algunas de ellas colapsadas ante la falta de personal. Este último es el segundo gran problema para hacer cumplir la norma aprobada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

El punto de referencia para los consulados españoles en el extranjero es, obviamente, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Pero, sobre todo, las dos instrucciones publicadas por el Ministerio de Justicia –el departamento de la socialista Pilar Llop cambió de criterio con tan solo cinco días de diferencia, abriendo las nacionalizaciones a todos los descendientes de extranjeros hasta tercer grado y no solo a los de exiliados– y un posterior telegrama de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, dependiente del Ministerio de Exteriores y Cooperación, en el que contestan formalmente a las dudas del personal.

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«Por ejemplo, no queda claro si hay que demostrar o no que se es descendiente de exiliado o son todos los descendientes de quienes se fueron en aquellos años del franquismo, independientemente de las razones. Eso no queda claro», comenta a este diario uno de los funcionarios afectados por esta situación.

Ya con la norma en marcha, los consulados recibieron el 26 de enero una primera interpretación de casos de solicitud de nacionalidad española que el Ministerio de Exteriores había estudiado por entonces, además del ya citado telegrama, fechado el 15 de febrero, en el que se contestaban supuestamente todas las dudas surgidas. Sin embargo, «estas respuestas en muchos casos no son nada clarificadoras», tal y como apunta otra fuente consular.

A las dudas de cómo acreditar que efectivamente una persona es descendiente de los supuestos de exilio que estipula la ley del Gobierno de Pedro Sánchez –y no por razones económicas, por ejemplo– hay que sumar la falta de personal y de medios técnicos para atender la enorme demanda de peticiones a la que se enfrentan los consulados: solo en Cuba, Argentina, Venezuela, Brasil y México –cinco de los países con mayor número de españoles residentes en el extranjero– se esperan más de 425.000 solicitudes, según los cálculos de los propios consulados en colaboración de los Consejos de Residentes Españoles. Aunque, si de nuevos españoles hablamos, los colectivos de descendientes estiman que no más 400.000 lograrán nacionalizarse durante los próximos dos años más uno de prórroga en los que estará vigente la norma.

El personal laboral de la Administración española en el extranjero no solo no da abasto para sacar adelante la ley de Memoria, sino que se enfrenta día a día a problemas por los que lleva tiempo protestando: «Llevamos sufriendo congelación salarial desde hace catorce años» y, además, «no tenemos derechos, porque no tenemos un convenio colectivo», denuncia uno de los trabajadores anteriormente citado.

«Todo empezó allá por 2008 con la gran crisis», dijo el consejero del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pablo Puertas, en declaraciones a 'Crónicas de la Emigración' en junio del año pasado. A todos los funcionarios se les «hicieron recortes», pero, con el tiempo, «tanto diplomáticos como funcionarios fueron recuperando» las condiciones salariales, mientras que las del personal laboral en el exterior quedaron congeladas.

Esto «es solo la punta del iceberg» de lo que viene padeciendo este colectivo integrado por más de 5.000 trabajadores en todo el mundo y que se encarga del «90% de la misión diplomática» de la Administración española en el exterior. Eso no es todo. Además trabajan «sin convenio colectivo, sin categorías profesionales, sin detalles de funciones y sin posibilidades de promoción profesional».

El también coordinador nacional en Argentina del sindicato CSIF insiste en que, «si está habiendo estas demoras» tanto en las gestiones ordinarias como en la concesión de nacionalidades, es porque «no hay personal», que además debería acompañarse de reformas de instalaciones para acoger a esos nuevos trabajadores destinados a atender la demanda ante el nuevo proceso de nacionalizaciones.