El Tribunal de Cuentas urge a revisar las ayudas a Bildu por llevar etarras en las listas para las municipales de 2023

El 10 de mayo de 2023 ABC desveló, recogiendo un informe de Covite, que el partido que dirige Arnaldo Otegi incluyó en las listas electorales a 44 candidatos con un pasado terrorista, siete de ellos con delitos de sangre. Aquella información provocó una airada reacción en la opinión pública, lo que obligó a Bildu a reaccionar: revisó sus listas y, finalmente, limitó a 23 los etarras que concurrían a las elecciones, ninguno de ellos con asesinatos a sus espaldas.

En un informe aprobado este jueves bajo el título 'Fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales del 28 de mayo de 2023', el Pleno del Tribunal de Cuenta reclama a Interior y a la JEC una «verificación efectiva» de que las candidaturas en cuestión no incumplieron la Loreg, porque eso podría suponer la pérdida de las subvenciones. El artículo 127 de la citada ley regula las ayudas públicas del Estado por los gastos ocasionados a los partidos por su concurrencia a las elecciones generales, europeas o municipales y en su apartado 1 explica que «en ningún caso la subvención correspondiente a cada grupo político podrá sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora».

Pero la clave está en el punto 4 de ese artículo: «Las subvenciones previstas no se devengarán a favor de dichas formaciones políticas cuando en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquellas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados».

Todo comenzó antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, cuando EH Bildu solicitó el citado anticipo a la JEC, que a su vez lo trasladó a la Dirección General de Política Interior (DGPI). El pago se realizó el 14 de junio y ascendió a 286.642,47 euros. Unos meses después, y en el ejercicio de su función fiscalizadora, el TCu informó a Interior adjuntando una relación de candidatos con antecedentes penales según el correspondiente certificado emitido por el Ministerio de Justicia.

El 24 de enero de 2024, Interior consultó a la Abogacía del Estado sobre el reintegro del anticipo de la subvención al no cumplir EH Bildu los requisitos del 127.4 de la Loreg. Tres semanas más tarde, el 14 de febrero, la Abogacía del Estado emite un primer informe indicando que no procede el anticipo de la subvención electoral, por lo que conviene su reintegro. Este informe es corroborado por otro fechado cuatro días después, y ambos son enviados a Interior el 21 de febrero. Así, el 24 de mayo de 2024, casi un año después de las elecciones, la DGPI deniega el abono del resto de la subvención electoral a Bildu, a quien concede la posibilidad de presentar alegaciones. «De conformidad con lo indicado en el informe de la Abogacía General del Estado (…) no procedía el abono del anticipo del 90% de la subvención por gastos electorales correspondientes a las elecciones locales de 2023», señalaba Interior.

Bildu no se conforma y se agarra a la puerta que Interior les deja abierta. El 28 de junio de 2024 presenta sus argumentos para que le fueran costeados los gastos electorales, lo que obliga a Interior a solicitar un nuevo informe a la Abogacía del Estado. Éste llegó el 16 de septiembre y supuso un cambio radical de criterio: «EH Bildu tiene derecho a percibir la subvención por gastos electorales (…) pues, aunque incluyó en sus listas a 23 personas que habían sido condenadas por los delitos señalados, como advirtió el Tribunal de Cuentas, al atender el requerimiento del Ministerio del Interior ha justificado que existió un rechazo público de los fines y medios perseguidos y empleados en esos delitos».

Así, Interior pagó con normalidad y siempre por debajo del 30% exigido por la ley, las subvenciones electorales en concepto de adelanto a cuenta de la liquidación final. En el caso de Bildu, el anticipo ascendió a 286.642,47 euros, mientras que el partido gastó 991.800 euros. En total, según el TCu, la coalición de partidos que lidera Arnaldo Otegi gastó en las elecciones municipales de 2023 un total de 1.278.442,47 euros.

Todo concluye el pasado jueves, cuando el Pleno del Tribunal de Cuentas aprueba el informe definitivo sobre la fiscalización de las elecciones municipales y determina que no es el órgano competente para tomar esta decisión. Es un debate jurídico complejo que dividió al órgano fiscalizador. No obstante, sí introduce una nota instando a la JEC y «a los órganos competentes» (el Ministerio del Interior) a revisar si, efectivamente, Bildu ha presentado a candidatos que no se arrepienten de su pasado terrorista y si, en ese caso, deben serle retiradas las subvenciones públicas.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC explican que en términos de participación política, el terrorismo puede afectar de dos maneras a los partidos políticos: la primera es la posibilidad de ser ilegalizados si sostienen la violencia como modo de acción política; y, en segundo lugar, la pérdida de subvenciones si incorporan en la lista a condenados sin que se hayan arrepentido. Según ha podido saber este periódico, en el Pleno del TCu del pasado jueves nadie discutió que Bildu es una coalición de partidos legal, de modo que sí podían participar en el proceso electoral de mayo del 2023; no obstante, el debate estuvo en la segunda cuestión: si no renuncian la violencia, ¿deberían quedarse sin la subvención?

Conclusión: es el ministro del Interior quien debe revisar si Bildu incumplió la Loreg, de modo que debería devolver los 286.642,47 euros que cobró como adelanto y renunciar a recibir el resto.