Sánchez quiere arrebatar ya al PP el poder de bloquear los Presupuestos en el Senado
El jefe del Ejecutivo pretende que la mayoría popular en la Cámara Alta no pueda vetar el techo de gasto y paralizar así sus cuentas públicas
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El nuevo Gobierno iniciará este martes su andadura y una de las iniciativas que Pedro Sánchez tiene decidido poner en marcha es eliminar el poder que el PP tiene en el Senado para bloquear los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según ha ... podido saber ABC.
La vía que cobra más fuerza es una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que borre la capacidad de veto que el Senado tiene sobre el techo de gasto desde 2012. Esta potestad conlleva actualmente el bloqueo de los Presupuestos porque el Congreso no puede levantarlo y las cuentas anuales no pueden aprobarse sin el citado tope.
La reforma, según fuentes del Ejecutivo, consistirá en volver a la redacción que la Ley de Estabilidad tenía en 2007, de manera que, si el Senado tumba el techo de gasto presentado por el Gobierno, el Congreso pueda levantar ese veto «como sucede con todas las demás leyes», subrayan. La mayoría necesaria para anular ese veto «podría ser mayoría simple del Congreso», apuntan.
Los socialistas ya han intentado dos veces sin éxito eliminar este poder del Senado -primero en 2018 mediante enmienda y luego en 2020 con una proposición-, pero ahora tienen la determinación de realizar la reforma y dan por descontados los votos a favor de todo el bloque de investidura. «Todos quieren pactar los nuevos Presupuestos y ninguno quiere que el PP tenga la capacidad de bloquearlos», aseguran. Al tratarse de una ley orgánica, los socialistas necesitarán mayoría absoluta (176 votos o más) para reformar la Estabilidad Presupuestaria. Pero en la primera votación de investidura, Pedro Sánchez ya salió elegido por 179 votos (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria).
Argumentos jurídicos
La operación es netamente política, pero desde el Gobierno la justifican con argumentos tanto jurídicos como económicos. Así, defienden que la capacidad de veto que tiene el Senado vulnera la posición de primacía que la Constitución atribuye al Congreso, al que confiere la última palabra en la aprobación de las leyes en caso de diferencia de criterio entre ambas cámaras.
En esta línea, sostienen que ese poder del Senado «distorsiona» el proceso de aprobación de los Presupuestos y constituye una «anomalía» y una «anormalidad normativa», ya que las cámaras «no pueden estar en equilibrio de poder». «Ni siquiera está justificado dentro de la propia ley y el Consejo de Estado ya se mostró contrario cuando lo examinó», añaden.
El veto de la Cámara Alta fue introducido en 2012 por el exministro popular Cristóbal Montoro como un segundo filtro para el techo de gasto, con carácter territorial (las comunidades autónomas). Eran los años de la crisis de deuda soberana y Bruselas exigía la introducción de un procedimiento para la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que la motivación del Gobierno de Rajoy fue cumplir con la Comisión Europea.
Esas exigencias siguen hoy vigentes, pero los socialistas usan este argumento al revés. «Al conferir al Senado el poder de bloquear es cuando se pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias que tenemos con Europa», hacen hincapié. «El Consejo de Estado advirtió que era necesario que la reforma introdujera algún mecanismo para superar un posible bloqueo y es lo que vamos a hacer, acabar con la anomalía e introducir coherencia».
Respecto a la posibilidad de que el PP decidiera plantar batalla y acudir al Tribunal Constitucional para intentar echar abajo la nueva reforma, el Gobierno se muestra completamente confiado en que no tendrá éxito.
«Hay varias sentencias que recogen la distinta posición que tienen el Congreso y el Senado en el procedimiento legislativo», destacan. «No hay ninguna razón por la que la aprobación del techo de gasto tenga que ser distinta a la de los Presupuestos cuando son dos procesos totalmente ligados el uno al otro», apoyan.
Prórroga el 1 de enero
Sobre las nueva cuentas, el Gobierno asegura que los distintos ministerios, pese a estar en funciones, «han estado trabajando» y preparando sus partidas, si bien reconoce abiertamente que el 1 de enero de 2024 se prorrogarán los actuales. Primero porque, aunque la derogación del poder de veto del Senado se impulse de forma rápida, el PP hará todo lo posible por retrasarla. Segundo, porque tampoco queda tiempo material para aprobar las cuentas en lo que resta de año. El objetivo, eso sí, es que pueda haber nuevos PGE «lo antes posible» o, dicho de otro modo, «en los primeros meses de 2024». Y por ello ambas cosas -la tramitación de la reforma y la elaboración de los nuevas cuentas- «discurrirán de forma paralela» para ganar tiempo.
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No obstante, la tramitación de los Presupuestos obliga a paralizar el resto de iniciativas parlamentarias y podría afectar, por tanto, a los tiempos de la nueva ley amnistía, por lo que al Gobierno tampoco le conviene una excesiva rapidez a la hora de presentar las cuentas ante el Congreso.
Desde esta óptica, Moncloa necesita que la ley de amnistía esté tramitada en la Cámara Baja antes de que lleguen los nuevos Presupuestos Generales para que no la ralenticen y Pedro Sánchez pueda cumplir con la promesa hecha a Carles Puigdemont. Para acelerar al máximo los plazos de la ley de amnistía, su tramitación se va a realizar por vía urgente. Y no es descartable que el Gobierno utilice el mismo método para tramitar la derogación del veto del Senado.
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