El nuevo letrado mayor del Congreso no ve ahora «palmaria y evidente» inconstitucionalidad en la ley de amnistía

El informe firmado por Fernando Galindo era tan esperado como previsible. Su nombramiento como secretario general hacía prever un resultado favorable a la norma. Su cercanía al Gobierno -al servicio de Política Territorial casi hasta el momento de su nombramiento hace solo unas semanas-, hizo que el PP pidiera ayer su recusación en un escrito registrado en el Congreso que no tuvo efecto, pues horas después el propio Galindo enviaba su informe a la Mesa con un dictamen en el que no ponía escollos a la tramitación.

«No parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional parámetros o elementos suficientes para determinar si se produce una contradicción evidente y palmaria con la Constitución», explica el informe que hoy será debatido en el órgano de control de la Cámara. Un escrito que, tras repasar jurisprudencia del Tribunal Constitucional, deriva en una serie de conclusiones.

La más importante, la que trata de diferenciar esta propuesta del PSOE de la que en 2021 presentaron los grupos independentistas y que fue inadmitida por la Mesa tras encontrar el anterior letrado mayor de la Cámara un choque claro con la Constitución en su contenido. «En el año 2021, la Mesa de la Cámara inadmitió a trámite la proposición de los Grupos Parlamentarios Republicano y Plural, al entender que entraba en palmaria contradicción con la prohibición de conceder indultos generales prevista en el artículo 62 de la Constitución. La proposición –actual– de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña cuenta con elementos que le diferencian y permiten afirmar que no existe una contradicción evidente y palmaria con lo dispuesto en el artículo 62 i) de la Constitución», explica Galindo para justificar la opinión radicalmente distinta a la de su predecesor.

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Sin embargo, en ningún momento argumenta jurídicamente por qué si los indultos generales están prohibidos por la Constitución, esta ley de amnistía no entra en contradicción con la Carta Magna. En el informe del letrado mayor, no hay alusión alguna a otra de las grandes dudas que planean sobre la constitucionalidad de la ley: su encaje con el artículo 14 de la Carta Magna. Este precepto es el que establece que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna».

Tras librar de obstáculos a la ley, Galindo evita implicarse más allá y no incluye ninguna propuesta de admisión o inadmisión de su tramitación. Lo explica señalando que la «posibilidad de inadmitir una iniciativa parlamentaria en la fase de calificación es en todo caso excepcional, ya que puede suponer un quebrantamiento de los derechos fundamentales».

Apunta en su informe que la propuesta del PSOE cumple con «los elementos formales» reglamentariamente exigibles. En resumen, que, en su opinión, la calificación de la Mesa no está pensada como «un control previo de constitucionalidad», orillando su capacidad para aplicar el derecho vigente, y deja en el TC la responsabilidad de analizar a posteriori la norma.

La intervención de Galindo era esperada en el Partido Popular, que ya advirtió de su imparcialidad cuando fue nombrado hace solo unas semanas tras la marcha del anterior letrado mayor, Carlos Gutiérrez. Su pasado cercano al Gobierno como director general de Cooperación Autonómica y Local y luego Subsecretario del ministerio de Política Territorial hasta dos días antes de ser nombrado secretario general del Congreso le incapacitaba, según los populares, para formar parte del informe. Escrito enviado este lunes a la Mesa y que finalmente solo llevó su firma.

En el PP creen que Galindo era miembro de un ministerio del Gobierno que ha participado en la elaboración de la proposición que la Mesa debe calificar, ya que el propio ministro Bolaños reconoció que se trataba de un proyecto de ley que se iba a vehiculizar a través de una proposición de ley; lo que significa que el texto ha sido elaborado y redactado desde el Gobierno o, por lo menos, que el Ejecutivo ha tenido pleno conocimiento del mismo.

En este sentido, el PP considera que «es más que probable que Galindo sea conocedor del texto que se ha registrado en el Congreso o de alguno de sus borradores previos», por lo que quedaría inhabilitado para emitir un informe en relación con el mismo.

Por su parte, Santiago Abascal anunció que su partido se querellará contra Galindo y los miembros de la Mesa que voten a favor de la tramitación en la reunión prevista para este martes. «Vox presentará querellas por delito de prevaricación contra los letrados autores del informe que persigue legitimar el golpe al Estado de derecho mediante la inconstitucional ley de amnistía, así como contra los miembros de la Mesa del Congreso que voten a favor de su admisión. Todos los que colaboren con el golpe tienen que saber que deberán asumir las consecuencias», señaló el líder de Vox en un mensaje publicado en sus redes sociales.