La juez que investiga a la pareja de Ayuso se jubila dejándole a un paso del banquillo

Esto afecta de lleno a la instrucción de uno de los casos que más atención mediática tiene dado que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y puesto que la presidenta se ha referido en ocasiones a esta investigación calificándola de «cacería política».

Ahora, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá decidir si da luz verde al nombramiento del que previsiblemente será el nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, el magistrado Antonio Viejo, miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria y ex secretario general de la Administración de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez siendo ministra de Justicia Dolores Delgado (2018-2020).

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Cabe recordar que en el caso del novio de Ayuso la primera de las ramas de la investigación se encuentra ya muy avanzada después de que a finales de mayo la instructora acordara su procesamiento por dos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil y le dejara a un paso del banquillo.

La investigación contra González Amador arrancó en marzo de 2024 a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Madrid después de que la Agencia Tributaria detectara un presunto fraude en el impuesto de sociedades de su mercantil, Maxwell Cremona, por importe de 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 (155.000 y 195.951, respectivamente).

En ese auto, la juez exponía que «de las actuaciones de comprobación e investigación desarrolladas por la inspección de la AEAT resulta que la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Funcionamiento del Medio Ambiente S.L. en los años 2020 y 2021 registró un incremento de sus ingresos por la intermediación en una operación de venta de material sanitario en 2020 y por la percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente Quirón Prevención SL en 2021».

Añadía que con la finalidad de reducir la tributación por el Impuesto de Sociedades de dichos periodos «se dedujo indebidamente gastos» a través de hasta 15 facturas «falsas o falseadas». También, facturando «algunos de sus servicios a su principal cliente Quirón Prevención a través de Masterman & Whitaker SL, cuyo socio y administrador único es Alberto González Amador».

«Esta empresa carecía de medios materiales para prestar los servicios, los cuales fueron prestados por Maxwell, cuya finalidad era un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad de una sociedad vinculada a él y con ello generar bases imponibles negativas en Masterman SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener», repasaba el auto.

La magistrada apuntaba que el novio de Ayuso «conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria, presentó autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, dejando de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951 euros para el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2021».

La segunda ramificación de la investigación es más reciente, y en ella la instructora investigaba también a González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal por la compra de una compañía por valor de medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención, su principal cliente. Para el Ministerio Público, la compra de dicha compañía sin «valor» supuso un «soborno» del empresario a Camino a través de su mujer, Gloria Carrasco.

De esta forma, con la jubilación de la magistrada, el nuevo titular del juzgado solo se hará en realidad cargo de esa segunda investigación. Antonio Viejo, madrileño y nacido en 1959, fue juez decano de los juzgados de Madrid (2014-2018), estudió Derecho en la Universidad Autónoma e ingresó en la carrera judicial en el año 1988. Su primer destino fue el juzgado de Instrucción número 4 de Badalona. En 1992 se trasladó al Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona hasta 1994. Durante los siguientes cuatro años se encargó del juzgado de lo Social Único de Segovia y en 1998 tomó posesión del juzgado de Instrucción número 20 de Madrid.

Se da la paradoja de que quien sustituye por jubilación a la magistrada será alguien de mayor edad que ella. Esto es posible porque la ley permite que los magistrados pueden postergar su jubilación hasta los 72 años de edad.