El relevo en el CGPJ por la jubilación de Mozo, condicionado a los resultados del 23J

Aunque en virtud del acuerdo del Pleno del pasado 13 de octubre la presidencia debería recaer en el vocal de mayor edad, en este caso Vicente Guilarte, todo apunta a que no será una sustitución inmediata ni pacífica hasta que este catedrático y abogado deje claro que acepta la presidencia renunciando a su actividad privada (lo que muchos vocales consideran incompatible) o continúa con su trabajo como letrado dejando que asuma esta responsabilidad el siguiente vocal de mayor edad, Wenceslao Olea, quien llegó a impugnar el nombramiento de Mozo en el Supremo al no compartir que fuera posible la bicefalia en la dirección del CGPJ y Supremo, que hasta ahora siempre ha contado con un solo presidente. De los 16 vocales que quedan, Guilarte integra el grupo de los diez nombrados a propuesta del PP si bien ha votado en muchas ocasiones con los progresistas igual que algunos de los progresistas (quedan seis) lo han hecho muchas veces con los conservadores.

En lo que hay un consenso prácticamente mayoritario es en que de la propia configuración de la Ley Orgánica del Poder Judicial se deriva que quien ejerza las funciones de representación del órgano de gobierno de los jueces no puede ejercer en paralelo ninguna otra actividad profesional aunque el vocal en cuestión no forme parte de la Comisión Permanente, la única cuyos miembros, a diferencia del resto, tienen dedicación exclusiva. Es Guilarte, por tanto, quien tiene que deshojar la margarita y tomar una decisión que, según coinciden distintos vocales consultados por ABC no tiene por qué ser inmediata ni resolverse en el Pleno de despedida de Mozo de mañana, teniendo en cuenta que el futuro del Consejo está absolutamente vinculado a lo que suceda en las elecciones del domingo. De lo que salga de las urnas se podrá vislumbrar si hay o no expectativas reales de renovación.

Si es el PP el que gana las generales, un escenario bastante probable a la luz de las encuestas, una de las primeras medidas que tiene previsto poner en marcha es el cambio de modelo en la elección de los vocales, de forma que siguiendo las recomendaciones de Bruselas, doce de ellos sean elegidos por la propia carrera judicial. Como avanzó ABC este lunes, los populares no están por la labor de renovar el Consejo por otros cinco años con el actual sistema al considerar que, una vez desacreditado por Bruselas, es más prudente esperar unos meses a la reforma de la ley del Poder Judicial que prorrogar durante un lustro una situación contaminada de origen. Esto implicaría esperar a que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial estuviera aprobada, en el mejor de los supuestos en febrero prolongando hasta esa fecha el actual mandato del Consejo.

Fuentes del órgano recuerdan que después de cinco años sin renovar esperar hasta febrero o marzo «ya es lo de menos» siempre que, ahora sí, esa renovación fuera ya segura. Hay que tener en cuenta que en virtud de esa reforma la parte de los doce vocales de procedencia judicial quedaría resuelta, mientras que los otros ocho dependen de una mayoría parlamentaria de tres quintos en la que el PP (aun con Vox) necesitaría al principal partido de la oposición: al PSOE, que con otro candidato al frente (en el supuesto de que Sánchez renunciara ya como secretario general) podría facilitar el acuerdo. Aun así, si el acuerdo no se produjera el Consejo podría renovarse solo con los vocales jueces y gozaría de la legitimidad que PSOE y Podemos le niegan ahora por estar caducado.

Precisamente de ese cuestionamiento al CGPJ actual parte la segunda derivada de un eventual Gobierno de Feijóo: su intención de devolver al Consejo las competencias que hace dos años le hurtaron los partidos que sustentan el Gobierno (PSOE y Podemos) y que le está impidiendo llevar a cabo nombramientos con todo lo que eso conlleva para la cúpula judicial: solo en el Tribunal Supremo, como consecuencia de esta imposibilidad de hacer nombramientos, el 30 por ciento de la plantilla está sin cubrir, lo que supone dictar unas mil sentencias menos al año. El PP no quiere que esta situación, «insostenible» según el propio Supremo, se prolongue más y de ahí que esté decidido a devolver de forma inmediata al órgano unas competencias que mantendría hasta su renovación. El hecho de que la mayoría del órgano sea conservadora avivará, sin duda, la polémica en la cobertura de esas vacantes.

Otro de los escenarios posibles es que el PSOE y Sumar consigan formar Gobierno y se plantee una situación similar a la que se da ahora mismo, en la que el PP se niega a renovar mientras no se modifique el sistema de elección del Consejo y el PSOE, por su parte, apremie a esa renovación con el argumento de que Bruselas la impone abordar ese cambio en la designación de vocales, un cambio que ni PSOE ni Sumar contemplan en sus programas electorales y que Bruselas ve inescindible de la propia renovación.