El Gobierno ignora las críticas de Bruselas al estado de la Justicia y se enroca en campaña

Al presentar la mañana de este miércoles el informe anual, tanto la vicepresidenta Vera Jourová, encargada de la cartera de Valores y Transparencia, como el comisario de Justicia, Didier Reynders, insistieron en que en España se mantienen las mismas carencias ya señaladas en años anteriores respecto a los grandes asuntos, como el bloqueo en la renovación del CGPJ, las medidas para mejorar la independencia del fiscal general del Estado o los ataques de miembros del Gobierno a la judicatura. Bruselas constata que ya no hay más remedio que esperar a ver el resultado de las elecciones generales del próximo día 23.

«Nosotros tenemos las mismas expectativas por parte de cualquier Gobierno o de cualquier partido que gane las elecciones, pero sí que hemos dejado claro que el CGPJ, que tiene que renovarse desde 2018, nos sigue preocupando porque esa falta de renovación tiene efectos en el funcionamiento del Tribunal Supremo y el sistema judicial en su conjunto. No es un problema nuevo y vamos a seguir trabajando para seguir recordando a los partidos políticos españoles que tienen que trabajar en ello como cuestión prioritaria», ha dicho Jourová al responder a preguntas sobre el informe relativo a España.

La vicepresidenta ha afirmado ser consciente de que «estamos a poco más de 15 días de las elecciones» y de que durante su reciente estancia en Madrid pudo apreciar «ese clima preelectoral». Por ello, ha recomendado «esperar para que el ganador de las elecciones actúe», porque el problema del CGPJ «siempre lo hemos considerado un asunto prioritario para España en el ámbito del Estado de derecho y la corrección de los problemas» que se señalan en el informe.

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Su compañero en el seno de la Comisión, Didier Reynders, que ha venido a España dos veces en el último año para tratar de desbloquear el asunto, ha reconocido que, a pesar de que «en estos últimos meses hemos intentado acelerar ese proceso apoyando el acuerdo entre los dos grandes partidos», sus gestiones no han tenido éxito. El comisario europeo de Justicia ha sido incluso más explícito respecto a los detalles de la disputa entre el Gobierno y el Partido Popular, al insistir en aclarar que «la renovación del CGPJ es importante», sin olvidar que «inmediatamente después hay que lanzar las reformas» en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, para que sean los propios miembros de la judicatura quienes elijan a sus vocales. El belga también ha dicho resignado que «hasta ahora no ha sido posible», pero que «en cuanto se celebren las elecciones lo seguiremos haciendo. Depende del nuevo Parlamento y de la constitución del nuevo Gobierno», al que ofreció su colaboración.

Este año, el informe no se limita a lamentar la falta de acuerdo para la renovación del CGPJ, sino que por primera vez señala que esta situación «afecta negativamente al trabajo del Tribunal Supremo y al sistema judicial en su conjunto», debido a la reforma aprobada por el Gobierno en 2021 y que impide hacer determinados nombramientos al CGPJ. También menciona la inquietud manifestada por el propio órgano de gobierno de los jueces por las declaraciones públicas de dirigentes políticos, «incluidos algunos miembros del Gobierno», contra el Poder Judicial en su conjunto, lo que «socava la confianza pública» en los tribunales.

En cuanto a la independencia de la Fiscalía, el informe recuerda que ya en el del año pasado se pedía la separación entre los mandatos del fiscal general del Estado y autonomía presupuestaria, y reprocha al Gobierno que en este tiempo no haya siquiera esbozado la intención de actuar en este campo.

La parte más insólita de la situación ha sido la reacción del Ejecutivo español, que basándose en una simple nota a pie de página, que es el único sitio donde se menciona al PP, asegura que las recomendaciones de la Comisión «coinciden con las prioridades y proyectos presentados por el Gobierno durante la legislatura». A su juicio, Bruselas «reconoce la labor del Gobierno en la implementación de las anteriores recomendaciones y, sobre todo, hace un severo llamamiento al PP y Feijóo por una deslealtad constitucional alejada de los estándares europeos».

Como es habitual, la Comisión Europea no ha querido «hacer comentarios sobre comentarios», incluso en este caso, en el que un Gobierno de un país miembro está haciendo una interpretación torticera de su propio informe. Preguntado sobre ello, el portavoz de Reynders asegura que el comisario «ha sido absolutamente claro» en sus comentarios y que Bruselas es «completamente neutral» en asuntos electorales. Tampoco quiso hacer valoraciones sobre el hecho de que esa mención en una nota a pie de página haya sido convenientemente aprovechada para hacer una lectura completamente desquiciada del contenido del informe.