Los socios salvan a Chivite de comparecer en la comisión del Parlamento navarro sobre la trama Cerdán

Con este listado, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, como proponentes de la iniciativa y con mayoría en el órgano, buscan «analizar las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos» en las últimas cuatro legislaturas. Se han aprobado 41 de las más de cien comparecencias solicitadas, de donde se han caído nombres propuestos por Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Popular. También solicitudes de información, como correos internos del Gobierno acerca de los túneles de Belate o la relación de trabajadores de Servinabar. Así, la oposición entiende que existe un pacto de no agresión entre los socialistas y sus socios. El PP denuncia que han dejado la comisión «vacía» convirtiéndola en un «paripé».

No será hasta el próximo mes de septiembre cuando empiece a rodar. Primero se ha establecido el día 15 de ese mes, a la vuelta de verano, como límite para el envío de documentación, que solicitan al Gobierno de Navarra, la Cámara de Comptos, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, el Congreso y el Senado, el Registro Mercantil, la Seguridad Social, y la Diputación de Bizkaia y de Gipuzkoa, y empresas como Geoalcali, Servinabar, Acciona, Alegure y Noran.

Dicha información se valorará en reunión de la comisión el próximo 24 de septiembre. Una vez estén dados estos pasos se avanzará en la calendarización de las comparecencias, de donde también se han caído nombres como el comisionista Víctor de Aldama, la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, o el ex ministro de Transportes, José Luís Ábalos. De acuerdo con las explicaciones de Javier Lecumberri (PSN), porque tratan de ceñir el objeto de la comisión a lo ocurrido en Navarra, dejando las ramificaciones estatales a otras comisiones como la que se desarrolla en el Senado.

«Es un escándalo mayúsculo. No se trata de conocer la verdad, sino de proteger al Gobierno de María Chivite», ha dicho Javier Esparza al finalizar la reunión de la comisión. A diferencia de los nombres anteriormente citados, el líder de UPN en el Parlamento foral sí será interrogado. Según ha confirmado él mismo, para explicar una «adjudicación en la primera fase en el canal de navarra de hace once años, en la que se presentó Acciona y no fue adjudicataria».

No lo hará María Chivite, quien ha reconocido reuniones con Antxon Alonso y al frente del Gobierno navarro cuando Servinabar accedió a la obra de los túneles de Belate. Esta, si bien no figura hasta el momento en las investigaciones de la Guardia Civil, está en el foco al ser la de mayor cuantía económica y estar envuelta por las irregularidades denunciadas por los técnicos durante el proceso de concesión. Tampoco Ramón Alzórriz, ex portavoz del PSN en el Parlamento, que presentó su dimisión (mantiene su escaño parlamentario) poco después de conocerse que su mujer era empleada de Servinabar. Al igual que la hermana de Santos Cerdán, que tampoco acudirá a la comisión de investigación que preside Irati Aragón, de EH Bildu.

Sobre si ha existido un pacto entre las fuerzas del Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin) y EH Bildu para controlar la comisión, Adolfo Araiz (EH Bildu) ha afirmado que los grupos parlamentarios, para llegar a mayorías, «hablan, negocian y acuerdan». Preguntado en rueda de prensa sobre su negativa a incluir a Chivite, al igual que Contigo Zurekin, ha salido en su defensa en la misma línea de lo que viene argumentando el PSN: «La presidenta no es ningún órgano de contratación». Según él deben dar explicaciones los consejeros de los Departamentos a cargo de las obras adjudicadas, como Óscar Chivite (tío de la presidenta) o Bernardo Ciriza, que sí tendrán que declarar.