Chivite se enroca asediada por los indicios del caso Cerdán

Visiblemente molesta y en solitario, Chivite trató de zafarse de los comunicadores que insistían en si iba a tomar más medidas o asumir responsabilidades por la ya apodada «rama navarra» del conocido 'caso Koldo' que ha destapado el mismo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se cobró el cargo y el escaño del número tres del Partido Socialista Santos Cerdán presuntamente por cobrar mordidas en adjudicaciones de obra pública.

Chivite, por lo pronto, no va a dimitir. Lo dijo ella mismas el pasado miércoles y lo repitió este jueves: «La presidenta Chivite no ha adjudicado obras. Los altos cargos jamás intervienen». La presidenta navarra sacando una página del 'Manual de resistencia' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, tras secarse las lágrimas, amaga con aguantar a cualquier coste. En un calco de la estrategia marcada por Moncloa tras conocerse, a raíz del informe de la UCO, la implicación de Santos Cerdán, Chivite se mostró en un principio desolada. Literalmente, compareció entre lágrimas el jueves de la semana pasada para referirse al que fuera su «compañero y amigo». «No se corresponde con la persona con la que he compartido mi carrera», afirmó entonces.

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Nada que ver con la postura adoptada este miércoles, cuando anunció que había ordenado a su Ejecutivo personarse como acusación en el 'caso Koldo' que instruye el Tribunal Supremo para «salvaguardar los intereses de la Comunidad Foral» ante un presunto daño patrimonial. «Me vieron desolada, hoy el sentimiento es otro. De profunda indignación», afirmó. Acababa de conocerse, tras el registro de la casa de Antxon Alonso, propietario y fundador de Servinabar, la participación de Santos Cerdán en esta mercantil investigada por la Guardia Civil. «Que alguien pertenezca a una empresa no quiere decir que el Gobierno haya hecho adjudicaciones ilegales», se defendía.

Chivite asumía la pérdida de quien fuera su valedor en la federación socialista, pero la sangría continuaba horas después con la salida de Ramón Alzórriz, su número dos. Esta se produjo en la tarde del miércoles, tras confesarle éste y según explicó él mismo, que su pareja trabajaba en Servinabar. Según planteó en rueda de prensa, fue el propio Alzórriz quien solicitó el puesto al propio Alonso, cuya pareja acabaría ocupando entre 2021 y 2024. Tras hacerse pública la «pérdida de confianza» en el que fuera su vicesecretario, este jueves Chivite volvió a comparecer ante los medios para apuntalar su estrategia de defensa. Negar la presencia de delitos en la adjudicación de los contratos, al mismo tiempo que anuncia una acción de limpieza en el partido. Calificó como un «error» que Alzórriz le ocultase, supuestamente, el vínculo de su familiar con Servinabar, y anunció que este mismo viernes se barajará su sustituto en la dirección del PSN.

Pasos que buscan capear el temporal, pero que en la oposición ven del todo insuficientes y desde donde exigen la dimisión de la presidenta navarra. «Ya no hay más excusas [...]. Está rodeada de mentira y de corrupción», denunciaba la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola tras conocerse la salida de Alzórriz. Son, al menos, seis las adjudicaciones bajo sospecha hechas por el Gobierno navarro, aunque la mayoría previas a la llegada de Chivite en 2019. Estas contratas, que recaían en Servinabar, pasaron por las manos de el Ejecutivo liderado por Uxue Barkos, de Geroa Bai. «No sospeché», dijo este jueves durante una entrevista en Onda Cero, donde sí reconoció que tenía conocimiento de la participación de la organización que es objeto de investigación, pero sin constar evidencias de irregularidades: «Son concesiones que se llevan a cabo con toda limpieza y normalidad».

En lo que afecta a Chivite, la oposición le acecha por las obras en el desdoblamiento del túnel de Belate, que sí se adjudicó estando ella al frente del Ejecutivo en enero del año pasado, pero que no figura en el último informe de la Guardia Civil que implica a Santos Cerdán en la trama. Sí existe una denuncia sobre la misma en manos de la Guardia Civil, interpuesta por UPN en septiembre de 2024. Más allá de que acaben desarrollándose más investigaciones que afecten a la misma, los indicios por los que se cuestiona a la presidenta Navarra son diversos. Dicha adjudicación se gestionó desde la Consejería de Cohesión Territorial, al frente de la cual está su tío, Óscar Chivite, desde agosto de 2023. Esta recayó, entre denuncias por irregularidades en el proceso, en la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Acciona y Servinabar, sobre la que la UCO sí pone en el foco por las actividades anteriormente mencionadas.

Además, tal y como ya publicó ABC, la propia Chivite, que trata de desmarcarse del asunto, mantuvo al menos cuatro reuniones con Antxon Alonso durante su etapa en el Ejecutivo. Cuestionada el miércoles sobre si esta conexión habría sido posible gracias a Santos Cerdán, dijo no acordarse de si había hablado en alguna ocasión con él sobre Servinabar. Antes, en sede parlamentaria, preguntada por José Javier Esparza (UPN), tampoco respondió en claro sobre el vínculo. En su discurso en los últimos días, tanto en el caso de dicha empresa como en el asunto de Alzórriz, ha negado conocer la información.