El tío de Chivite justifica el sobrecoste en las obras concedidas a la empresa de la trama Cerdán por «imprevistos»

El tío segundo de María Chivite, la presidenta de la Comunidad Foral, ha seguido una estrategia de defensa calcada a la de su sobrina, tratando de desligarse de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ya juzga el Tribunal Supremo y, según las cuales, una presunta trama de cobro de mordidas habría anidado en la cúpula del PSOE con epicentro en Navarra. «Los consejeros no adjudicamos obras», ha afirmado en varios momentos durante su intervención.

Sí ha confirmado que los trabajos en el desdoblamiento de los túneles de Belate tendrán un sobrecoste. «Cualquier ciudadano que tenga que hacer una obra, conocerá que las obras tienen imprevistos. Son imprevistos», ha dicho al ser preguntado por la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero. Esta le ha cuestionado si era cierto que dicha adjudicación, que acabó de fraguarse con él ya en el cargo, se hizo con «una baja del 20%» y ahora se ha pedido una modificación al alza. Algo que Chivite ha confirmado.

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Gerard Bono

«El expediente de lo que es la modificación está aprobada desde hace varios meses y está en tramitación», ha respondido sin especificar a cuánto ascenderá el montante. Una cantidad que Caballero sí ha deslizado que podría subir en 16 millones. «¿No entienden que si hace un año una empresa puede presentarse con una baja, con un 20% (menos), es injusto que hoy pidan 16 millones más?, le ha dicho la senadora.

En una comparecencia de más de dos horas en la que le han interrogado también las senadoras Ana Beltrán, del PP, Uxue Barkos, de Geroa Bai, y Javier Remírez, del PSOE, el consejero ha tratado de dar explicaciones sobre su nombramiento. «La presidenta (en referencia a María Chivite) en ocasiones anteriores había manifestado su interés en que participase en su Gobierno. Dos semanas antes a la toma de posesión me convoca a su despacho y me pide que me incorpore a su equipo de Gobierno», ha afirmado.

Según ha dicho, su relación con Santos Cerdán (en prisión provisional y señalado por la UCO como integrante de organización criminal entre otros delitos) se habría intensificado una vez fue nombrado consejero en agosto de 2023, reuniéndose unas «20 ocasiones» con él para tratar asuntos de infraestructuras «en su condición de diputado navarro y responsable de la negociación parlamentaria para apoyar legislativamente los proyectos».

Además ha dicho desconocer si éste intermedió con María Chivite para que fuera nombrado en el cargo, algo que la presidenta de Navarra ha negado y que esta habría decidido en base a sus conocimientos en «gestión y obras públicas». No tiene conocimiento, según ha expresado, de si fue determinante su rol como administrador único de la empresa Lauburu, que tuvo de cliente a Acciona, y en la que permaneció hasta septiembre de 2023.

En cuanto a las irregularidades señaladas por los técnicos en la mesa de contratación y por UPN, que presentó el año pasado una denuncia en la Guardia Civil, ha dicho que el director general de Obras Públicas, Pedro López se «encontró con un acta en la cual había una adjudicación y un informe de fiscalización positivo». «El informe de fiscalización tenía reparos pero eso no paralizaba el expediente», ha añadido.

Este mismo martes ha acudido a la comisión Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación de Belate, uno de los tres jurídicos que emitieron votos particulares durante el proceso. Tras afirmar que existían «rumores» previos de que la adjudicación estaba dirigida a la UTE compuesta por Acciona y Servinabar, ha explicado las tres irregularidades detectadas en el caso.

La primera, la falta de motivación de las valoraciones como «un acto arbitrario», la segunda la diferencia de valoración en un órgano colegiado en el que el presidente conocía antes de votar el sentido de los otros siete miembros; y la tercera la solvencia técnica y profesional. Además, ha recordado en la Cámara Alta que su traslado a una nave industrial tras emitir el voto discrepante ha sido calificado como «represalia» por la Oficina de Buenas Prácticas y contra la Corrupción de Navarra.