Junts se inclina por frustrar la financiación catalana, que divide a ERC

También influye su disputa permanente con Junts, que siempre vio con recelos la exigencia de su competidor independentista, desconfiando de que realmente pudiera conseguir lo que había firmado. En el partido de Carles Puigdemont dejan claro que el asunto de la «financiación singular» ha arrancado «mal» y anticipan ya que le ven «escaso recorrido» por varios motivos. El esencial es que la debilidad actual del PSOE hace casi imposible que pueda imponer un nuevo modelo a las comunidades autónomas.

El compromiso de Hacienda es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el mes de septiembre para, después de haber pactado unas bases con Cataluña, abrir el melón con el resto de territorios. Los del PP, que son mayoría, ya se han puesto en pie de guerra y dispuestos a dar la batalla judicial. Aunque en el PSOE ponen el foco en que todos los acuerdos y los cambios en el sistema de financiación del pasado han empezado con un acuerdo bilateral en Cataluña -también con los gobiernos del PP- nunca había ocurrido un rechazo tan radical del resto de CCAA. Y en esta ocasión, en el Consejo de Política Fiscal -si es que se convoca a tal efecto- las comunidades populares cerrarán todas las puertas. Hacienda podría seguir adelante, puesto que su peso en la votación es del 50% y le bastaría con tener apoyo de una comunidad, que sería Cataluña. Hay dirigentes socialistas que también ven muy complicado cualquier avance y señalan las propias reticencias de María Jesús Montero en todo el proceso.

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Incluso en ese escenario, el siguiente paso llegaría en el Congreso de los Diputados. Y allí podría producirse un naufragio prematuro de la iniciativa. El Gobierno puede tramitar la proposición de ley -como está previsto y acordado con ERC-. Pero Junts anticipa ya que no tendrá los votos para aprobarlo. Los siete de Carles Puigdemont no se prestarán a respaldarlo, porque su exigencia camina hacia el cupo catalán completo: un concierto similar al de País Vasco y Navarra para Cataluña. E incluso si no se llegara a eso, fuentes del partido recalcan que no podrían conformarse con un acuerdo «que ni ERC puede defender» a pesar de que es el artífice teórico.

Realmente, los republicanos también son conscientes de que mucho tiene que cambiar el texto que salió de la Comisión Bilateral para poder asumirlo como propio. El hecho de que no contenga detalles sobre cómo y cuándo asumiría la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la recaudación y gestión de los impuestos ha provocado críticas públicas hacia la negociación de Junqueras. «La tomadura de pelo» de la que habló Carme Forcadell, expresidenta del Parlament; o el «enfado» expresado por la exconsellera Dolors Bassa, terminó forzando un ultimátum de ERC en su conjunto. Esas presiones internas llevaron a advertir que no habrá Presupuestos para Illa ni tampoco a nivel nacional -si es que María Jesús Montero lo intenta- mientras no se clarifique la nueva financiación catalana.

Y también hay que sumar el rechazo, al menos preventivo, de otros socios como Compromís o Chunta Aragonesista, que representan a dos comunidades, la Valenciana y la de Aragón, que sufren una importante infrafinanciación. En el PP amplían la reflexión: hasta qué punto a los independentistas les interesa avanzar en un modelo de financiación por el que será Illa el que coseche nuevos frutos, si el objetivo de estos partidos es volver a la Generalitat. Los socios parlamentarios de Sánchez le sostienen en Moncloa mientras están viendo cómo el presidente autonómico del PSC se va consolidando en Cataluña. En el PP hay muchas voces que alertan que esta circunstancia puede hacer cambiar de estrategia a ERC y Junts más adelante.

En todo caso, es un asunto muy incómodo también en las filas socialistas, a pesar de que muy pocos levantan la voz. Públicamente ha sido Josep Borrell, exjefe de la diplomacia europea, el que ha rechazado de plano y con mucha dureza la posibilidad de que este pacto se materialice. Ya lo ha hecho en otras ocasiones con motivo de más pactos entre Sánchez y sus soscios: «No es un modelo bueno. Fragmentar la gestión tributaria sería un grave error que no deberíamos cometer», advirtió hace solo unos días.