El PSOE consuma la «singularidad» catalana con una financiación que rompe la caja común

El acuerdo, escenificado hoy por el ministro del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, pone los cimientos de un sistema de financiación mucho «más claro y transparente» que el actual que está caducado desde el año 2014. A partir de que se ponga en marcha, tras un largo proceso de reforma legislativa, las CC.AA. tendrán «capacidad fiscal» y se eliminarán varios fondos de compensación que están recogidos en el actual modelo de financiación autonómica.

En concreto, la Generalitat recaudará todos los impuestos (en su fase final de aplicación del modelo) de manera progresiva y la administración autonómica aportará una cantidad para sufragar «los gastos del Estado», una cantidad que se calculará con criterios «objetivos y comprobables». Se añadirá una transferencia a la caja común para «contribuir solidariamente» a los gastos de otras CC.AA. pero de manera limitada y que lo decidirán «paritariamente» los dos gobiernos. Es decir, la solidaridad queda limitada al concepto de ordinalidad. Y, además, el Govern catalán recibirá una transferencia del Gobierno para cubrir «las singularidades de Cataluña en materia de competencias específicas».

El ministro Torres, en atención a los periodistas y tras la Bilateral, ha confirmado que la Generalitat asumirá «las competencias del IRPF» y ha comprometido al Ejecutivo para, en el marco de los «cimientos de la nueva financiación para Cataluña», impulsar los «cambios legislativos» necesarios «para que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma la gestión del IRPF y el resto de impuestos», cumpliendo así con las «necesidades y singularidades de Cataluña, al igual que las del resto de CC.AA.». El titular de la cartera de Política Territorial ha señalado que, además de eliminar las entregas a cuenta, el modelo se basará en «la bilateralidad con la multilateralidad».

En esta línea, Torres ha adelantado que «a la vuelta del verano», el Ejecutivo espera poder llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación autonómica. El ministro ha recordado que el sistema final se tiene que aprobar, primero, en este órgano institucional y, luego, en el Congreso. Respecto a la limitación de la solidaridad que establecen los pilares del nuevo sistema, el ministro se ha limitado a decir que: «Se prevé una aportación solidaria transparente»; y ha negado que se limite la solidaridad entre regiones.

Por su parte, Dalmau ha presentado el acuerdo como «un paso muy importante» que «permite un cambio de paradigma sobre el sistema actual», al crear una «nueva arquitectura» en materia de financiación que se centra en la «corresponsabilidad». El consejero no ha querido dar una fecha concreta para la asunción completa de la gestión del IRPF, por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña que tendrá que dimensionarse para tal efecto, y ha dicho que «hay trabajo por hacer», pero, eso sí, ha insistido en que «no es un cambio de sistema, es un cambio de paradigma».

El documento firmado hoy en Barcelona, consultado por este diario, expone, en sus cinco únicas páginas, en primer lugar, los puntos de partida distantes entre ambos gobiernos (PSOE y PSC chocan en aspectos clave) y, seguidamente, se detallan los acuerdos, que no son muy concretos. Sí se especifica que el nuevo modelo avanza en la «corresponsabilidad fiscal», la solidaridad (que no se concreta en cantidades ni porcentajes) debe presentarse de manera «transparente», se recoge que la Generalitat reciba una «financiación adicional por las competencias específicas», que la «ampliación de la capacidad normativa» de las CC.AA. esté limitada a la baja en «competencia fiscal», desaparezca «el mecanismo de las entregas a cuenta» y, para todo esto, ambos ejecutivos trabajarán «para el desarrollo de la hacienda catalana».

Así, el texto recoge que la Agencia Tributaria de Cataluña asumirá «progresivamente» las competencias de gestión del IRPF en un «modelo en red» con la participación de la Agencia Tributaria nacional y en base a unas «reglas de coordinación» para asegurar que el sistema tributario «se gestiona de forma eficaz y eficiente, y con garantías plenas en la prevención y lucha contra el fraude». Con el ejemplo del impuesto de matriculación, el objetivo es que las declaraciones de 2025 se puedan presentar en 2026 ya en la agencia autonómica, sin que la nacional deje de hacer su trabajo.

A la espera de mayor concreción técnica, plazos y reformas legislativas específicas, este acuerdo es el primer paso para que el modelo de régimen común de financiación autonómica quede hecho de retazos de las 'singularidades' de cada región. Un modelo que beneficia a las CC.AA. 'ricas' sobre las 'pobres' pues limitará, sobre el papel, la redistribución de los ingresos y, sobre todo, la solidaridad al aplicar el resultado del cálculo de la ordinalidad fiscal, que supone que las regiones no pierdan posición respecto a las otras entre la recaudación y la aportación a la solidaridad.

El paso dado este lunes es consecuencia de los compromisos adoptados por el PSOE con ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El verano pasado, los de Oriol Junqueras firmaron un pacto para que ERC diera su apoyo a la investidura de Illa a cambio de que Cataluña disfrutara de un sistema de financiación similar al foral del País Vasco y Navarra. El acuerdo contó con el visto bueno de Ferraz. Sin embargo, según fuentes consultadas por este diario, a la hora de plasmar lo firmado, el PSOE ha mostrado reticencias. Unas dificultades que Junqueras ha hecho públicas advirtiendo de consecuencias para Sánchez e Illa, en la medida de que sus ejecutivos dependen de los votos de ERC.

Antes de la reunión de la Bilateral, centrada exclusivamente en formalizar el acuerdo de financiación entre los dos gobiernos, el Govern ha mantenido un encuentro con los grupos del Parlament, menos PP, Vox, la CUP y Aliança Catalana que han renunciado acudir a la cita, para explicar las líneas maestras de los cambios que se avecinan. Para Junts, el pacto no es suficiente porque, de una manera u otra, las cuentas de la Generalitat seguirán bajo el paraguas del Estado; mientras que para los Comuns (que forman parte de Sumar) el de hoy es un paso importante para que «Cataluña tenga más ingresos».

David Cid (Comuns) ha dicho, tras la reunión con el Govern, que el acuerdo fija los «principios rectores del nuevo modelo de financiación» que permitirá a la Generalitat recibir más ingresos y, sobre todo, producirá un cambio de paradigma ya que «el Gobierno asume la singularidad de Cataluña». Una «singularidad» que Cid ha definido en un «autogobierno singular», «competencias singulares» y «lengua propia». En esta línea, ha defendido limitar la solidaridad, argumentando que «hay que poner límites a la insolidaridad de Madrid y las comunidades gobernadas por el PP con las rebajas fiscales constantes».

Aunque Cid ha reconocido que si el sistema de financiación para Cataluña se extiende a otras CC.AA. las 'ricas' se beneficiarán, y ha citado a la Comunidad Valenciana, Andalucía y las Baleares, Antoni Castellà (Junts) ha valorado el acuerdo, sin conocer los detalles técnicos, negativamente para Cataluña. «La recaudación del IRPF la podrán hacer, a partir de ahora, los funcionarios de la Generalitat, tras un proceso de adaptación técnica», ha dicho el portavoz del partido de Carles Puigdemont, pero ha rebajado este avance a un mero trámite administrativo. Según Castellà, «Cataluña no quedará al margen de la Lofca [Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas]» y lo único que consigue es «tener más tesorería pero no suficiencia». Desde Junts se ha advertido de que el cambio perpetuará el «déficit fiscal».

Por su parte, Santi Rodríguez, secretario general del PP catalán, ha criticado el acuerdo firmado en Barcelona. Es «una reunión del PSOE con el PSOE para satisfacer a ERC y mantener a Sánchez en la Moncloa y a Illa en la Generalitat», ha dicho, según ha informado el partido en una nota. Para los populares, «nunca los partidos independistas habían soñado llegar tan lejos, ni siquiera cuando estaban en el Govern, pues les es más rentable extorsionar a Sánchez que gobernar».

Rodríguez, en su opinión, el nuevo modelo de financiación «rompe el régimen común que ha existido hasta ahora» y es imposible y contradictorio que sea «singular» y «generalizable» a la vez. Y ha añadido que: «El único objetivo que persigue este acuerdo es la desconexión, es decir, hacer más fácil que si un día los independentistas vuelven a intentar desconectar Cataluña del resto de España lo tengan más sencillo».