El Gobierno exprime la crisis de Torre Pacheco y tapa nuevas cesiones

Desde ese momento el debate político ha estado eclipsado por esta crisis, dejando en un segundo plano los escándalos que afectan al Ejecutivo, las críticas de la Justicia europea a la ley de amnistía –a pesar de que puede cambiarlo todo– e incluso ha desplazado las nuevas cesiones a los socios parlamentarios con las que Pedro Sánchez quiere calmar los ánimos hasta septiembre, con el arranque del nuevo curso.

El Gobierno ha desplegado una vez más el miedo a la ultraderecha, una estrategia que emplea desde las elecciones de 2023 y que fue clave para mantenerse en la Moncloa. Solo la imputación del exministro Cristóbal Montoro, un caso que ha forzado la reacción inmediata del PP para evitar comparaciones y que preocupa mucho en Génova, ha conseguido competir con la imagen del municipio del Campo de Cartagena, de 40.000 habitantes, blindado por un fuerte dispositivo policial.

Noticia Relacionada

Moncloa recibe el caso como un balón de oxígeno pero consciente de que la euforia puede durar poco

Mariano Alonso

La imputación del exministro de Hacienda del PP permite respirar al Gobierno tras el calvario del caso Cerdán

El origen magrebí de los tres agresores, que ni siquiera eran de Torre Pacheco, dio alas a los discursos más extremistas y provocó el éxodo de alborotadores xenófobos –algunos, profesionales, organizados a través de las redes sociales– anunciando «cacerías» de inmigrantes. Mientras el operativo de la Guardia Civil se mantuvo durante muchos días, los vecinos –que insistieron desde el principio en que la mayor parte de los ultras provenían de otros municipios y que ellos solo querían volver al ambiente pacífico– fueron describiendo la amplificación política y mediática de lo sucedido.

Pero el Ejecutivo decidió exprimir la situación al máximo con una coreografía discursiva clara. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que desplegó el dispositivo policial tarde mientras la violencia escalaba, culpó a Vox «y sus discursos» desde el primer momento de todo lo que estaba ocurriendo. A finales de semana acusaba al partido de Santiago Abascal de provocar «caos para obtener réditos políticos», de «criminalizar a los inmigrantes» y «poner bajo sospecha cualquier rastro de diversidad».

Un día antes José Luis Rodríguez Zapatero había vuelto a la escena pública preguntándose si «los dirigentes de la derecha» a los que había escuchado «sabían lo que están sembrando». También Yolanda Díaz acusó al PP de «azuzar a la ultraderecha» y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señalaba «el silencio cómplice» del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Torre Pacheco ha dado un respiro político al Gobierno, angustiado desde hace muchas semanas por el avance de la trama de corrupción que representa el caso Ábalos y Cerdán, y ha desviado la atención de las reuniones mantenidas esta semana con los socios parlamentarios, en las que Sánchez ha avanzado hacia nuevas cesiones preparando el terreno para septiembre.

Avance en la financiación catalana

Reunión de la comisión bilateral Generalitat-Estado para cumplir con la exigencia de ERC y dar pasos hacia el cupo catalán // EP

Más concesiones al PNV

Sánchez se reúne con Imanol Pradales, que avanza en la gestión de la Seguridad Social, gran reclamo de los nacionalistas vascos // Efe

El acuerdo alcanzado con la Generalitat de Salvador Illa sobre un nuevo modelo de financiación para Cataluña que, de facto, implica la ruptura de la caja común y atenta contra la solidaridad interterritorial, permite al presidente ganar tiempo con ERC. Fue la condición que los republicanos catalanes pusieron encima de la mesa para investir al candidato del PSC el verano pasado, a pesar de que lo pactado era un calendario mucho más concreto que permitiera a la comunidad autónoma recaudar el IRPF ya en 2026. A la espera de los detalles que arrojen los grupos de trabajo designados, el Gobierno da pasos hacia el demandado cupo catalán de los independentistas mientras pone en pie de guerra a las comunidades del PP, que acudirán a la Justicia.

La otra reunión que mantuvo el presidente esta semana fue con el lendakari, Imanol Pradales. El resultado fue más avances en competencias del autogobierno con el fin último –el que tiene el PNV– de asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. En la Moncloa se cerró la transferencia de prestaciones familiares no contributivas y del subsidio por nacimiento; además de otras de salvamento marítimo. Aunque los nacionalistas no pudieron amarrar las prestaciones de desempleo –el plato fuerte– consiguieron abrir puertas que hasta ahora estaban cerradas. En el PNV dan por hecho que esto será el principio y confían en que a la vuelta del verano las conversaciones se retomen.

La gran prueba de fuego llegará en septiembre al ver si la ministra de Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero, presenta un techo de gasto –paso previo necesario para los presupuestos generales– después de haber renunciado a presentar los de 2025, como obliga la Constitución. A los recelos que muestra Junts para aprobar unas cuentas públicas se suma la negativa de Podemos, que ve muy difícil hablar nada con un aumento del gasto militar.

Si el Ejecutivo se decide a intentar esta negociación, el precio subirá mucho. En todo caso, estos encuentros del mes de julio son el preludio de lo que pueda venir a la vuelta del verano. Sánchez necesitaba evitar una ruptura expresa de sus aliados tras el estallido del caso Cerdán y garantizar que seguirán sosteniéndole en los próximos meses. La sensación en el Congreso es que en septiembre se volverán a repartir cartas, aunque los avances de la investigación judicial juegan un papel imprevisible. Si hay nuevas revelaciones, los grupos tendrán que encajarlas y sufrir un nuevo desgaste.

El objetivo en la Moncloa ha sido en todo momento que Sánchez llegara vivo políticamente al verano. Está por ver hasta dónde llegan las cesiones para alargar la legislatura y los revulsivos que pueda diseñar para el arranque del nuevo curso.