Gonzalo Boye: retrato del abogado que susurra leyes a Puigdemont

Estas sentencias son sólo una muestra de lo que un periodista se encuentra cuando pregunta por el abogado de Carles Puigdemont, y un denominador común: las fuentes no quieren decirlo públicamente. Algunas ni siquiera por teléfono. Pero como toda historia suele tener dos caras, desde su entorno niegan a ABC distintas «exageraciones» o «bulos» construidos desde que se convirtió en abogado del expresidente catalán. También señalan maniobras para destruirlo con los resortes del Estado, que incluyen al Centro Nacional de Inteligencia, periodistas y jueces. 'Lawfare'. El mismo que, según el independentismo, ha de tumbar la ley de amnistía que el propio Boye sigue gestando tras un primer aborto.

Con virtudes y defectos, lo cierto es que Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965) es muy influyente. Su trascendencia es exponencialmente superior al conocimiento que de él atesora cualquier ciudadano. Tanto que nadie puede rivalizar con este letrado —que estudió Derecho en la cárcel— como cerebro jurídico del independentismo catalán.

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«Better call Gonzalo», han pensado muchos, desde Josu Ternera hasta Laura Borràs pasando por Quim Torra, Sito Miñanco o el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. Todos saben cómo empezará su periplo de la mano de Boye, pero no hay certeza sobre cómo discurrirá (cosecha un puñado de examigos).

La catapulta de Gonzalo Boye fue el juicio de la masacre del 11M. Hasta entonces su cliente tipo eran carteristas chilenos. Los animaba a declararse culpables pero les conseguía una sentencia muy favorable. Hasta que logró que una víctima del 11M, también chilena, lo contratara. «¡Un condenado por secuestro terrorista defendiendo a una víctima del terrorismo!», se escandaliza otro letrado en conversación con este diario. Demasiado trabajo, incluido un juicio de cinco meses, para una sola minuta, pero esta labor le reportaría visibilidad y, sobre todo, relaciones para construir su futuro jurídico.

Allí, en el recinto de la Casa de Campo, se hizo íntimo de uno de los fiscales, Carlos Bautista, entre otros juristas. Pero también se llevó un disgusto de esta macrocausa. Nos situamos —año 2008— en la vista en el Tribunal Supremo por los recursos de casación de los atentados del 11M. Boye se dispone a usar los cinco minutos de los que dispone para su alegato. Se quita un ostentoso reloj de oro y lo deja sobre la mesa. Una abogada de la AVT repara en el dorado, así como lo había hecho en el maletín de firma del letrado o en el lujoso vehículo que conducía. ¿Cómo es posible que disponga de estos bienes si no ha pagado la indemnización por su participación en el secuestro del industrial Emiliano Revilla? La AVT registra un escrito en la Audiencia Nacional, pero Javier Gómez Bermúdez, el mismo que presidió el juicio del 11M, lo tumba en septiembre de 2008: «No ha lugar a lo solicitado por la acusación particular al carecer de legitimación respecto de la acción civil nacida del hecho ilícito».

Tiempo después logran convencer a la familia del empresario soriano, que pide al juzgado la ejecución de la deuda, en ese momento 1,2 millones de euros. Boye alega que está prescrita, porque habían transcurrido los años suficientes, cierto, pero la Audiencia considera que la acción previa de la AVT había interrumpido la prescripción y ordena el embargo. Esto sucedió en 2020, cuando Boye ya era abogado de Puigdemont, por lo que desde su entorno señalan esta acción como una suerte de represalia usando un asunto del pasado. Desde entonces se le han ido interviniendo algunos saldos, pero «es difícil, porque usa el despacho de su mujer», remarca una abogada. Entre las cantidades que sí se han recuperado figuran un par de condenas que tuvo que abonarle un periodista por derecho al honor. Para que el dinero no le llegara, lo depositó en la cuenta del juzgado para la indemnización de la familia de Emiliano Revilla.

Boye, chileno con doble nacionalidad alemana —por parte de padre—, no tiene la española. «No la quiere porque odia a España», dicen los partidarios de la teoría de sus intenciones revanchistas contra el Estado como 'leitmotiv' de su volcado en el independentismo, pero lo cierto es que si solicitara la nacionalidad española debería renunciar a la alemana, y a eso no está dispuesto (en Alemania estudió Políticas y Económicas, antes de su llegada a España).

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La verdad judicial estableció que Boye, niño en el Chile de Allende educado en los mejores colegios, «no llegó a integrarse en las estructuras del MIR, aunque era simpatizante». Es decir, que no formaba parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de corte marxista leninista, pero sí estaba vinculado por amistad a alguno de sus miembros. ETA 'subcontrataba' a grupos terroristas latinoamericanos para colaborar en los secuestros.

Así, la Audiencia Nacional lo condenó en 1996 a un total de 14 años de cárcel por la detención ilegal de Emiliano Revilla (1988) de los que cumplió entre rejas seis (salió de prisión en 2002). La sentencia sostiene que otro de los condenados volvió a Madrid «para intensificar las vigilancias, estudiar itinerarios de retirada y ultimar los detalles del secuestro, actividad en la participó plenamente el acusado Gonzalo Boye Tusset, incluso prestando el vehículo de su propiedad marca Chrisler, modelo 150 ranchera de matrícula alemana».

«Se considera inocente. No lo asume y le molesta que se lo saquen», informa un periodista chileno: «Boye se ve víctima de lawfare, de una suerte de guerra sucia del Estado contra ETA. Por eso es tan importante para él, que no tiene delitos de sangre, la amnistía de los independentistas de Tsumani y los CDR».

El abogado atribuye su condena a intereses espurios y niega su participación en el secuestro, como ya hiciera en la Audiencia Nacional. Desde su entorno aseguran que el comisario Enrique García Castaño, con el que Boye coincidió en un juicio en la Audiencia Nacional, le confesó en un corrillo, delante de testigos, que su acusación había sido «un montaje», pero no pudieron «oficializar» estas palabras, pues el policía sufrió un grave problema de salud dos semanas después.

Desde luego conseguir la amnistía sería no sólo una victoria política, dado que es quien ha marcado los términos de la ley y ha supervisado contactos, sino también moral, por lo que su historia particular se refiere. Ha dedicado tanto esfuerzo a limpiar su nombre y defender su inocencia en el rapto de Revilla que hasta promovió un documental con ese fin ('Boye', Sebastián Arabia, 2016), y está recién rodada una segunda parte, en la que aparece como víctima del 'lawfare' del Estado.

En su faceta más personal, Boye está casado con la abogada Isabel Elbal y tiene tres hijas. Le gusta jugar al rugby y pasear por la montaña. Vive en Madrid y lee todo lo que de él se escribe. Además, es suscriptor de ABC, no precisamente por sintonía ideológica con nuestra línea editorial. Tiene la impronta que te da haber estado en prisión, y la sabe usar cuando tiene que acercarse a alguien que ha pasado por el talego. Asimismo es vanidoso y siempre luce bien vestido y con complementos de firma. Si se junta con una docena de amigos a comer, el centro es él. Desde luego tiene experiencias para la conversación, pues en su rosario de vivencias tiene la de haber representado a la Asociación de Fútbol Palestina ante la FIFA, formar parte de la defensa internacional del informático Edward Snowden, que filtró documentos secretos de la inteligencia de EE.U.U., o tener algunos intereses en Marruecos. Y si reunimos a todos sus amigos con todos sus enemigos, llenan un teatro.

Unos cuantos reúne —amigos— en la masonería. Este diario ha corroborado que Boye es nieto e hijo de masones, y que ha seguido la tradición familiar. Miembro de la Gran Logia Federal de España, se juntaban en un piso cercano al Congreso de los Diputados. El gran maestre de esta logia es Manuel Antonio Tuero, influyente abogado de origen falangista. Ahí coincidían un buen puñado de hombres del mundo del Derecho, y atribuyen a Tuero haber sido padrino de Boye en su ascenso dentro de la Abogacía. No en vano, el letrado chileno ha sido profesor del curso de Derecho Penitenciario del Colegio de Abogados de Madrid, lo que provocó algunas protestas de colegas por su condena en el secuestro de Emiliano Revilla. Teóricamente ahora Gonzalo Boye es masón, pero durmiente, sin actividad, por «incompatibilidades», dicen.

Como con Tuero, el abogado de Puigdemont ha cultivado buenas relaciones con juristas de prestigio, entre ellos el magistrado Javier Gómez Bermúdez, por el que siente gran respeto profesional e intelectual y al que define como uno de los mejores juristas que existen en España, sin pesarle distancias ideológicas. Pasó por las fiestas que Boye organizaba en su despacho, un chalet de la calle Pilar de Zaragoza, zona cara de Madrid. Allí, con el pretexto de exposiciones temporales de artistas, hacían buenas relaciones jueces, abogados, periodistas...

Además de abogado, Gonzalo Boye es editor. Participó en la revista satírica 'Mongolia', donde no guardan buen recuerdo de él. No le atribuyen mala fe, pero sí una dejadez de «chapucerete» que les produjo un agujero considerable con la Seguridad Social. Y lo vieron «turbio». También participó en 'eldiario.es', de donde sí salió manteniendo buenos amigos y conservando elogios.

Su entrada en Cataluña se produjo tras un encargo del Observatori DESC, una ONG en la que fue encargada de Vivienda una tal Ada Colau y que recibía unos 700.000 euros anuales del Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para proyectos como «la vivienda desde una perspectiva de género». Ahí coincide el chileno-alemán con Gerardo Pisarello y Jaume Asens, éste clave en la historia de Gonzalo Boye. Abogado, dirigente de los comunes y negociador de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont, Asens es quien, en octubre de 2017, le plantea la situación del expresidente fugado y Boye traza una hoja de ruta. A partir de ahí Boye entra de lleno y se convierte en el principal asesor jurídico de los políticos de Junts y abogado de varios de ellos. No lo hace por ser independentista, sino que tiene una relación mercantil con el partido, que paga las correspondientes facturas a su despacho.

Como dice el periodista de ABC en Cataluña Daniel Tercero, «Junts no es un partido, es un movimiento, como el Movimiento Nacional, en el que cabían falangistas, monárquicos o tecnócratas mientras rindieran pleitesía a Franco». Pues eso. Y en este movimiento catalán Boye ha hecho amigos, incluido el líder. Se le atribuye ir más allá del capítulo jurídico e influir también en lo político, pero desde el 'mundo Boye' lo niegan a ABC: «Asesora jurídicamente, pero las decisiones políticas las toman los políticos». Esta semana en Barcelona se atribuía el 'no' de Junts a la ley de amnistía en el Congreso al consejo de Boye. Esta decisión, aunque política, se toma sobre un texto jurídico.

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, también ha pasado por las manos jurídicas de Gonzalo Boye, esta vez sin éxito, porque fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por trocear contratos y adjudicárselos a un amigo. Boye encargó la pericial clave a Emilio Hellín, el ultraderechista condenado por el secuestro, tortura y asesinato en 1980 de la estudiante Yolanda González, asumiendo el riesgo, como mínimo, de la pena de telediario cuando este hecho trascendiera. El letrado narra que lo hizo porque era el mejor perito de España para ese trabajo. Y que todos tienen derecho a la reinserción.

Este hondo perfil sobre el abogado de Puigdemont comenzaba con una duda —¿para quién trabaja?— y termina con una certeza: Gonzalo Boye trabaja para Gonzalo Boye.