Boye: «Puigdemont volverá nada más que la ley de amnistía entre en vigor»

Noticia Relacionada

«Sin perjuicio de»: el intento de blindar a Puigdemont que trata de sortear a la Justicia europea

Isabel Vega

La enmienda transaccionada por el PSOE con parte de sus socios aspira a que los jueces alcen las órdenes de detención aunque pregunten al TJUE

Si se aprueba la ley de amnistía y se incluyen las enmiendas de la formación política que lidera desde Bélgica Puigdemont, «y si los jueces aplican la ley correctamente», entonces, ha señalado Boye, «él volverá nada más que la ley entre en vigor, es decir, una vez que salga publicada en el Boletín Oficial del Estado». El abogado (que ya auguró la vuelta de Puigdemont en 2023), además, ha añadido que los jueces, contra los que ha cargado poniendo en duda que apliquen la norma, tienen que «levantar las órdenes de detención nacionales que existen de forma ilegal en su contra». Es importante, ha dicho, que «los aplicadores de la ley respeten la letra y el espíritu de la ley (de amnistía)». Norma que, a su vez, establece para los jueces un plazo de dos meses (artículo 10) para su tramitación.

En unas declaraciones a RAC1, Boye ha reconocido su participación en el redactado de la norma, a pesar de ser el abogado de varios de los afectados de la aplicación futura de la ley, y ha asegurado que «hemos hecho un trabajo muy serio». En su opinión, la ley de amnistía «no está encallada», aunque las enmiendas se hayan presentado por separado y toque, ahora, trabajar en el Congreso para su adecuación. La norma «está en trámite», ha dicho, y ha defendido que la amnistía debe aplicarse «ya» y «no en veinte años»; de ahí que en las enmiendas «se ha reforzado algunos aspectos de seguridad jurídica para su efectividad inmediata».

Por otro lado, ha destacado que, en su opinión, en contra de lo que apunta el magistrado instructor de la Audiencia Nacional que lleva el caso, «hablar del Tsunami Democràtic como terrorismo es una aberración jurídica y una judicialización de la política». Para Boye, «el Tsunami no es terrorismo, ni la causa contra los CDR es terrorismo», porque «el movimiento del 1 de octubre es pacífico y ajeno a cualquier actividad terrorista». Por lo que ha considerado necesario reforzar la norma, al menos proponerlo, para evitar injerencias judiciales. En lo que sí ha admitido dudas legales es en el apartado de la propuesta que supondría devolver las multas económicas a los condenados.

En cualquier caso, el letrado de Puigdemont -que se ha incluido como víctima del 'lawfare', así como a Sandro Rosell, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y, entre otros, la familia Sumarroca- ha enviado un mensaje optimista de cara a la aprobación de las enmiendas, o algunas de estas, presentadas por Junts: «Esta ley pretende desjudicializar la política. En el PSOE son conscientes de lo que estamos planteando. Los políticos llegarán a un acuerdo. Nuestra solución técnica es, sin duda, la mejor».