La defensa de Alay y Puigdemont arremete contra el juez de Voloh y le atribuye «compromisos mediáticos»

En un recurso ante el propio Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, consultado por ABC, el abogado Gonzalo Boye atribuye a su titular «compromisos mediáticos» que «le hayan llevado a adentrarse en el dictado de esta y otras resoluciones que poco o ningún apego a la legalidad tienen», afirma en referencia al auto de prórroga dictado el 26 de enero y hecho público este lunes, un día antes del debate sobre la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.

En el auto, donde se reúnen los indicios recabados hasta el momento contra Alay, la persona de máxima confianza de Puigdemont, se describen unos hechos que podrían encajar en el delito de Alta traición, no incluido entre los delitos a amnistiar dentro del marco del proceso independentista catalán entre 2012 y noviembre de 2023 que Junts exige al partido del Gobierno.

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La defensa de Puigdemont afea al juez Aguirre que diera una entrevista a la televisión alemana en la que habló sobre los hechos objeto de su propia investigación y amenaza con una recusación: «Obviamente, la concesión de la entrevista a la televisión alemana, y el contenido de la misma, será objeto de planteamiento separado, pero, desde ya se anuncia el deber de abstención del titular de este Juzgado ante lo inaudito que resulta que un juez conceda entrevistas y hable, sin tapujos, sobre un caso del que está conociendo».

En un cínico escrito con párrafos escritos en alemán -Boye estudió unos años la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Heidelberg-, el abogado mezcla la investigación objeto de la pieza principal de Voloh (la de la posible injerencia rusa en el procés) con otra pieza separada de la causa en la que se investigó si Alay había intentado extraer de los Mossos datos incriminatorios que pudieran tener contra él y cuyo periodo de instrucción ya acabó hace casi un año.

El letrado afirma que puesto que el juez dictó auto de procedimiento abreviado (decisión con la que se da por finalizada una investigación) para la mencionada pieza separada, ahora no puede prorrogar la investigación y le atribuye «confusión». «Seguramente, la confusión en que incurre este Juzgado proviene de aquello que la Ilma. Audiencia Provincial definió como 'sudoku procesal', que es una forma educada de llamar a la estructura que se sigue en las Diligencias Previas 111/2016 de las que esta es una de sus múltiples y descontroladas piezas separadas», se lee en el recurso.

En la rama pricipal de la investigación del juez Aguirre -la que se prorrogó ayer por seis meses más porque aún no hay auto de procedimiento abreviado- se aborda la posibilidad de que Puigdemont (que no figura entre los investigados) y miembros de su entorno mantuvieran «estrechas relaciones personales» con políticos de la extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar «económica y militarmente» la independencia de Cataluña.

Quienes sí están imputados son el ex responsable de relaciones internacionales de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas, el jefe de la oficina de Puigdemont Josep Lluís Alay y el empresario ruso residente en Cataluña Alexander Dmitrenko. Aguirre concluye, de los indicios recabados hasta el momento, que Rusia tenía interés en el 'procés' por su propósito de «desestabilizar la Unión Europea».