El Gobierno se resiste a incluir la financiación y los barones del PP estudian llevarlo a los tribunales

Tras haber salido sin acuerdo de la reunión preparatoria de la semana pasada, y ante la falta de soluciones por parte del ministerio de Política Territorial de Ángel Víctor Torres –el encargado de pilotar la reunión–, las once comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, enviaron este lunes una misiva al Ejecutivo en la que le instaban a incluir en el orden del día de la conferencia hasta ocho asuntos nuevos, que sumar a los propuestos por Moncloa en un primer momento, que eran educación y vivienda.

En el escrito, al que tuvo acceso ABC, los trece territorios gobernados por el PPexigen que se incluyan asuntos que consideran fundamentales y que el Gobierno no quiere abordar. Al menos, en los términos en los que lo hacen estas comunidades. El más espinoso, el de la financiación, en el que además de las entregas a cuenta, los populares quieren que se hable de «la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda» pactado con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa, anfitrión de la cita de este viernes. Además, el PPquiere poner sobre la mesa otras cuestiones peliagudas en Cataluña como el traspaso del control de fronteras o el caos ferroviario. Además, los trece territorios del PP exigieron, merced al artículo 5.2.c del reglamento, otros cinco temas:la lucha contra la okupación y la inquiokupación; el modelo energético y las energías de respaldo para evitar un nuevo apagón; el déficit de profesionales sanitarios; la financiación de la educación de 0 a 3 años; y la retirada de los proyectos de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal.

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El escrito es el enésimo recurso de las comunidades para que se cumpla el reglamento. A la espera de recibir una respuesta a lo largo del día de este martes, los consejeros de presidencia de estos territorios tienen previsto reunirse para estudiar la situación sin descartar la posibilidad de emprender acciones legales e, incluso, dejar plantado a Sánchez en Barcelona si el Gobierno hace caso omiso de sus advertencias. «Nos parecerá bien la decisión que tomen los presidentes autonómicos como respuesta a esta ignominia», explicaba ayer Borja Sémper, portavoz del PP, preguntado sobre si Génova avalaría el plante al presidente del Gobierno.

Apenas seis meses después de la última conferencia de presidentes, celebrada en diciembre en Santander, el Gobierno ha empleado argumentos de ida y vuelta en tan corto periodo de tiempo para justificar su posición. Requiebros buscando justificación a sus cambios de opinión que, esta semana, han centrado el foco en el reglamento de la conferencia de presidentes cuya redacción parecía clara cristalina hace solo ocho meses y que ahora no lo es tanto. Arguyen desde Moncloa que para incluir cualquier asunto en el orden del día se debe contar con el visto bueno del presidente del Gobierno, aunque esa propuesta nazca de una mayoría superior a diez comunidades autónomas. Un voto favorable de Pedro Sánchez que el Ejecutivo no exhibió como necesario a finales de 2024, cuando las autonomías del PPlograron imponer sus temas sin oposición de Moncloa.

Fuentes del ministerio de Política Territorial explican a ABC que el PP votó en contra de una propuesta de orden del día que incluía algunas de sus reivindicaciones.