El Gobierno evita calificar a las compañías chinas de operadores de alto riesgo desde 2022

«En el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el Gobierno, mediante acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y previa audiencia de los operadores 5G y suministradores 5G afectados por un plazo de 15 días hábiles, podrá calificar que determinados suministradores 5G son de alto riesgo». Para llegar a esa calificación, el Gobierno debía analizar «tanto las garantías técnicas de funcionamiento y operatividad de sus equipos, productos y servicios como su exposición a injerencias externas».

A esta disposición le seguía otra, la cuarta, para determinar los centros y las ubicaciones «en los que no se podrán utilizar equipos, productos o servicios de suministradores de alto riesgo». Esta lista debía ser elaborada en el plazo de tres meses por el CSN, previo informe del Ministerio de Asuntos Económicos que encabeza ahora Carlos Cuerpo pero que en ese momento estaba en manos de Nadia Calviño.

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Pero después de incluir ambas disposiciones y darse cuenta de que llevarlas a la práctica implicaba señalar irremediablemente a los dos grandes operadores chinos, Huawei y ZTE, el Gobierno decidió ignorarlas para no enfadar a Pekín. Fuentes del Ejecutivo precisan a ABC que «no se está incumpliendo nada porque no son disposiciones obligatorias». En efecto, la declaración de los operadores de alto riesgo señala que el Gobierno «podrá calificar» pero el corto plazo incluido para ello, tres meses, indica que la necesidad detectada cuando se redactó el decreto era la de identificar a los proveedores de alto riesgo.

«Si se hubiera hecho esa calificación se habrían resuelto todos los problemas a la hora de las adjudicaciones», subrayan fuentes vinculadas a la seguridad nacional, ya que aunque el decreto hace referencia únicamente al 5G la declaración se hubiera considerado «extensiva» a todo aquello que pueda afectar al interés nacional. Según las mismas fuentes, en ese caso la polémica, pero ajustada a Derecho, adjudicación del almacenamiento de las escuchas judiciales a Huawei probablemente se habría evitado.

Aunque el plazo dado por el decreto de 2022 para calificar a los operadores de alto riesgo era de tres meses, nada impide que el Gobierno lo haga fuera de ese plazo. Lo sabe perfectamente el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, que llegó a este cargo en septiembre de 2024 tras pasar tres años en Moncloa y habiendo trabajado los dos años anteriores en la consultora Acento, lobista de Huawei hasta hace unos pocos meses.

Fuentes de los servicios de inteligencia consultadas por ABC destacan la «altísima capacidad de influencia del lobby que trabaja para Huawei, por encima del resto de sus competidoras». El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el principal aliado de los intereses chinos en España, hasta el punto de viajar a ese país y conseguir que lo hiciera luego el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Además, el que fuera secretario de Organización y ministro de Fomento con Zapatero, José Blanco, lidera precisamente la consultora Acento, que, como ya ha señalado, ha hecho trabajo de lobby para Huawei dentro y fuera de nuestras fronteras.