El Gobierno deja solo al CNI ante los ataques del secesionismo por Pegasus

La clave, claro, está en qué se va a desclasificar. ¿Solo los autos del juez del Tribunal Supremo que permite esa actuación? ¿Con los nombres de los investigados incluidos? ¿También los informes del CNI que justificaban la necesidad de la medida y qué miembros del Gobierno los recibieron y apoyaron? ¿Y los documentos enviados al Ejecutivo con los resultados de ese trabajo? En todo caso, las fuentes consultadas por ABC explican que se trata de una situación sin precedentes, porque nunca una desclasificación de documentos había dado lugar a una declaración ante un juez de un responsable de los servicios de Inteligencia. Incluso es dudoso que Paz Esteban pueda responder sobre el material desclasificado, porque sus contestaciones, para ser eficaces a efectos de defensa, pueden exceder de la materia concreta sobre la que se levanta el secreto.

Ninguna de las fuentes consultadas duda de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros –la de Defensa y los de Interior y Exteriores, con mucha probabilidad– estaban informados del asunto y recibieron toda o parte de la información que se obtenía. Podrán alegar que desconocían que el CNI utilizara el programa Pegasus –sería extraño porque es el Ejecutivo el que autoriza ese tipo de compras, más cuando se trata de una herramienta tan sensible como esta–, pero no que se controlaba a elementos secesionistas que, no hay que olvidarlo, suponían y suponen una amenaza para la estabilidad del Estado.

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Pablo Muñoz

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No es solo una sospecha; la directiva de Inteligencia que redacta el Gobierno marca los objetivos principales en los que debe centrarse el CNI y es un documento que lleva la firma del jefe del Ejecutivo. El año en que se produjo ese espionaje a determinados elementos independentistas es obvio que la de Cataluña era una de las cuestiones que más preocupaba al gabinete ministerial.

Las fuentes consultadas, no obstante, plantean un escenario alternativo; es decir, que el Gobierno ni conoció ni autorizó que se controlasen los movimientos de determinados elementos del independentismo radical. Eso, añaden, supondría admitir que los servicios de Inteligencia en España actúan como un poder autónomo, sin ningún control, lo que necesariamente tendría que haber costado el puesto a toda la cadena de mando del Centro, al margen de abrirse un proceso judicial contra ella. Sin embargo, nada de eso ha sucedido; simplemente, porque es falso.

Pero hay más; todas las actividades del CNI que afectan a derechos fundamentales tienen que ser autorizadas mediante un auto por el juez del Tribunal Supremo que garantiza la legalidad y proporcionalidad de las actuaciones del Centro. Dudar por tanto de que las mismas se encuadran dentro de la más estricta legalidad supone hacerlo también de la actuación del magistrado, que se configuraría como un prevaricador o, si fue burlada su buena fe, como un negligente. Pero se da la circunstancia de que ese juez no tiene la menor duda de que todo lo que se hizo fue legal, porque en caso contrario habría actuado contra los responsables del servicio de Inteligencia y no lo ha hecho.

¿Por qué va a desclasificar entonces el Gobierno información de este caso? Formalmente, como se ha señalado, para que Paz Esteban pueda defenderse mejor, porque si no se hace no podría contestar ni a una sola de las preguntas del instructor ni de la acusación; y también, como una demostración de que siempre colabora con la Justicia. Sin embargo, si la exdirectora del CNI está en una situación de indefensión es, en parte, porque la Abogacía del Estado no ha permanecido activa para impedir que siga adelante un procedimiento que, según distintos juristas consultados, es un despropósito en sí mismo.

En cuanto a ese supuesto deseo de colaborar con la Justicia, el Gobierno también queda en evidencia desde el momento en que nunca ha admitido públicamente que conoció y autorizó ese espionaje a los independentistas en cumplimiento de su responsabilidad como garante de la estabilidad y seguridad del Estado. Al contrario, prefirió guardar silencio y entregar a sus aliados independentistas la cabeza de la máxima responsable del Centro, nombrada por cierto por la ministra Margarita Robles. Es decir, para garantizarse llegar al final de la investidura no dudó en llevar la inestabilidad al CNI y en parapetarse tras los servicios de Inteligencia.

En estos tiempos de acusaciones de 'lawfare' tampoco está de más analizar la actuación del titular del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, Santiago García. El magistrado ha aceptado todas las diligencias de prueba presentadas por el abogado de Aragonès y dado por bueno un informe pericial de parte. Considera que los hechos denunciados «hacen presumir la posible existencia de infracciones penales»; en concreto, según el abogado de la acusación, los de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales.

Fuentes judiciales consultadas por ABC destacan lo absurdo del modo de actuar del magistrado, que citó a declarar a Paz Esteban cuando aún no disponía –y sigue sin disponer– de la información mínima necesaria para armar el caso. «Es de una enorme inconsistencia procesal, porque ordena que comparezca como investigada y al mismo tiempo reconoce que le faltan muchos datos. O, lo que es lo mismo, no hace diligencias esenciales para acreditar el hecho y las personas que lo cometieron, pero cita a Paz Esteban para interrogarla».

Es más, fuentes consultadas por ABC explican que el juez ni siquiera puede dar por confirmado que Pere Aragonès fue espiado con el programa Pegasus, porque no conoce el contenido de los autos del juez del Tribunal Supremo que autorizó la utilización de la herramienta para monitorizar a 18 personas. Sin embargo, lo hace porque da por bueno, de forma acrítica, un informe de parte, en el que se han detectado errores groseros y manipulaciones, pagado por alguien no se sabe con qué intenciones.

Pero incluso, más allá de eso, la declaración de Paz Esteban y el nulo respaldo del Gobierno a la actuación de los servicios de Inteligencia provocan inquietud y malestar en el CNI. Sucedió ya con el caso del espionaje, también con Pegasus, al móvil del presidente del Gobierno y varios ministros, cuando el de Presidencia, hoy también de Justicia, Félix Bolaños, responsabilizó al Centro Criptológico Nacional de lo ocurrido siendo él, precisamente, el máximo responsable de la seguridad de los teléfonos de La Moncloa.