intento de 'lawfare'
El Parlament requirió a la Audiencia Nacional documentos sobre Pegasus
El juez del CNI informó en dos ocasiones al CGPJ de las presiones de los secesionistas en la Cámara catalana
La extensión del intento de 'lawfare' también llegó a varios ministros del Gobierno, que rechazaron comparecer
Caso Pegasus: Una juez pide desclasificar documentos del CNI sobre dos diputados de ERC
El tablero del escenario del 'lawfare' que ERC y Junts planean en el Congreso, con el visto bueno del PSOE, gracias a los pactos de investidura y legislatura que este partido ha firmado con aquellos, se viene desarrollando en Cataluña desde hace años en ... el Parlamento autonómico. El independentismo utiliza su mayoría como un rodillo en la Cámara catalana para señalar a adversarios políticos y, si es necesario, fiscales y jueces.
El caso más reciente es el que se lleva a cabo en una comisión con el rimbombante y concluyente nombre de Comisión de Investigación sobre el Espionaje de Representantes Políticos, Activistas, Periodistas y sus Familiares por parte del Reino de España con los Programas Pegasus y Candiru (Cierpapfre). Desde este foro, en mayo, los diputados requirieron a la Audiencia Nacional que enviara «lo antes posible» la documentación relativa a los programas Pegasus o Candiru que estuviera en alguno de sus seis juzgados.
El juez del CNI informó en dos ocasiones al CGPJ de las presiones del Parlament
La Cámara catalana envió hasta dos requerimientos hace nueve meses para que informase sobre Pegasus; en uno de ellos adjuntó una fotocopia del delito de desobediencia
Según consta en varios documentos, consultados por ABC, los diputados –en la comisión no participan Vox, CS y PP por estar en contra del motivo de investigación de la misma– aprobaron solicitar a la Audiencia Nacional, y así se lo trasladó la entonces presidenta en funciones del Parlament, Alba Vergés (ERC), «la documentación que conste en sus archivos con relación al acceso, por parte de las autoridades españolas, a sistemas informáticos de representantes políticos, activistas, abogados, periodistas o personas con las que estos mantienen afinidad, mediante 'software' espía como Pegasus y Candiru».
La respuesta fue negativa. José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, fue quien despachó una solicitud que no se ajusta a la ley pues el Parlament no tiene competencias para acceder a la información solicitada. A mediados del mes de julio, Navarro recordó a Vergés que «conforme a la información aportada por magistrados de los seis Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, no procede, por imperativo legal –artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes–, proporcionar la documentación que se interesa y que, en su caso, pudiera figurar incorporada en las diferentes causas judiciales aperturadas en esta Audiencia Nacional».
Desde la comisión Cierpapfre –el viernes, sin ir más lejos, compareció la cúpula de los Mossos d'Esquadra–, los diputados independentistas pretenden trazar un juicio paralelo con información secreta judicialmente o de acceso restringido solo bajo requerimiento judicial. Y en esta estratagema entra el señalamiento a jueces. También a Pablo Lucas, magistrado del Tribunal Supremo encargado del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Fotocopia: «Desobediencia»
Lucas informó en dos ocasiones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de las presiones recibidas por parte del Parlament. Lo hizo en febrero y marzo de este año, en sendos escritos –avanzados ayer por 'El Mundo'– en los que a través del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, comunicó los motivos por los que se negaba a comparecer en Barcelona.
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La primera razón para no hacerlo era porque el artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le exime de hacerlo; la segunda, porque la propia Ley Orgánica 2/2002, reguladora del control judicial previo del CNI le obliga a guardar secreto; y la tercera porque no es miembro de la Cámara catalana autonómica y no está vinculado por el Estatuto de Cataluña.
La Comisión Permanente del CGPJ se dio por enterada en sus reuniones del 22 de febrero y el 16 de marzo. En ambos acuerdos, a los que ha tenido acceso ABC, la Comisión Permanente acuerda «tomar conocimiento de la dación de cuenta del Servicio Central de Secretaría General relativa a la comunicación remitida (...) en relación con el requerimiento de la vicepresidenta primera del Parlamento de Cataluña para comparecencia en la comisión de investigación sobre el espionaje de representantes políticos, activistas y sus familiares por parte del Reino de España con los programas Pegasus y Candiru».
Junto a estas comunicaciones, el magistrado no pidió amparo a pesar del llamativo gesto con el que el Parlament le hizo el segundo requerimiento: incluyó una fotocopia del artículo 502 del Código Penal (desobediencia).
Contra el Ejecutivo
A pesar de que el PSOE tiene a ERC y Junts como socios preferentes, el independentismo tiene en su punto de mira al Gobierno. Así, la comisión exigió en dos ocasiones la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros. Según las respuestas, consultadas por este periódico, los miembros del Ejecutivo alegaron, para rechazar la comparecencia, que lo que se dirime en la comisión es «competencia autonómica».
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