Un juez investiga a la exdirectora del CNI por el espionaje con Pegasus a Pere Aragonès

Fue en junio de 2022, cuando Aragonès formalizó la querella por el supuesto espionaje a varios independentistas, entre los que se encuentra. Entre 2015 y 2020, hasta 65 políticos y activistas soberanistas habrían tenido su teléfono infectado con un programa espía, según un estudio que publicó Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto (Canadá). Las sospechas se dirigieron hacia el CNI, ya que este programa solo se vende a agencias gubernamentales. La entonces directora del centro, Paz Esteban, que compareció a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, reconoció que sí habían monitorizado a 18 personas, siempre con autorización judicial.

Entre los políticos que el Centro admitió haber espiado figuraba Aragonès, pero en la época en la que aún era vicepresidente -durante el mandato de Quim Torra-. Ahora, el juez admite las diligencias solicitadas por su abogado, Andreu Van den Eynde. Entre éstas, además de la imputación de Esteban, pide información a la empresa propietaria de Pegasus -la israelí NSO-, para que aclare si «ha comerciado» con el 'software' y si lo ha hecho «con organismos gubernamentales del Estado español». En caso afirmativo, solicita que detalle con cuáles, y «quienes son las personas que han actuado como representantes» de los mismos, en los procesos de «encargo, recepción, solicitud de información, formación o soporte técnico».

El togado también reclama al CNI, «previa desclasificación», información sobre sus actividades para aclarar si fueron ellos quienes ordenaron espiar al republicano -«si han hecho uso del software Pegasus en relación al señor Pere Aragonès», apunta el juez Santiago García, en su resolución, fechada el pasado 6 de octubre-. Así como las personas que, actuando en nombre del Centro, participaron en los procesos de «encargo, compra y solicitud de información» del citado programa espía.

Noticia Relacionada

La comisión Pegasus del Parlamento Europeo no descarta que Marruecos espiase en España

Isabel Vega

La misión culmina su visita a Madrid reclamando al Gobierno «transparencia» para que los tribunales puedan investigar los casos

Para ello, el titular del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona sostiene que la querella del 'president', por delitos de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales, «hace presumir la posible existencia de infracciones penales».

Además, dado que Esteban afirmó que el espionaje a Aragonès se había realizado con la preceptiva autorización judicial, el instructor pide al magistrado del Supremo responsable del control del CNI que certifique si autorizó «el uso del 'software' de control remoto, monitorización, balizamiento o cualquier forma de intervención de las comunicaciones y la intimidad» del entonces vicepresidente del Govern.

Esta no es la única causa abierta en un juzgado de Barcelona por el espionaje con Pegasus. Aunque Instrucción 20 declinó la petición de otros dos políticos de Esquerra Republicana, Diana Riba y Josep Maria Jové, para interrogar a la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, la Audiencia Provincial estimó de forma parcial su recurso, al considerar pertinente que Casteleiro diese explicaciones sobre la adquisición del programa espía. Eso sí, el tribunal subrayó entonces que su compra y utilización se realizó respetando «en todo momento» las previsiones legales.