Aragonès señala directamente al CNI como responsable del espionaje a su móvil con Pegasus

Así lo ha detallado él mismo ante el instructor, que ha preguntado al republicano qué tipo de información tenía en su dispositivo y también cómo supo que lo tenía infectado. Aragonès, que ha entrado en la Ciudad de la Justicia junto a su abogado, Andreu Van den Eynde, y su jefa de gabinete, Helena Ricomà, ha explicado al juez que desconoce qué cantidad datos han extraído del terminal, pero sí que éste era su teléfono personal, con el que mantuvo conversaciones, por ejemplo, sobe la Mesa de Diálogo con el Gobierno central, así como para la moción de censura a Mariano Rajoy y posterior investidura de Pedro Sánchez. Según el presidente de la Generalitat, no se percató de la infección del aparato con el 'software' espía hasta la alerta de Citizien Lab, tras lo que encargó un peritaje que así lo certificó. El espionaje, según el análisis del teléfono, se habría extendido desde julio de 2018 hasta marzo de 2020, a inicios de la pandemia. En esa época, durante una semana, todo lo hizo «a través del móvil», ha detallado en sede judicial. Además, a partir de la revelación, ninguno de los miembros de Consejo Ejecutivo tiene permitido asistir a la reunión semanal con su teléfono.

Fue el pasado octubre cuando el juzgado admitió la querella de Aragonès por el espionaje con el 'software' de la empresa israelí NSO. El republicano formalizó la querella en junio del año pasado por el supuesto espionaje a varios independentistas, entre los que se encuentra. Entre 2015 y 2020, hasta 65 políticos y activistas soberanistas habrían tenido su teléfono infectado con el programa espía, según un estudio que publicó Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto (Canadá). Las sospechas se dirigieron hacia el CNI, ya que este programa sólo se vende a agencias gubernamentales. La entonces directora del Centro, Paz Esteban, que compareció a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, reconoció que sí habían monitorizado a 18 personas, siempre con autorización judicial. Entre los políticos que el Centro admitió haber espiado figuraba Aragonès, pero en la época en la que aún era vicepresidente -durante el mandato de Torra-.

Un espionaje en el que habría cuatro momentos clave, tanto para la política catalana como para la española, con la composición del Govern, las negociaciones para la investidura, así como la ya mencionada Mesa de Diálogo, y en los que los peritos -de parte- han detectado «indicadores de compromiso» en el terminal de uso personal de Aragonès, en el que también almacenaba fotografías y SMS.

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Este miércoles también estaba previsto que declarase Esteban, ésta en condición de investigada, pero el juzgado aplazó su comparecencia, en principio, hasta finales del próximo enero, tras el recurso de la Abogacía del Estado, que, pese a representar a la exdirectora del Centro, no ha asistido al interrogatorio de esta mañana. Además, dado que el instructor, a petición del abogado de Aragonès, ha reclamado la desclasificación de documentos del Centro, la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntó esta semana que era «bastante probable» que así se haga. En caso de no ser así, la exdirectora del CNI no podrá declarar aunque quisiese, ya que se lo impide la ley de secretos oficiales.

Fuentes próximas al equipo jurídico de Aragonès creen que, finalmente, sí habrá desclasificación , al menos del auto del magistrado Tribunal Supremo, que se encarga del control judicial del CNI, para que certifique si autorizó la monitorización del móvil del dirigente republicano. El 'president' así lo ha reclamado a su salida de los juzgados. En declaraciones a los medios, el republicano ha subrayado que es una «obligación moral y ética» del Gobierno. «Estamos hablando de la intervención de teléfonos móviles, pero también del acceso a toda la información personal que puede contener el móvil de un miembro del Govern de Cataluña, o del dirigente, en este caso, de una formación política muy relevante».

«He comparecido ante el juez para ratificarme en la querella contra el CNI. Lo hago con el objetivo de que se sepa toda la verdad sobre el espionaje del que he sido víctima, pero también para que nunca más, ningún ciudadano de Cataluña sea espiado por motivo de su ideología política», ha subrayado. El presidente de la Generalitat ha reprochado que en los meses en los que tuvo intervenido el teléfono, no sólo se ha vulnerado su intimidad, sino cualquier «dato, fotografía personal y conversación privada» que hubiese mantenido a través del terminal. «Eso está en manos de alguien, por eso queremos acceder a toda la información, saber quién la tiene y quién lo ordenó».

Además de esta causa, otros políticos de ERC también presentaron sendas querellas por el supuesto espionaje con Pegasus. En el caso del exvicepresidente del Parlament y actual 'conseller' de Empresa, Roger Torrent, y el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ésta fue archivada de forma provisional. Una decisión del Juzgado de Instrucción 32 de la ciudad, que el Parlament ha recurrido, según indican fuentes jurídicas.

Respecto a la del presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y la portavoz republicana en el Parlamento Europeo, Diana Riba, el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona se encuentra a la espera de que los Mossos d'Esquadra presenten el peritaje de sendos teléfonos.

Además, también está pendiente de declarar el abogado de los republicanos, Andreu Van den Eynde, que también ha denunciado haber sido espiado con Pegasus.