Caso Pegasus: Una juez pide desclasificar documentos del CNI sobre dos diputados de ERC

El Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona reclama al Gobierno desclasificar la información del CNI relativa al supuesto espionaje a dos integrantes de ERC, su líder en el Parlament, Josep Maria Jové y la eurodiputada Diana Riba, con el 'software' Pegasus. Una decisión de la juez, después de que la Audiencia de Barcelona ordenase tomar declaración como testigo a la directora del centro, Esperanza Casteleiro.

Además de esta petición al Consejo de Ministros. En una providencia fechada este martes, la titular del juzgado acuerda tomar declaración a representantes de Osy Technologies, mercantil vinculada con NSO Group, la israelí propietaria del programa espía, contra la que Riba y Jové formalizaron la querella. Fue el pasado marzo cuando la sección 3ª de la Audiencia Provincial admitió de forma parcial el recurso de los republicanos, después de que la instructora desestimase citar a Casteleiro, por considerar «inútil» la diligencia.

En cambio, los magistrados estimaron pertinente que diese explicaciones sobre la adquisición de Pegasus, para determinar si la actuación que se hizo con el 'spyware' fue conforme «a la legalidad vigente, con los límites legales y con autorización judicial, aunque, dado el carácter secreto de las actuaciones, no se pueda dar más información que la confirmación de haber usado el programa».

Ahora, el Juzgado de Instrucción 20 acata la resolución, pide la desclasificación de documentos y será tras ello cuando procederá a citar a la directora del CNI. En la misma resolución, también ordena notificar la querella a la tecnológica, para que pueda designar abogado y procurador, para tomarle declaración.

Por su parte, el abogado de los republicanos, Andreu Van den Eynde, ha celebrado que la decisión judicial responde a sus «objetivos»: «imputar a una de las ramas de NSO» y que un juez orden el «levantamiento de un secreto oficial».

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La intención de ERC al acceder a estos documentos es que Casteleiro no pueda acogerse al secreto oficial para negarse a contestar las preguntas de la instructora. «Estamos poniendo al Estado español y sus estructuras en jaque», ha presumido el letrado, a través de un comunicado.