García Ortiz protagonizará la apertura del año judicial en el que se sentará en el banquillo

La delicada situación en la que Álvaro García Ortiz puso ayer al Monarca no pasó desapercibida en los corrillos posteriores a la toma de posesión de los dos nuevos presidentes, como tampoco lo hizo la anomalía institucional que supone que el fiscal general, formalmente ya acusado, pronuncie uno de los dos discursos –el otro es de la presidenta del Supremo, Isabel Perelló– con los que se da por inaugurado el año judicial en el que él mismo será juzgado. Fuentes de la Fiscalía General recuerdan que García Ortiz cumple con sus funciones, entre las que reglamentariamente está la de asistir e intervenir.

Si bien desde el mismo momento en el que la Sala Segunda del Supremo accedió a investigarle, el pasado octubre, ya hubo voces en la carrera judicial y fiscal que consideraban que García Ortiz debería dar un paso a un lado por el bien de la institución, ahora, a las puertas del juicio, ese movimiento se considera ya obligado. Magistrados del Alto Tribunal y de otras altas instancias jurisdiccionales, vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y fiscales que acudieron ayer a la toma de posesión de los nuevos presidentes coincidían ayer en la «lamentable» imagen que supone «ver danzando» al fiscal general en el acto más importante del Poder Judicial «como si la cosa no fuera con él». El malestar es enorme, no se oculta. Y a él contribuyen también las manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista que concedió a TVE el lunes, en la que acusó a los jueces de hacer política por el hecho de estar investigando a su entorno familiar más cercano. Aunque las acusaciones de 'lawfare' no son nuevas –el Gobierno asumió el discurso independentista de la persecución judicial hace ya dos años–, a nadie se le escapa que son cada vez más frecuentes y directamente proporcionales a la actuación de la justicia con el entorno del presidente, a quien a la vez se responsabiliza de la provocación que supone mantener al fiscal general en el cargo y de sentenciar su inocencia aun antes de que se haya celebrado el juicio, incurriendo él mismo en su propia acusación de que «hay políticos que hacen justicia».

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En el Tribunal Supremo, en quien los tribunales inferiores se fijan por cuanto se trata de la más alta instancia jurisdiccional española, los magistrados son conscientes de que mañana no cabe un plante en el solemne acto porque a quien perjudicaría es al Rey y a la presidenta del Tribunal y del CGPJ, Isabel Perelló. Fuentes del Alto Tribunal creen, además, que, al margen de posibles recusaciones a las que podría dar lugar un plante de magistrados de la Sala Segunda, por ejemplo, de cara al juicio que se celebrará contra García Ortiz, un posible boicot supondría echar gasolina y dar al Gobierno argumentos sobre la politización de los jueces.

Sin embargo, en el órgano de gobierno de los jueces hay vocales firmemente convencidos de que ese malestar de la carrera tiene que ser canalizado de alguna forma y en ese sentido están buscando fórmulas, pequeños gestos con los que se visualice su desacuerdo con la situación. Dejando a un lado los abucheos, bastaría, por ejemplo, con aplaudir el discurso de Perelló cuando lo habitual es que ni la intervención del presidente del Supremo ni la del fiscal general en cuestión sean aplaudidas en la apertura de un año judicial. Otra de las iniciativas que se barajaba ayer era la de retirar el saludo al fiscal general o la de pedir a la presidenta Perelló que transmita al fiscal general que no es bienvenido en el Supremo. Lo que parece claro es que cualquier iniciativa de este tipo, de llevarse a cabo, sería a nivel individual, porque se da por hecho que el CGPJ como institución no lo va a hacer: vocales propuestos por el PSOE consideran que el fiscal general está en su derecho de seguir en el cargo y de que se respete su presunción de inocencia. A ello se suma que el propio juez Ángel Hurtado aún no ha decidido sobre su suspensión.