Rueda ve «inexplicable» el nuevo varapalo del TSXG al sector eólico

«Inexplicablemente, el Tribunal Superior de Xustiza busca otro argumento para seguir contradiciendo lo que dice el Tribunal Supremo y lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a requerimiento del propio TSXG», ha recordado Rueda, que dice no comprender que «siga ignorando y buscando nuevos argumentos para decir lo de siempre». Se trata, además, según ha destacado, del «único de los tribunales superiores que está siguiendo ese criterio», lo que «está suponiendo que todas las oportunidades de energía renovable se estén perdiendo y que suponga un parón». «Las consecuencias de esta situación son perjudiciales» y «las ventajas las están aprovechando en otros lugares», ha advertido. «Para mí es muy difícil de entender y desde luego lo vamos a recurrir», ha confirmado el presidente.

La última decisión del TSXG en relación con la eólica se conoció el pasado martes, cuando trascendió la sentencia que anula las autorizaciones administrativas previas y de construcción del parque A Ruña III. En esta ocasión, el TSXG se basó fundamentalmente en supuestas carencias de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En primer lugar, porque este trámite «se limitó al parque eólico cuando se tenía que realizar de forma conjunta con la de la línea eléctrica de evacuación» puesto que «A Ruña III no solo se configura como una instalación que produce energía eléctrica, sino que también la almacena y transporta hasta la red» y, por lo tanto, «se tenían que contemplar todos sus componentes en un solo proyecto o, por lo menos, valorar ambos de forma conjunta en una sola declaración de impacto ambiental».

Sin embargo, fuentes de la Xunta desmontaron este argumento al apuntar que la línea de evacuación a la que se hace referencia «ya da servicio a otro parque eólico que está en funcionamiento» y al recordar que el Supremo ya determinó que el hecho de que «dos o más instalaciones de parques eólicos compartan instalaciones de conexión no comporta, ineludiblemente, que debamos considerar la existencia de un único proyecto de parque eólico a efectos de su evaluación medioambiental».

Por otro lado, la sentencia habla de «falta de análisis» en la DIA a la hora de «prevenir o, en su caso, mitigar» los posibles daños ambientales que la instalación eólica pudiese producir en los espacios naturales próximos que forman parte de la Red Natura 2000. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) descartó este aspecto a través de un comunicado razonando que «si en dicha evaluación el órgano ambiental, que es la autoridad ambiental y tiene las competencias y conocimientos técnicos y científicos, hubiera detectado algún riesgo que no fuera mitigable, previsible o compensable, no hubiera otorgado una declaración ambiental positiva».

Al malestar de la Xunta y el sector se suma el del conjunto del empresariado gallego. A través de un comunicado, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha manifestado su «evidente preocupación por las consecuencias de la reciente sentencia del TSXG sobre A Ruña III». Una resolución que, advierten, podría obligar a «retramitar el proyecto del parque eólico, cuando ya había obtenido autorización ambiental y de construcción de la Xunta de Galicia, en el marco de un procedimiento avalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Esto podría llevar a reiniciar un proceso que «puede alargarse años, lo que genera una prolongada incertidumbre», hasta el punto que el proyecto podría perder su «sentido económico» y «quedar desfasado o descartado». «Desde el empresariado se ha alertado en numerosas ocasiones de 'pérdidas millonarias', de que la paralización e inseguridad jurídica afectan no solo al promotor, sino al conjunto del tejido industrial auxiliar», incide el texto de la patronal.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha querido recordar que «si se frena el despliegue eólico se pone en riesgo la reindustrialización de Galicia, pues muchas industrias electrointensivas dependen de electricidad barata y renovable». También ha querido hacer hincapié en que «supone un mensaje que puede congelar inversiones, motivar rechazos de nuevos proyectos o elevar los costes y plazos, lo que resulta contraproducente para la competitividad de Galicia«. La Comunidad «está en un momento clave para modificar su modelo económico e industrial y los proyectos eólicos son parte fundamental», ha zanjado.