«Con Franco, la línea entre lo público y lo privado era difusa, cuando no inexistente»

La idea de quién pagaba los gastos de Meirás es fundamental en la demanda de la Abogacía del Estado. Para que se produjera la usucapión del Pazo por parte de la Administración debe probar que esta poseía en concepto de dueño el bien, es decir, ordenaba, ejecutaba y costeaba las acciones que tenían lugar en la residencia veraniega de Franco, por más que en el registro de la propiedad figurara este como propietario. Según han expuesto Babio y Pérez Lorenzo, la Casa Civil de la Jefatura del Estado ordenaba a la Comandancia de Obras de La Coruña las distintas actuaciones que debían realizarse en Meirás, tanto de perímetro de seguridad como de accesos, además del mantenimiento y conservación ordinarios del inmueble. «A partir de los 50 asume obras que nada tienen que ver con ese fin» , ha asegurado Babío, como elementos ornamentales o reparaciones ajenas a la actividad del Pazo como sede institucional: una escalinata en el jardín, dos remodelaciones de las bibliotecas, reposición de pavimentos o la reparación de la pista de tenis. Y un gallinero.

«Puedo afirmar sin equivocarme que la Casa Civil pagaba absolutamente todo lo relativo a las necesidades de Franco, y la línea que separaba lo público era difusa o inexistente», ha afirmado Babío, «Franco no pagaba nada» . Además, los investigadores han destacado que en la contabilidad que figura en los archivos públicos han encontrado carpetas anualizadas en la que se recogían los gastos que se derivaban de la estancia estival de Franco en el Pazo. «En los últimos años aparecen gastos desde velas para la capilla a medias para Carmen Polo o medicamentos de todo tipo». Los abogados de los nietos del dictador, por el contrario, han exhibido en sala documentación de la Casa Civil que se refiere a cuentas privadas de Franco durante su etapa en la Jefatura del Estado. «¿Pero han buscado algún documento en el que Franco pagara algo?» , ha inquirido Antonio Gil Evangelista, «¿o todo lo que hacía era como Jefe del Estado?». «Que tuviera una cuenta particular no significa que pagara», ha valorado Pérez Lorenzo.

La defensa de la familia se ha centrado en demostrar precisamente que Franco sí asumía determinados gastos del Pazo, como por ejemplo la IBI urbana o la prima de los seguros que le correspondieran. En su libro, los investigadores sostienen que la contribución la abonaba el Ayuntamiento de Ferrol, aunque este negó que exista constancia contable de esa afirmación. En sala, Babío y Pérez Lorenzo se han aferrado a que eso era «vox pópuli» en Ferrol. «La falta de un documento no acredita el relato contrario», han sostenido. El letrado Gil Evangelista ha recordado los recibos de IBI abonados por Franco que obran en la causa. «Puede haber recibos a nombre de Franco, pero estoy seguro de que no los pagaba» , ha insistido Babío sin dar su brazo a torcer. «¿Pero si no lo pueden constatar cómo pueden afirmar que lo pagaba el Estado?», ha replicado la defensa, que ha dejado entrever una confusión respecto a que el consistorio ferrolano asumía el IBI de la casa natal de Franco en la ciudad, y no de Meirás. Los investigadores han reconocido ignorar si el Estado participó en las obras de reconstrucción de Meirás tras el incendio de 1978 que lo devastó casi por completo.

La segunda jornada de la vista, que ha durado más de siete horas, también ha abordado cómo consiguió la Junta Pro-Pazo los fondos para comprar el inmueble a los herederos de Pardo Bazán, la controvertida suscripción popular a los vecinos de la provincia de La Coruña. Según han relatado los investigadores, primero se anunció en prensa para que la ciudadanía participara de manera voluntaria, pero «esa fase debió ser muy breve, y en vista de que no se estaba alcanzando la suma requerida deciden otro sistema», por el que se le asigna una cantidad a cada municipio que deberá sufragar, con instrucciones del gobernador civil para proceder, «creando comisiones formadas por personas relevantes de la localidad para que vayan casa por casa y procedan a la recaudación». «El hecho de no contribuir ya significaba posicionarse» y aparecer «en listas negras de malos patriotas» . Los tres testigos-peritos del día han reconocido —ante la insistencia de la defensa— que en estas suscripciones pudo haber quien participara gustosamente por afinidad ideológica. «No puede existir voluntariedad en ese contexto histórico en el que no se tolera la disidencia», ha expresado Pérez Lorenzo.

Los dos autores han añadido que también se recurrió a la detracción de una parte de su sueldo a funcionarios de la provincia y a trabajadores de empresas. «Eso es así y hay múltiples testimonios», aunque no está acreditado documentalmente, como ha puesto de manifiesto la defensa. «Quienes gestionaban las detracciones eran los mismos que gestionaban la Junta Pro-Pazo, y se entregaban recibos de contribución voluntaria cuando en realidad» eran descuentos forzosos sobre la nómina. No obstante, la suscripción popular fue insuficiente, «porque el gasto en las obras y de ampliación de la parcela con fincas limítrofes se disparó por encima de lo previsto».

Respecto a estas parcelas colindantes con las dimensiones originales del Pazo también hubo controversia. Los investigadores han sostenido que se arrebataron a sus dueños a cambio de nada, para lo que citaron publicaciones «de la prensa republicana en el exilio» y «la memoria oral» de los vecinos. «¿Considera que la prensa republicana de aquel entonces era fiable para reputar hechos que beneficiaran a Franco y su régimen? », ha preguntado Gil Evangelista, y ha subrayado que fueron «compraventas ante notario y en las que se constaba la entrega de un precio». Solo una finca quedó sin adquirir porque su propietario estaba emigrado en América, ha detallado Babío. «¿El hecho de que hubiera un vecino ausente impidió al régimen adquirir la propiedad?», se ha sorprendido el letrado de la defensa, «¿se era riguroso con una persona ausente pero no se era con los presentes?».

El tercer elemento de discusión en la vista ha sido en calidad de qué fue donado el Pazo a Franco en 1938. «Hay dos escrituras contradictorias», ha valorado Manuel Pérez Lorenzo, «cuando Franco acepta el Pazo lo hace en calidad de jefe del Estado», pero «por algún motivo se le induce a que se haga una modificación y el Pazo se registra mediante una compraventa» que se formaliza en 1941. La defensa aquí ha vuelto a insistir en que Manuela Esteban Collantes, la heredera de Pardo Bazán, «quería o deseaba que fuese Franco el propietario del Pazo» . «Yo entiendo que no», ha replicado el investigador, «quería que lo utilizara como Jefe del Estado, o en todo caso, desconocemos si eso era voluntad de Collantes o era de la Junta Pro-Pazo que se lo plantea y ella acepta».

Sin embargo, Gil Evangelista se ha referido en varias ocasiones al acta constitutiva de la Junta, que recoge que «su objetivo es regalarle la finca a Francisco Franco». «El cargo que ostentaba era el que ostentaba, pero eso no quiere decir que se le transmitía a su cargo». Las posturas aquí han sido irreconciliables. Los testigos han mantenido que Franco recibía en calidad de Jefe del Estado, aunque esa acepción se sustituyera por Caudillo, Generalísimo u otras de la época. «En un principio los llamamiento de la Junta hablaban de [adquirir para] la Jefatura del Estado» —y así se anunció en prensa—, ha abundado Núñez Seixas, «pero en algún momento» se cambió de criterio para que se le done a Franco «personalmente». «No consta que Franco se comportara como dueño de Meirás, no encontramos nada en ese sentido» , añadió el catedrático de la USC y presidente del comité de expertos de la Xunta, que sin embargo ha reconocido que no se investigó ni quién aseguró el Pazo, ni quien pagaba las primas.