Instalaciones de Navantia en Fene
Instalaciones de Navantia en Fene - MIGUEL MUÑIZ
LA COMUNIDAD, A LA ESPERA DE 700 MILLONES

El bloqueo de Sánchez lastra el avance de Galicia

El Gobierno central se escuda en su situación de interinidad para no satisfacer la deuda, mientras desdeña a la Xunta y siembra dudas sobre múltiples proyectos y sectores claves

Pablo Pazos
SantiagoActualizado:

Galicia tiene un problema: viaja hacia la próxima década con el freno de mano echado. El motor —un Gobierno estable, una economía que crece por encima de la media nacional, superávit, cumplimiento con Hacienda— permite avanzar más rápido, pero, como se suele decir vulgarmente, le ponen «palos en las ruedas». Es víctima de un bloqueo ajeno, el propiciado por la incapacidad de Pedro Sánchez para salir elegido presidente. Mientras éste deshoja la margarita de convocar nuevas elecciones, el calendario corre en contra de los intereses de los españoles en general y los gallegos en particular. Numerosos proyectos y sectores económicos claves chocan contra el muro de un Gobierno en funciones que desoye todas las demandas que lanza la Xunta. Los ministros pasan por la Comunidad sin reunirse con representantes autonómicos. Al bloqueo se le suma un ninguneo que no augura soluciones a corto plazo.

El agujero de la deuda de 700 millones

Es la principal consecuencia del bloqueo orquestado desde La Moncloa y el mayor motivo de fricción con el Gobierno gallego, que lleva meses reclamando, de forma insistente, que se le transfieran a la Comunidad los 700 millones de euros que se le adeudan. La cantidad era incluso mayor, pero la Xunta encontró un atajo legal para poder emplear el superávit. El «pufo», como lo llegó a calificar Alberto Núñez Feijóo, sigue presentando tal cuantía que ya causa tensiones de tesorería, amenaza el pago de nóminas a funcionarios y pone en jaque las principales partidas públicas: sanidad, educación y servicios sociales.

Desde San Caetano se ha intentado todo. Feijóo ha aprovechado cada ocasión que le han brindado sus comparecencias para apelar a la obligación del Gobierno de saldar la deuda. Propició el pasado mes de un julio un encuentro informal con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de visita a La Coruña. Apenas minutos antes, en una intervención conjunta, le planteó habilitar la vía de los reales decretos. El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ya le había remitido a su colega en Madrid una carta donde le solicitaba una solución «urgente». Previamente, una amplísima mayoría del Parlamento gallego, donde solo los socialistas se pusieron de perfil, había respaldado la enésima reivindicación de la Xunta.

El gabinete Sánchez, sin embargo, se niega a levantar el veto al pago de la deuda. Su argumento: nada se puede hacer mientras sigan en funciones. Una excusa desmentida por el conselleiro de Economía, Francisco Conde, quien aseguró que no existe «ningún elemento jurídico» ni «restricción» alguna para que se transfieran los 700 millones aunque no haya un Gobierno constituido. De ese montante son especialmente acuciantes los 530 millones —330 de las actualizaciones a cuenta y el resto del IVA de 2017— que ya están incluidos en los Presupuestos de este año.

En paralelo, las cuentas de 2020 también están en el alambre. Como se recuerda desde Facenda, el Consejo de Política Fiscal y Financiera lleva más de un año sin reunirse por culpa del bloqueo en Madrid. Consecuencia: Galicia y el resto de comunidades desconocen las entregas a cuenta del año venidero y el límite del déficit, lo que conlleva la parálisis de los presupuestos autonómicos, por más que la Xunta ya los esté configurando.

La industria, sin interlocutor

Lo certifica el Instituto Nacional de Estadística: en lo que va de año, el índice de producción industrial en Galicia acumula una caída del 7%. El sector necesita soluciones, la Xunta trabaja para dárselas... pero al otro lado de la mesa falta un interlocutor dispuesto a escuchar y actuar. La alerta ya es roja en el sector de las electrointensivas por la ausencia del ansiado nuevo estatuto que permita disponer de un precio de la energía competitivo. De nuevo, todas las voces acaban conduciendo a la casilla de salida: se aprobará en cuanto haya un Gobierno constituido, repiten desde la Administración central y su satélite —Delegación— en Galicia. Sin ese estatuto, por ejemplo, la venta de la antigua planta de Alcoa en La Coruña a Parter quedará en papel mojado en cuanto transcurran los dos años de empleo garantizado. En San Cibrao ya se redujo la actividad por la misma razón.

No pinta mucho mejor el panorama para las centrales térmicas. Recientemente desde la Consellería de Economía se advirtió de un posible «problema de suministro» por un eventual «déficit de producción» en caso de que Meirama y As Pontes oprimieran el botón de apagado. La primera, en Cerceda, tiene fecha de caducidad en 2020, pero la Xunta desconoce cuál es el plan industrial para los terrenos de las instalaciones de Naturgy una vez eche el cierre. En el caso de As Pontes, que acumula cuatro meses de parón, el Gobierno autonómico se comprometió a impulsar reuniones, tanto a nivel nacional como europeo, para no dejar tiradas a 750 familias que dependen de esta central. En el aire, como botón de muestra, la prometida comisión para dar una solución al colectivo de transportistas de carbón.

Trabajadores de Alcoa en una de las acciones en defensa de los puestos de trabajo
Trabajadores de Alcoa en una de las acciones en defensa de los puestos de trabajo - MIGUEL MUÑIZ

Otros sectores aguardan ansiosos a que desde Moncloa se ponga fin al absentismo: como el naval, pendiente de que entre en vigor el contrato para construir las fragatas F-110 en Navantia Ferrol, con Fene igualmente necesitado de carga de trabajo; o el de la automoción, con PSA a la espera de que se apliquen las condiciones de excepcionalidad para extender la red de transporte 220kV, lo que permitiría construir la nueva subestación de Balaídos.

AVE y carreteras en el aire

La última vez que desde la Xunta se preguntó a Fomento por el estado de las obras del AVE recibió el silencio por toda respuesta. El Ministerio que encabeza José Luis Ábalos prefiere deslizar promesas a través de medios de comunicación. De ahí que la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, reconociera que estaba «preocupada» por la falta de información. No hay, de nuevo, un interlocutor que de forma fiable y estable detalle cómo marchan las obras para completar la llegada de la Alta Velocidad a la Comunidad, que estaba comprometida para finales de este año. En ese momento empezaría el período de pruebas; su duración también es una incógnita. Tampoco hay noticias sobre las múltiples infraestructuras de la red de autopistas y carreteras que continúan paralizadas, incluidas aquellas, recuerdan desde la Xunta, que llegaron a ser autorizadas por el Consejo de Ministros. La interinidad del Gobierno central mantiene numerosas licitaciones guardadas en un cajón. En cualquier caso, ninguna obra está a salvo de la parálisis, incluso aquellas que ya fueron licitadas en su día, como la autovía entre Santiago y Lugo, que debía estar lista para 2021. Ya en la campaña de las elecciones municipales Feijóo lamentó que «todo parece indicar» que el proyecto no estaría listo a tiempo, ni mucho menos.

Ante este escenario, se convierte en toda una quimera que el gabinete Sánchez atienda la petición de que se transfiera la gestión de la autopista AP-9. El Gobierno no tuvo mayor reparo en hacer lo propio con el País Vasco y la AP-68 el pasado mes de abril, en un claro agravio comparativo.

¿Cuánto recibirá el Xacobeo 2021?

En menos de año y medio arranca el Xacobeo 2021 y la Consellería de Cultura e Turismo desconoce cuál será la contribución que realizará el Gobierno central. Un evento estratégico, diseñado con la intención de que se erija en «un punto de inflexión en la historia contemporánea» (Feijóo dixit), dotado con, «como mínimo», 247 millones de euros... todos, procedentes de fondos autonómicos. En San Caetano, vista la falta de interés mostrada por el momento desde el gabinete socialista, se darían por satisfechos con una dotación que se ajuste a otros acontecimientos de la envergadura de un Año Santo, que llegará más de una década después del anterior. Al menos, que Galicia no vuelva a ser víctima de la desigualdad de condiciones.

Y una larga lista de temas pendientes

Más allá de eventos puntuales, hay problemas de largo aliento que también se enquistan por la inoperancia en La Moncloa. Véase la estrategia nacional frente al reto demográfico, cuestión de capital importancia para Galicia por su terrible saldo vegetativo, como evidencia que sea la primera autonomía que promueve una ley de impulso en esta materia.

En materia sanitaria, siguen sin aportarse soluciones desde el Gobierno central a la carencia de médicos; como ejemplo, ofrecería un gran alivio reducir los plazos de tramitación y resolución de los expedientes de homologación de títulos de especialistas extracomunitarios. De nuevo, impera el bloqueo.

La incertidumbre se hace extensiva a la modificación del reglamento de la Ley de Costas, pues los cambios avanzados ponen en la picota el futuro y la seguridad jurídica de 5.000 edificaciones costeras en la Comunidad. Otra Ley, la de Pesca, está pendiente de modificaciones vitales para el sector, pues el texto actual impide proporcionar ayudas a cofradías sobre las que pesan sanciones por infracciones que ahora se califican como pesca ilegal.

El cuadro de personal de la Policía Autonómica, que necesitaría un centenar de efectivos para acercarse a una dotación plena, también mantiene los puntos suspensivos en el cuaderno de un Gobierno central que ni hace ni deja hacer.