El Congreso de EE.UU. pide que Washington revise el envío de inteligencia a España por la contratación de Huawei

Las dos máximas autoridades en inteligencia del Congreso, el senador Tom Cotton y el diputado Rick Crawford, han enviado una carta a la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabard, en la que le advierten sobre el contrato del Gobierno español con la empresa de China y le instruyen que lleve a cabo la revisión.

En la misiva, se refieren al contrato de 12,3 millones de euros con Huawei, a la que acusan de tener «lazos profundos con el Partido Comunista de Chino» y de «estar sujeta a las leyes nacionales de Inteligencia y de Seguridad en los datos de China, lo que obliga a Huawei a dar al Partido Comunista toda la información de Huawei que considere necesaria».

Cotton y Crawford lideran los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. Gabard, por su parte, es la máxima autoridad en inteligencia del país, con un cargo que supervisa la labor de decenas de agencias dedicadas a ello.

«Desde la primera Administración Trump, EE.UU. ha llevado a cabo muchos esfuerzos gubernamentales para eliminar la amenaza el equipamiento de Huawei supone para las redes, infraestructura y privacidad», aseguran ambos en su carta. «Hasta que España no siga este camino, el Gobierno de EE.UU. deberá asegurar que en toda la información que se comparte con el Gobierno de España deben estar eliminados los detalles que no deban compartirse con el Partido Comunista Chino».

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La revisión de la inteligencia se refiere a la información que se comparte con todos los servicios de «inteligencia, defensa y fuerzas de seguridad», de España.

La revisión del envío de inteligencia a España ocurre en un contexto de deterioro de la relación entre ambos países. Después de una falta de sintonía evidente en el arranque del segundo mandato de Trump, con contactos diplomáticos escasos y tardíos, el papel adoptado por Sánchez en la negociación del gasto de la OTAN ha puesto a España en el foco de Trump. El presidente de EE.UU. amenazó a las exportaciones españolas con un «arancel doble» por las reticencias de Sánchez a sumarse al consenso de los miembros de la alianza militar para elevar el gasto militar hasta el 5% (algo que Sánchez, a pesar de todo, firmó).

Sánchez también ha incomodado a la Administración Trump en su relación con China en otros episodios. Por ejemplo, a comienzos de abril, cuando, en medio del anuncio de aranceles por parte de Trump, el jefe del Ejecutivo se reunió en Pekín con Xi Jinping y, en el contexto de la incipiente guerra comercial, se mostró abierto a estrechar la cooperación con el gigante asiático.

«España está jugando con fuego», afirmó el legislador, en referencia al contrato de 12,3 millones de euros por el que la filial española de Huawei gestiona servidores del sistema Sitel, encargado de conservar las interceptaciones legales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Al permitir que una empresa controlada por el Partido Comunista Chino almacene datos sensibles, España se hace vulnerable a amenazas directas contra su soberanía y la de sus aliados», añadió.

España y EE.UU. comparten el uso de dos bases militares clave en Rota y Morón, donde están desplegados soldados estadounidenses, algunos de los cuales participaron recientemente en la red logística que apoyó los bombardeos contra Irán. Esta relación estratégica refuerza la preocupación en Washington por cualquier vulnerabilidad en el sistema de seguridad español que pueda tener repercusiones transatlánticas.

Una paradoja evidente no pasa desapercibida ni en Bruselas ni en Washington: mientras los operadores españoles han eliminado a Huawei de sus redes 5G por presiones de socios internacionales —y el Gobierno ha restringido su acceso a financiación pública—, el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, ha adjudicado a la compañía china un papel clave en la infraestructura que custodia las grabaciones más sensibles del Estado.

A la preocupación estratégica se suma un episodio que generó polémica en su momento. En 2023, Therese Jamaa, que fue vicepresidenta de Huawei España entre enero y mayo de 2022 y pareja del actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue nombrada consejera de Hispasat, una decisión que despertó suspicacias en círculos diplomáticos y de inteligencia.

La UE ha pedido a los Estados miembros que excluyan a proveedores de «alto riesgo» de sus redes críticas. Alemania, Portugal, Suecia, Francia o Reino Unido ya han vetado a Huawei en sus infraestructuras de telecomunicaciones. En España, en cambio, aún no se ha publicado una lista oficial de exclusión, a pesar de que la legislación de ciberseguridad 5G lo permite. El Gobierno se mantiene reacio a señalar públicamente a empresas chinas.