La Diputación de Valencia pide reabrir el caso por estafa del título falso de José María Ángel

Ahora, la corporación provincial ha solicitado personarse como parte perjudicada en la causa y reenfocarla de tal manera que no pivote sobre la falsedad documental, sino en torno al presunto delito de estafa, puesto que la supuestas manipulación de la diplomatura con la que habría conseguido acceder a un cargo de funcionario en la institución pudo generarle un perjuicio económico, a lo largo de las últimas cuatro décadas, de más de 800.000 euros en salarios.

En el último escrito presentado ante el juzgado, al que ha tenido acceso ABC, el organismo que preside Vicent Mompó advierte de que los hechos denunciados consistieron en la posible utilización de una presunta diplomatura falsa en «Archivística y Biblioteconomía» de la Universidad de Valencia durante su carrera administrativa como funcionario de la Diputación de Valencia.

«Desde el 1 de agosto de 1987 ha venido ocupando en esta Corporación distintos puestos clasificados como A/B (A1/A2, en la actualidad), para los que se requiere una diplomatura o licenciatura, pudiendo haber hecho uso para ello de una presunta diplomatura falsa, constando una copia de dicho título en su expediente personal», alega. El pasado 13 de octubre, la Fiscalía comunicó que las diligencias se habían transmitido directamente al juzgado, donde ya se investigan los mismos hechos.

Todo esto llega después de que el juzgado archivara la denuncia por falsedad documental presentada por Manos Limpias, tal vez con demasiada anticipación y poco preparada, ante unos hechos ya prescritos. El magistrado razón que el citado delito se consuma de forma instantánea, aunque produzca efectos permanentes a lo largo del tiempo. Por lo quedaría extinguida la posible responsabilidad penal, en conformidad con lo que dispone el artículo 131 del Código Penal.

«Ya se aplique el delito del artículo 390 o el artículo 392 del Código Penal, con plazos de prescripción de 10 o de 5 años, respectivamente, los hechos denunciados están notoriamente prescritos», indicó el instructor. «Los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años», recalcó.

José María Ángel dimitió el pasado 31 de julio como comisionado del Gobierno central para la dana y como presidente del PSPV-PSOE después de que la Agencia Valenciana Antifraude informara del presunto título falso. El socialista señaló entonces que no hubo irregularidades en su acceso a la función pública en 1983 y su promoción en 1986, puesto que en ese momento no era necesario tener una título superior para este último puesto, como sí se exige ahora, sino superar un examen y presentar una memoria.

No obstante, no aclaró por qué Antifraude encontró un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia firmado en 1983, cuando según confirmó la institución académica esos estudios no se ofertaron hasta 1990. Más tarde, anunció que se jubilaba para defender «la verdad, mi honestidad y mi honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica». «El daño que a nivel personal representa este ataque injustificado es enorme», incidió, días antes de ser hospitalizado por un intento de suicidio.