El CGPJ carga contra el acuerdo PSOE-Junts: «Una inadmisible injerencia en la independencia judicial»

El comunicado tilda de «inadmisible» ese acuerdo, y, «especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan 'responsabilidades' derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de 'lawfare'».

«Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes», dice el órgano de gobierno de los jueces.

Y lanza una advertencia: «La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos».

Asimismo, la Comisión Permanente del Consejo subraya su «apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos».

El pronunciamiento de «repudio» ha sido aprobado con los votos de los vocales del presidente del Consejo, Vicente Guilarte, las vocales progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas y los de perfil conservador Ángeles Carmona, Carmen Llombart y José Antonio Ballestero. Después se han adherido los vocales conservadores Nuria Díaz, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Wenceslao Olea y Enrique Lucas.

El Consejo se suma así a lo ya manifestado por las cuatro asociaciones de jueces y las de fiscales que, en una situación nada habitual, han emitido un comunicado conjunto deplorando los términos del acuerdo.

Con la salvedad de los tres vocales que por acción (Sepúlveda) u omisión (Cuesta y Martínez de Careaga) no han suscrito el comunicado, vocales progresistas y conservadores han superado la fractura que ambos bloques protagonizaron el lunes con motivo de la declaración institucional del CGPJ sobre la amnistía, texto que salió adelante con nueve votos frente a cinco y el voto en blanco del presidente. La mayoría del órgano expresó su «intensa preocupación y desolación por lo que la amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España«, lo que suscitó todo tipo de críticas dentro y fuera del Ejecutivo. El número dos del Ministerio de Justicia, Tontxu Rodríguez, les tachó de «verdaderos okupas» y les emplazó a dimitir por tener el mandato «caducado».

En aquella declaración, Guilarte optó por votar en blanco. Si bien entendía como «indeclinable labor institucional del CGPJ defender la actividad jurisdiccional» de los órganos judiciales, prefirió no emitir un juicio de valor hasta no conocer la literalidad del texto legislativo.

Ahora, sin embargo, sí se pronuncia ante un texto, el del acuerdo, difundido en su integridad y que recoge, en el apartado sobre la Ley de Amnistía, la existencia de 'lawfare' en España, es decir, prevaricación de los jueces en una persecución política del independentismo catalán.

Este es el apartado del acuerdo entre el PSOE y Junts que deploran al unísono todas las asociaciones de jueces, todas las asociaciones de fiscales y ahora también, el Consejo General del Poder Judicial:

«Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas»