Rectificación con el aeropuerto, más dinero para TV3 y más agentes de los Mossos d'Esquadra

Según los equipos negociadores de ambos partidos, los tres escollos que han alargado la firma de Pere Aragonès y Salvador Illa –escenificada ayer en una pobre y deslucida escena en la sede oficial de la Presidencia autonómica– han sido la mejora en la B-40 o cuarto cinturón, la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y el impulso definitivo para la construcción del Hard Rock (casinos y hoteles) en Tarragona.

En los tres asuntos, ERC ha cedido a las exigencias de mínimos de los socialistas. Sobre la B-40 que afecta principalmente a los municipios de Tarrasa y Sabadell, en el primer trimestre de 2023, junto con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se hará efectivo «el convenio de acuerdo y financiación que garantice la redacción del proyecto de la Ronda Norte de los sistemas urbanos de Tarrasa, Sabadell y Castellar».

En relación al aeropuerto, para evitar la palabra «ampliación», que en ERC y los comunes genera rechazo, el PSC ha conseguido el compromiso del Govern para que, junto al Gobierno de España, se cree «una comisión técnica que permita acordar el nuevo modelo aeroportuario que necesita Cataluña», para que el aeródromo «gane capacidad y pase a ser un verdadero 'hub' internacional»; siempre respetando, eso sí, «la biodiversidad» del Delta del Llobregat.

El tercer escollo ha sido el del Hard Rock. A lo largo de este año se completarán «los procesos relacionados con el inicio del proyecto del Consorcio Recreativo y Turístico de Salou y Vila-seca», nombre que recibe el proyecto que se dio a conocer como BCN World y que reforzará la oferta turística de la zona de Port Aventura. Se construirán casinos, salas de juego y nuevos hoteles en la provincia de Tarragona.

De esta manera, Aragonès, en particular, y ERC (33 escaños), al completo, han tenido que rectificar en estos asuntos para poder contar con los 33 diputados del PSC en la Cámara autonómica que, sumados a los ocho de los comunes, otorgan una cómoda mayoría absoluta al nuevo tripartito parlamentario: 74 diputados (de 135). Tampoco parece, vista la reacción ayer tras conocer el pacto PSC-ERC, que en los comunes vaya a molestar tener que 'tragar' con estas tres iniciativas.

A cambio, sin embargo, los socialistas de Illa han renunciado a otros asuntos como el de reducir el número de las delegaciones en el extranjero –las llamadas 'embajadas' catalanas, que fueron un puntal propagandístico durante el 'procés'–, exigir, por ejemplo, que se cumplan las sentencias judiciales en materia lingüística para que se aplique el bilingüismo en las escuelas y eliminar la prueba piloto de la renta básica universal (40 millones al año).

El acuerdo para la aprobación de los presupuestos sí incluye más inversión para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente público del que dependen TV3 y Catalunya Ràdio. El pacto supone el compromiso de «incrementar en 32 millones de euros el presupuesto de la CCMA para favorecer nuevos proyectos audiovisuales y la modernización de la organización». Así, la radio y la televisión de la Generalitat gestionarán unos fondos de más de 330 millones.

En el ámbito de la comunicación, PSC y ERC incrementarán también el dinero para el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), que rozará los seis millones anuales, y trasladarán su sede. De la misma manera, el Govern estudiará la posibilidad de que la Agencia de Noticias de Cataluña (ACN, la agencia pública que compite con Efe en la comunidad) se incorpore a la CCMA.

Sobre la seguridad, está previsto que se convoquen 840 nuevas plazas de los Mossos d'Esquadra, para destinar «una parte importante de estos a la ciudad de Barcelona». El cuerpo de policía autonómico va camino de llegar a los 20.000 agentes y está previsto que llegue, según acordó la Generalitat con el Ministerio de Interior, a los 22.000 efectivos.

Otro de los aspectos que han firmado Illa y Aragonès es la petición de la transferencia del servicio de Cercanías. La intención es que se acuerde con el Ejecutivo de Pedro Sánchez «el modelo de traspaso de recursos económicos necesarios para la adecuada gestión de los servicios ferroviarios que sean competencia del Govern», una decisión que debe pasar por el visto de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.

Entre otras partidas genéricas, el pacto concreta destinar 54 millones a la segunda fase del programa de barrios para la rehabilitación de edificios para mejorar la eficiencia energética, incrementar el peso de la atención primaria en las cuentas destinadas a los servicios sanitarios hasta llegar al 24% (2.100 millones de euros) y consolidar los presupuestos de 2022 para las federaciones deportivas (+41%) y los consejos deportivos (+30%).