La enmienda de ERC sobre la malversación propone despenalizar el gasto del referéndum ilegal de 2017

El texto de la enmienda, que habría sido negociado con el Gobierno de Pedro Sánchez, completa de esta manera un periplo de exigencias de los socios del Ejecutivo, después de que este concediera los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo, en 2019, y aceptara la eliminación del delito de sedición. Sin embargo, esta enmienda a la iniciativa de los dos grupos que se sientan en la mesa del Consejo de Ministros, podría tener todavía un último encontronazo político pues la despenalización total no parece ser del gusto de los socialistas.

Esta mañana, al poco de hacerse público el texto de ERC, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, reconociendo la despenalización del 1-O que supone la aprobación de la enmienda que hoy inicia su trámite parlamentario, ha advertido de que: «No vamos a apoyar ninguna propuesta que beneficie a condenados o procesados por corrupción. Todo uso arbitrario de fondos públicos tiene que estar sancionado en Código Penal. Nunca apoyaremos la despenalización. No se pueden validar vías de enriquecimiento a través de terceros o a través de partidos».

El texto de ERC señala que «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años». Así, la reforma se adecuaría a las condiciones personales de Oriol Junqueras, presidente de ERC, y Carles Puigdemont, fugado de la Justicia desde 2017, así como a una veintena de procesados por el 1-O que habría hecho un uso indebido de dinero público pero, desde su punto de vista, vinculado a la función pública.

Aunque esta reforma está suponiendo que algunos barones socialistas hayan levantado la voz, sin más, así como la misma vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), Sánchez habría decidido dar su apoyo a los de Junqueras, con matices, socios parlamentarios del PSOE que han presentado la enmienda «para evitar que se use la malversación con finalidad política y arbitraria contra el independentismo». En este sentido, desde ERC se considera que la enmienda registrada es de máximos y, aunque asumen que habrá debate en el trámite del Congreso, no tienen intención de aceptar una rebaja que no deje sin efecto la ilegalidad de los hechos del 'procés'.

El texto propuesto por ERC, básicamente, retrotrae el Código Penal, en su artículo 432, a la ley anterior a 2015, en la misma línea de lo registrado por Junts este jueves, con el añadido de un nuevo artículo, el 432 bis, al que se incorpora, además de lo ya citado, que «si el culpable no reintegrara los mismos elementos del patrimonio público distraídos dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior».

Según ha informado la formación que lidera Junqueras, la propuesta de reforma del delito de malversación tiene como objetivo «avanzar en la desjudicialización de la vida social y política y limitar las potenciales arbitrariedades del Estado para perseguir y reprimir el movimiento independentista». Así, ERC propone que el delito de malversación (que afecta a las autoridades y los funcionarios públicos) «deje de hablar de conductas poco definidas y subjetivas como la apropiación indebida y la administración desleal, que son propias del ámbito privado».

Si finalmente se aprueba la enmienda de ERC, cuyo texto se habría negociado con el Ejecutivo directamente para tener el visto bueno de PSOE en el trámite parlamentario y que ahora parece no estar en sintonía, los políticos o los funcionarios condenados por malversación sin que se haya demostrado su interés de apropiarse dinero público verán rebajado sustancialmente su tiempo en prisión y la inhabilitación para cargo público. De una pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años pasarán a una pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años.

Además de los líderes del 'procés' condenados por malversación, que podrán pedir al Tribunal Supremo la revisión de sus penas para que le sean ajustadas al nuevo Código Penal y, por lo tanto, suprimir sus condenas pues actuaron dentro del margen de la función pública, también se beneficiarán de esta reforma los dirigentes independentistas del segundo escalafón durante el pulso a la Constitución de 2017. La conocida como 'infantería del prócés' está compuesta por una cuarentena de altos cargos de la Generalitat durante el referéndum ilegal y todavía están en fase judicial en varios tribunales de Cataluña.

Algunos de los todavía encausados tienen sobre sus hombros la defensa del delito de malversación por lo que podrían eludir tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Destacan especialmente de esta 'infantería' dos políticos: Lluís Salvadó (presidente del Puerto de Barcelona) y Josep Maria Jové (diputado autonómico), miembros de la dirección de ERC y detenidos en septiembre de 2017 por preparar con fondos públicos el referéndum ilegal. El mes pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó la apertura de juicio oral contra ellos acusados de prevaricación, malversación, desobediencia y revelación de secretos.