Junts se adelanta a ERC y registra en el Congreso el cambio en la malversación para favorecer a los independentistas

Según el partido que lideran Laura Borràs y Jordi Turull, bajo la atenta mirada de Carles Puigdemont, la reforma de hace siete años genera «un indebido margen de revisión judicial sobre decisiones políticas cuya legitimidad proviene de la expresión soberana de la voluntad popular expresada en las urnas» y relaciona la iniciativa política, a la que el Gobierno y el PSOE se han abierto a negociar para su aprobación, con la situación de los líderes del 'procés', algunos de los cuales fueron condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo en 2019.

Si la reforma de Junts sale adelante, la malversación quedaría ligada a que el dinero público desviado tuviera como fin el «ánimo de lucro» de la autoridad o funcionario o una tercera persona. Para los dos primeros habría una prisión de tres a seis años y una inhabilitación de entre seis y diez años. Si la malversación «revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público», entonces, la pena de prisión sería de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

La justificación que se hace desde Junts -según figura en el texto de la enmienda consultado por ABC- está vinculada totalmente al 'procés', con una corta referencia al caso de los ERE, asunto juzgado que define así: «Los líderes de Andalucía, condenados por ejecutar las leyes aprobadas por el Parlamento andaluz». En cualquier caso, la idea de fondo de la propuesta de reforma del partido que lidera Míriam Nogueras en el Congreso es la de señalar que el legislador cometió un error en 2015 por ser excesivamente celoso al reformar el Código Penal confundiendo «mala administración pública con la corrupción».

Así es al menos para Junts, que defiende que los líderes del 'procés', como la llamada infantería de lo que sucedió en 2017 y que está siendo investigada en tribunales de Cataluña, simplemente, fueron juzgados y condenados -los primeros- como consecuencia de una «persecución política» por un Estado, especialmente los jueces, que «presentan como delito de corrupción lo que no es más que una diferencia de criterio político a la hora de materializar los diversos gastos públicos» derivados de la convocatoria de un referéndum de independencia declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Desde este punto de vista, «la base de la legitimación del gasto [de dinero público], no puede ser objeto de revisión judicial ni quedar al arbitrio de jueces y tribunales sino única y exclusivamente puede servir, si se diesen las circunstancias, para una exigencia de responsabilidad política que, en los sistemas democráticos, se realiza o tiene lugar en cada cita electoral». Por lo tanto, según Junts, «no es lo mismo beneficiarse o beneficiar a terceros a costa de los dineros públicos que, simplemente, dar a estos un uso que puede ser considerado ilegítimo por la oposición u otros actores (como pueden ser determinados jueces y tribunales)».

Con este texto, Junts se adelanta a ERC, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene previsto presentar su iniciativa para reformar la malversación en el Código Penal en el trámite de modificación legal iniciada por PSOE y Unidas Podemos de cara a eliminar la sedición. El plazo para registrar la iniciativa de los de Oriol Junqueras, que podría reducir incluso a cuatro años los seis máximos previstos en la propuesta de Junts, finaliza mañana.