Cuatro líderes autonómicos del PSOE se oponen ya a la rebaja de la malversación pactada por Sánchez y ERC

La propuesta del partido liderado por Oriol Junqueras, el principal condenado por esos dos delitos por el Tribunal Supremo (TS) en 2019, ha hecho poner el grito en el cielo nuevamente a las formaciones de la oposición, como el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (Cs), pero tampoco es del agrado del socio de coalición del PSOE, Unidas Podemos, ni de buena parte de los dirigentes territoriales socialistas.

Este mismo jueves, la vicepresidenta segunda y representante de la formación morada en el Ejecutivo (pese a su creciente guerra abierta con los de Ione Belarra), Yolanda Díaz, ponía buen cuidado de enfatizar las diferencias durante una comparecencia ante los medios en Bruselas. «Desde luego, sí les digo con rotundidad que Unidas Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación» aseguró de manera tajante.

Por su parte, el presidente socialista de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se sumó a las críticas a la propuesta de ERC aceptada por Sánchez, en línea con las que previamente habían expresado otros correligionarios suyos como el presidente de Aragón, Javier Lambán, o los líderes del PSOE en Madrid y Castilla y León, Juan Lobato y Luis Tudanca. García-Page aseguró que «con mucho descaro los independentistas lo que buscan es un Código Penal a la medida, con nombre y apellidos. Y no una revisión pensada para el futuro, que sería legítimo, sino pensada para causas que ya están sentenciadas y a personas que ya han sido enjuiciadas».

Al igual que sus compañeros de partido, García-Page puso mucho mimo en incluir en su rechazo a la rebaja de la malversación duras palabras contra el PP y sus pasados casos de corrupción, dándole así un respiro dialéctico a Moncloa. «La posición del Gobierno de España de no aceptar un planteamiento que tenga que ver con los delitos que directa o indirectamente se relacionan con la corrupción, me parece que es lo que piden los españoles. Solo en la causa de la trama Gürtel hubo 36 sentencias de malversación», recordó, hurgando en la herida de su partido rival.

Veinticuatro horas antes, Lambán aseguró a 'Heraldo de Aragón' que «no comparto en modo alguno que se modifique el delito de malversación» y advirtió que lejos de «desarmarse», lo que el Estado debe hacer a su juicio es «rearmarse para impedir de manera radical la hoja de ruta del independentismo». En parecida línea se habían mostrado ese mismo miércoles Lobato y Tudanca, el primero pidiendo «dureza» contra quien organice un referéndum ilegal de independencia, como el que tuvo lugar en Cataluña el uno de octubre de 2017, y el segundo pidiendo que en ningún caso lo que se modifique del Código Penal «beneficie a los corruptos».

A la espera de conocer todas las enmiendas parciales a la reforma para derogar la sedición (una vez que la mayoría gubernamental rechazó la semana pasada las de totalidad planteadas por cinco grupos parlamentarios, incluidos PP, Vox y Cs) el jueves se conoció la que planteará sobre la malversación Junts per Catalunya.

Los de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat huido de España tras la declaración de independencia de 2017, pretenden que ni siquiera se considere delito el mal uso de dinero público para una consulta de independencia, siempre y cuando quien lo haga se haya comprometido a ello previamente en su programa electoral.

La propuesta no tiene visos de salir adelante y ni de recabar algún apoyo más que el de los cuatro parlamentarios de Junts, habitualmente enfrentados al Gobierno y a ERC, a la que tratan de desbordar en el frente independentista. Una actitud que se ha agudizado desde que en octubre abandonaron el Gobierno catatán de Pere Aragonès.