Sánchez reinterpreta la corrupción con la rebaja de la malversación al gusto de ERC

Sánchez camina con la convicción de que su electorado ha absorbido ya el coste de sus decisiones en lo que tiene que ver con Cataluña y con el hecho mismo de sus alianzas. Y eso le lleva a tomar decisiones con parsimonia. Su única batalla es la económica. Ayer, Sánchez despejó de un plumazo varias incógnitas. Primera, habrá reforma del delito de malversación para evitar las condenas a la dirigencia del proceso independentista. Segunda, el PSOE mantendrá «hasta el final» las enmiendas en la tramitación de la ley trans pese al choque con Unidas Podemos. Y tres, se prepara «algún retoque técnico» en la ley del 'solo sí es sí'.

Habrá por tanto modificación del delito de malversación en el Código Penal. Será, como siempre ha estado previsto, a través de una enmienda de ERC que se presentará antes del próximo viernes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba ayer carta de naturaleza a una puerta que él nunca había cerrado. Sánchez se mostraba abierto a esa reforma siempre que no conlleve «rebajas a las penas» de los corruptos. En su conversación con la prensa en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno defendió que con el cambio en ningún caso se «retrocederá en materia de la lucha contra la corrupción».

Esta cuestión ha generado muchos nervios en el PSOE. Hasta el punto de que llegó a instalarse la idea de que el Gobierno daría marcha atrás en esa operación que aunque utiliza como estilete una enmienda de ERC está acordada entre las partes. Pero lo cierto es que Sánchez nunca había cerrado la puerta a esta posibilidad.

El detalle de cómo se aterrizará esta reforma todavía no se conoce. Pero distintos integrantes del Ejecutivo planteaban que la clave debe estar en diferenciar lo que es corrupción política de lo que no lo es. ERC siempre ha puesto el foco en la ausencia de enriquecimiento personal como eje clave de su propuesta. Aquí, otros grupos parlamentarios favorables de la reforma han apuntado que debería blindarse también el enriquecimiento a terceros, lo que dejaría fuera como potencial beneficiario a José Antonio Griñán. Este es «un caso diferente», asumían desde el Gobierno. Este punto es algo en lo que Unidas Podemos había insistido.

El presidente del Gobierno considera que esta reforma es imprescindible para cerrar el círculo del proceso independentista y para cumplir el acuerdo con la Generalitat de Cataluña de «desjudicializar» la crisis catalana. Y es que pese a los indultos y la supresión de la sedición quedan otras cuentas pendientes. La que más preocupa a ERC son las causas abiertas en Cataluña contra la denominada «infantería del procés». Cerca de 40 cargos del Govern en 2017 están acusados de malversación y podrían verse condenados a penas de cárcel. Además, podría acelerar definitivamente la vuelta a la política de los principales dirigentes que siguen inhabilitados porque el indulto no borró la inhabilitación para cargo público.

A falta del detalle concreto para determinar el alcance, lo que ayer quedó definitivamente confirmado es la voluntad política de proceder a esta reforma. Siempre tratando de limitar al máximo sus efectos para que «no sea un coladero de corruptos», en palabras de otro miembro del Gobierno. El periodo para presentar las enmiendas parciales termina el próximo viernes día 9 de diciembre. A partir de ahí, el pleno en el que se debatirá definitivamente la reforma, ya con esta enmienda incluida, será el 15 de diciembre.

La justificación de la homologación la va a volver a poner el Ejecutivo encima de la mesa. Desde el Gobierno se apunta en la línea de que con esa enmienda se clarificará el delito de malversación en la línea de Italia, Portugal o Francia. «No vamos a movernos del Derecho comparado», defendía el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, recordando que el título de la proposición de ley que tramita el Congreso habla de «la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea». Bolaños ponía un ejemplo para explicar el espíritu que tendrá la enmienda de ERC. Lo que pone de manifiesto que todo está cocinado previamente con el Gobierno por mucho que se haya arbitrado esa fórmula de presentarlo a través de una enmienda del grupo de Gabriel Rufián. «Imaginemos un alcalde que recibe fondos europeos para digitalizar su ayuntamiento y destina esos recursos a pagar nóminas porque su consistorio no tiene dinero. Eso no sería corrupción. ¿Tiene sentido penar a Luis Bárcenas igual que a ese alcalde que destina fondos europeos para nóminas?», argumentaba Bolaños.

En el Gobierno justifican que con la última reforma del año 2015 esta tipificación quedaba demasiado abierta a supuestos muy distintos que no se ajustaban al hecho mismo de la corrupción. Así lo expresaba la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Sánchez quiere llevar el debate catalán hacia una disyuntiva que le favorezca. ¿Está mejor la situación en Cataluña ahora que en 2017? El presidente cree que los electores verán en el PSOE «un partido que ha contribuido a estabilizar una de las mayores crisis que ha tenido la democracia». La sensación en Moncloa es que tras «heredar una situación muy compleja en Cataluña» ahora «vamos definitivamente ya a abrir una nueva etapa en Cataluña, más política».

Respecto a sus otros dos anuncios, la número dos del PSOE explicó nítidamente la posición socialista. Van a mantener la enmienda para que los menores de 12 a 16 años necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil. Una enmienda que solo podría salir adelante con apoyo del PP. Si se aprueba, Unidas Podemos estaría en la disyuntiva de apoyar o no su propia ley. El PSOE sí garantizó ayer que en caso de que su enmienda no prospere apoyarían la ley.

Sobre la modificación de la ley del solo sí es sí, ese ajuste técnico se hará presentando una enmienda en alguna Ley Orgánica para poder ejecutar la modificación. Más concretamente, fuentes del Ministerio de Justicia, confirman esa posibilidad de hacer «ajustes» y ya apuntan a través de qué instrumento: sería en el proyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, que ahora mismo está en trámite parlamentario.