La reforma de la malversación reducirá a cuatro años la condena si no hay ánimo de lucro

Como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes, y confirmó ayer ERC, el grupo republicano presentará una enmienda para que la reforma del Código Penal prevista de inicio para la derogación del delito de sedición incluya también una reforma para el de malversación, distinguiendo entre quienes se lucren de forma personal y los que no.

Con esta enmienda, cuyo contenido ha avanzado 'eldiario.es' pero que ERC no confirma y asegura que en ningún caso está cerrada, los líderes del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo en la causa del 1-0, verían reducida su pena de manera sustancial. En el caso del presidente de ERC, Oriol Junqueras, condenado a trece años de inhabilitación, y una vez eliminado el delito de sedición, con la nueva tipificación, la suspensión para el ejercicio de cargos públicos se reduciría a cuatro años.

Con la enmienda presentada por ERC, y su previsible aprobación, se recupera la versión anterior a la reforma impulsada por el PP en 2015, dando en este caso satisfacción a las demandas de ERC, que además de la derogación de la sedición pretende una reforma de la malversación que, además de permitir el regreso a la política activa de sus dirigentes condenados por el TS en 2019, evita la posibilidad de entrar en la cárcel a varios de sus altos cargos, la conocida como infantería del 'procés', acusados por este delito y aún pendientes de juicio.

Según informaron a Ep fuentes parlamentarias, la Mesa de la Comisión de Justicia, donde el PSOE, Unidas Podemos y ERC suman tres votos frente a los dos que tiene el PP, ha decidido convocar el próximo lunes, día 12, la ponencia para discutir las enmiendas parciales que los grupos deben registrar a más tardar el viernes.

Además, se ha acordado que, si el trabajo en ponencia finaliza el lunes, el martes a las nueve de la mañana se reúna la Comisión de Justicia para aprobar su dictamen. De cumplirse este calendario, la proposición de ley quedaría lista en comisión el martes por la mañana y ese mismo día la Junta de Portavoces podría poner fecha para que sea elevada al Pleno.

De cumplirse el calendario previsto la supresión del delito de sedición se habrá tramitado en poco más de un mes, pues fue registrada el pasado 11 de noviembre. Además, al tratarse de una proposición de ley de los dos grupos parlamentarios y no de un proyecto de ley del Gobierno de coalición no tuvo necesidad de contar con informes consultivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.