El Tribunal de Cuentas o una demanda civil, vías para reclamar el dinero a Griñán y a los condenados por malversación

El panorama que se abre ahora es complejo. El nuevo Gobierno andaluz, recién aterrizado en San Telmo, aún no se ha pronunciado sobre qué actuación van a llevar a cabo para exigir a los condenados por la mayor causa de corrupción política en la historia reciente de España. Las vías, básicamente, son dos: una demanda por la vía civil o acudir al Tribunal de Cuentas. La pelota está en el tejado del Ejecutivo de Juanma Moreno tras el fallo del Tribunal Supremo, que da firmeza a la resolución judicial.  

Tras deliberar sobre los recursos de las defensas de los ex altos cargos del PSOE durante una década al frente del Gobierno andaluz, los magistrados del Supremo han acordado absolver a los tres ex secretarios generales técnicos de Empleo del delito de prevaricación y reducir a tres años de cárcel la pena al ex director general de Trabajo Juan Márquez. Con respecto al resto de implicados en la pieza política el tribunal ha confirmado por unanimidad las condenas por prevaricación, aunque surgieron discrepancias sobre el delito de malversación, lo que ha provocado dos votos particulares al respecto de sendas magistradas. Habrá que esperar previsiblemente a septiembre para conocer los argumentos jurídicos de la sentencia y de dichos votos particulares.

Los condenados por malversación, además de prevaricación, y por ende los que tendrán que asumir una responsabilidad civil por los hechos, son el expresidente José Antonio Griñán, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román, el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar. El otro implicado condenado por sendos delitos era Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo fallecido en octubre de 2020, por lo que su responsabilidad penal quedó extinguida.

Pues bien, frente a estos nueve condenados la Junta tendrá que dirigirse para exigir los fondos destinados para los parados andaluces y defraudado en el caso de los ERE durante una década de poder socialista en la comunidad y que la Audiencia de Sevilla cifró en 680 millones de euros.

Hay que remontarse a 2016 para encontrar la decisión que lleva ahora a la Junta a tener que afrontar un nuevo procedimiento judicial para conseguir que vuelvan a las arcas públicas el dinero de la partida 31L que se destinó de forma ilegal y arbitraria a empresas para sufragar los expedientes de regulación de empleo y otras finalidades.

Fue entonces cuando el Gobierno de Susana Díaz, a través de los servicios jurídicos de la Junta, personados en la causa de los ERE, decidió no acusar a los ex altos cargos acusados y anunció que se reservaba de forma expresa su derecho a ejercitar la acción civil «una vez finalizado el juicio penal si a ello hubiere lugar». Después, en 2019 y con la sentencia de la Audiencia ya emitida, Elías Bendodo y Juan Marín, como portavoces del Gobierno de PP y Ciudadanos, aseguraron en rueda de prensa que esperarían a que la sentencia fuese firme pero que llegado el momento agotarían todas las vías.

Aquella decisión política, la de Susana Díaz, llevó a la Fiscalía Anticorrupción a retirar su petición de responsabilidad civil para los acusados por malversación. La acusación popular que ejercía el Partido Popular, entonces en la oposición, quiso seguir adelante pero el tribunal le denegó esta posibilidad.

Pues bien, la decisión del Supremo, más allá del anuncio de futuros recursos de amparo al Constitucional, abre la puerta al Gobierno andaluz a iniciar la reclamación de los fondos. Las dos vías que tienen por delante, según las fuentes judiciales consultadas por ABC, son la interposición de una demanda civil o el Tribunal de Cuentas.

Es una decisión que tendrá que tomar los servicios jurídicos de la Administración autonómica una vez estudien ambas opciones. Algunas fuentes consultadas señalan que es un caso insólito iniciar un procedimiento de responsabilidad civil contra autoridades políticas provocada por una condena penal con reserva de acciones civiles. Sí se conocen contra funcionarios. La demanda civil sería ante un Juzgado de Primera Instancia, pero hay quienes incluso dudan que en este caso tan peculiar sea así.

Ahora bien, una cuestión por definir sería la cuantía total a reclamar y en qué proporción tendría que responder cada uno de los condenados por malversación. Esto es, qué responsabilidad tiene cada uno. En este punto hay que volver al escrito de calificación de la Fiscalía presentado antes del juicio de la pieza política. Ahí, Anticorrupción desgranaba la responsabilidad civil de los ex altos cargos que acusaba de malversación por año, entre 2001 y 2010, aunque al final del juicio retiró el año 2010 de los hechos enjuiciados.

Y en dicho escrito precisaba que a la cantidad total defraudada habría que restarle los dineros que hayan sido recuperadas por la Junta de Andalucía en los procedimientos administrativos iniciados al efecto a través de los expedientes de revisión de oficio abiertos por cada subvención y que se han tramitado en juzgados Contencioso-administrativos; en el Tribunal de Cuentas de los encausados que resulten ser declarados responsables contables y resto de perceptores directos de los fondos del programa 31L y 22E; y por cantidades que hayan sido recuperadas en la ejecución de las sentencias condenatorias de las piezas separadas. Esto es, las tres vías iniciadas por la Junta para recuperar el dinero de los ERE.

Hasta la fecha sólo se han conocido sólo dos sentencias más. En la pieza de Acyco se ha impuesto una responsabilidad civil de 2,9 millones de euros a los condenados. En la pieza de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, se ha impuesto al único condenado una indemnización a la Administración autonómica de 8,4 millones. Estos fallos no son firmes.

Quedan dos piezas juzgadas pendientes de sentencias. Pero las piezas separadas por juzgar que restan se cuentan por decenas. Algunas fuentes apuntan que tras la decisión del Supremo podría empezar a producirse acuerdos de conformidad en algunas de éstas.

Mientras la vía penal avanza a duras penas, al menos hasta el momento, desde que se iniciara la instrucción por la juez Mercedes Alaya en 2011, la Junta acudió al Tribunal de Cuentas para iniciar procedimientos separadas contra los tres ex directores generales de Trabajo, Guerrero, Márquez y Daniel Alberto Rivera, por sus responsabilidades contables en el saqueo de los ERE.

A esto se suma que el Gobierno andaluz en 2011, bajo el mandato del expresidente José Antonio Griñán, declaró nulas todas las ayudas directas a empresas concedidas entre 2000 y 2010 con el fondo para empresas en crisis. Esto suponía que se iniciarán expedientes de revisión de oficio de las ayudas para solicitar a las empresas la devolución del dinero, que éstas rechazaban.

Cada asunto ha ido terminando en procesos contencioso-administrativos para reclamar el dinero público repartido entre distintas empresas y beneficiarios de subvenciones con cargo al fondo de los ERE. A finales de 2021, la cifra de sentencias favorables a la Junta se aproximaba a las ochenta. Sin embargo, estos fallos no garantizan que vaya a recuperarse el dinero, pues algunas empresas beneficiarias son insolventes, han desaparecido y sus administradores están en paradero desconocido. En el último balance publicado, correspondiente a julio de 2018, la Junta de Andalucía sólo había recuperado 6,7 millones de los 135,3 millones sometidos a la revisión de oficio.

Este es el galimatías al que se enfrentan los abogados de la Junta para recuperar los fondos públicos malversados por cualquiera de las vías ya abiertas (jurisdicción penal, Tribunal de Cuentas y revisiones de oficio) y que han de tener en cuenta para decidir qué vía usar para intentar exigir responsabilidades civiles a los nueve políticos condenados por malversación. ABC ha preguntado a la Junta si ya ha tomado una decisión y de momento siguen en fase de estudio. Otra cuestión aparte será si éstos se declaran insolventes o no tienen fondos para afrontar las posibles indemnizaciones.