Los otros consejeros y viceconsejeros de la Junta de Andalucía que también ingresarán en prisión por el caso ERE

Pero José Antonio Griñán no es el único condenado que deberá ir a la cárcel. El Supremo ha ratificado las sentencias a otros seis consejeros y viceconsejeros.

José Antonio Viera

Fue consejero de Empleo de 2000 a 2004 y presidente de IFA-IDEA entre 2033 y 2004. Ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y a la inhabilitación absoluta durante 18 años y un día por malversación y prevaricación. Para la Fiscalía, Viera, que fue consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004, no se limitaba a firmar las órdenes. Aseguró que sus subordinados le pasaban documentos a firma y él los sancionaba sin saber más. Esta idea «no soporta el más mínimo análisis sobre lo que significa ser el máximo responsable de su consejería», según la Fiscalía. Por todo ello le pidieron ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación.

Antonio Fernández

Fue consejero de Empleo de 2004 y 2010. Antes había sido presidente de IFA y viceconsejero de Empleo desde los años 90 hasta 2004. La Fiscalía aseguró que firmó con Viera el convenio que dio lugar a las ayudas fraudulentas. Y que él mismo, siendo consejero, figuraba en un Expediente de Regulación de Empleo de una bodega en la que estaba en excedencia. Llegado al juicio, Fernández aseguró que él no sabía nada porque no se entretenía leyendo lo que le pasaban a firma.

«Yo no me entretenía en leer ninguno de los papeles del IFA por imposibilidad material y por innecesariedad», indicó el socialista. Explicó además que «normalmente» su secretario general le daba una información verbal al respecto y tenía confianza en él: «Me elevaba el secretario general del IFA los paquetones de firma y yo los firmaba».

El TS ha confirmado la sentencia a 7 años de prisión por malversación y 18 años de inhabilitación por prevaricación.

Carmen Martínez Aguayo

La exviceconsejera de Hacienda con Griñán y luego consejera de Hacienda y Administraciones Públicas aseguró durante el juicio por el caso de los ERE irregulares que los informes que debían advertirle de las irregularidades en la asignación de ayudas «no pasaron» por su mesa. Indicó Aguayo que esos documentos los leían sus técnicos y que nunca le informaron de que hubiese algún problema.

La Fiscalía no creyó su versión, entendiendo que era «impensable» que no leyese los informes que advertían de las irregularidades. Hasta doce informes, añadió el fiscal, llegaron a la oficina de Aguayo alertando del problema con los fondos.

El Supremo ha confirmado la sentencia a a 6 años de prisión por malversación y 15 de inhabilitación por prevaricación.

Francisco Vallejo

Fue consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2009. Vallejo aseguró durante el juicio por el caso de los ERE que él no sabía de la irregularidad de las ayudas. No sabía nada, como aseguraron también la mayoría de los imputados. «No le presté atención al tema porque yo estaba con 20.000 problemas» fue su respuesta cuando el fiscal le preguntó si no sabía que no había regulación en un fondo con el que se repartían ayudas. Para el ministerio fiscal Vallejo «sabía cómo se concedían las ayudas».

Ha sido condenado a 7 años de prisión por malversación y 18 de inhabilitación por prevaricación. Deberá entrar en la cárcel.

Jesús Rodríguez Román

Fue viceconsejero de Innovación entre 2005 y 2010 y consejero de Justicia y Administración Pública ente febrero y abril de 2004 en sustitución de Carmen Hermosín. También fue vicepresidente de IFA-IDEA

Para el juez, no solo impulsó el sistema de ayudas fraudulentas sino que además asumió el desarrollo de dicha forma de trabajar desde la Junta de Andalucía para otorgar fondos públicos. Según la acusación, tuvo acceso a un informe en el que se ponía de relieve que el sistema de ayudas era irregular.

El Supremo ha confirmado la sentencia a 6 años de prisión por malversación y 15 de inhabilitación por prevaricación. Deberá ingresar en la cárcel.

Agustín Barberá

Entre 2004 y 2010, Barberá fue viceconsejero de Empleo. Al frente de la Consejería estaba Antonio Fernández, también condenado en este caso. Negó ante el juez la existencia de un «fondo de reptiles» para el pago de estas ayudas, idea que rechazó la Fiscalía. El Supremo ha confirmado la condena a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por 18 años y un día por prevaricación y malversación.