Trescientas mil viviendas en busca de una legalidad en Andalucía

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha presentado al Consejo de Gobierno las principales actuaciones que se pondrán en marcha, como una regulación que permitirá a los propietarios de estas edificaciones acceder al Registro de la Propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración de agua, gestión de resíduos y suministro eléctrico, así como a un régimen de obras acorde a su situación. Con este fin, la Junta ampliará el reconocimiento de la figura de asimilado fuera de ordenación (AFO) a los propietarios de estas viviendas.

Esta fórmula reconoce la situación de ilegalidad de las edificaciones, pero le permite acceder a los servicios básicos y resolver o minimizar problemas ambientales. Esta declaración AFO se planteará también en casos en los que no se actuó anteriormente, como en el de los asentamientos en suelo no urbanizable. El director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo José María Morente , explica a ABC que la nueva ley tendrá dos patas principales: «La calidad de vida de sus habitantes, que tengan una seguridad jurídica en sus casas y el respeto al medio ambiente». Morente está muy preocupado por el grado de contaminación de las viviendas irregulares, «al no contar con redes de saneamiento usan fosas sépticas que contaminan la capa freática y los pozos de agua. No es apta para el consumo humano y acaba siendo un problema que se extiende y afecta a los vecinos».

La propia consejera de Fomento Marifrán Carazo , dio a conocer recientemente en el pleno del Parlamento andaluz del decreto ley que será aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que acabe el actual periodo de sesiones. Marifrán Carazo explicó que la aprobación de este decreto ley conlleva la derogación de dos leyes y dos decretos ley hoy vigentes, «adelgazando, simplificando y unificando la normativa en esta materia» . Además, Carazo dio más detalles de los asimilados fuera de ordenación AFO «que serán reconocidos sin tantas cortapisas e impedimentos».

En cuanto a la solución a los asentamientos en suelo no urbanizable, la consejera la tildó de «más compleja». «La normativa actual no permite otro modo de actuar que incorporar esas urbanizaciones a los planes generales de ordenación urbana, (PGOU), un proceso complejo, lento, y que en numerosos casos ha acabado en PGOU suspendidos o anulados por los tribunales, con lo cual se tarda años en solucionar el problema y la solución nunca llega. Para estos casos no es suficiente una mera instrucción, es necesario cambiar la actual normativa», apostilló . Por eso mismo informó de que el nuevo Gobierno andaluz tiene previsto la aprobación de este decreto ley de adecuación ambiental y territorial de las actuaciones irregulares que derogará la normativa anterior para refundir normas e intentar solucionar el problema de muchos de estos asentamientos.

También las viviendas irregulares situadas en los asentamientos podrán acceder al Registro de la Propiedad y con ello, a los servicios básicos. «Hoy por hoy tenemos muchos ciudadanos viviendo en situaciones de salubridad inaceptables», lamentó la consejera.

El director general de Ordenación del Territorio es un firme defensor de la simplificación de los procesos. «Hay que volver a ley del suelo, donde había consenso entre todas las partes implicadas, ecologistas, promotores, administración... y a partir de ahí ordenar el territorio, crear un modelo y acabar con las parcelaciones irregulares , lo que no es de recibo —argumenta a este periódico— es que pase lo que ocurrió con la LOUA, que aumentaron».

Otro de los problemas que se intenta resolver es que antes cada asentamiento tenía que esperar a la aprobación de los planes generales de urbanismo. Ahora se hará a través de planes especiales autónomos no dependientes de esos planes generales . Para Carazo, se trata «de una situación compleja, que tiene muchas aristas, casi tantas como viviendas irregulares existen en Andalucía», de ahí que afirme que «eso supone analizar y estudiar, casi caso a caso, la situación y circunstancias de cada una de esas edificaciones y pensar y definir las diferentes soluciones concretas en los planes especiales». Además, en esas zonas se adoptarán medidas para mejorar la calidad ambiental de los asentamientos, como reforestaciones, mejora de riberas, de caminos y otros servicios con coste a cargo de los propietarios, nunca a priori a cargo de las administraciones, según la Consejería.

Todas estas medidas van encaminadas además a fomentar la disciplina urbanística para evitar que no se cometan más irregularidades. «Vamos a priorizar la actuación inspectora, creemos que la inspección debe intervenir al principio de la actuación irregular cuando cause menor perjuicio, actuando con responsabilidad», según Marifrán Carazo. Morente es de la misma opinión y aunque reconoce que socialmente es complicado la demolición de viviendas ilegales porque se necesita una «proporcionalidad y una razonabilidad jurídica, a partir de ahora el que no se acoja a esta nueva normativa, que se atenga a las consecuencias».

Desde Fomento insisten que en estos poco más de cuatro meses de Gobierno se ha reunido con los británicos que viven en municipios del Valle de Almanzora, en Almería ; con los propietarios de las parcelaciones de Jaén y Córdoba; con los vecinos del Extrarradio de Chiclana; con los de Conil y los del Palmar, en Vejer de la Frontera y también con el representante de la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) , que engloba a casi todas las asociaciones de afectados, para compartir el análisis de esta situación.

Precisamente desde CALU han asegurado que reciben «con alegría e ilusión que el nuevo Gobierno andaluz se tome en serio el gran problema que existe en la comunidad, como es el de las viviendas irregulares, que fue ignorado totalmente por sus antecesores». No obstante creen que «la problemática urbanística de un municipio no se resuelve «aislando las urbanizaciones del plan general», sino que el plan general es «el que debe resolver el reparto de beneficios y cargas de todo el término municipal». Según han manifestado a Europa Press desde la coordinadora, «situar como islas las urbanizaciones es que las están condenando a pagar el importe completo de la gestión del urbanismo de cada una sin beneficiarse de los mecanismos que un plan general les podría aportar».