La Junta de Andalucía solo ha regularizado 25.000 viviendas ilegales en los últimos quince años

Muchas de ellas responden a asentamientos y reparcelaciones realizadas en zonas rurales donde los vecinos se fueron construyendo sus viviendas sin cuidado ni control urbanístico, como edificaciones aisladas que han terminado siendo auténticas urbanizaciones. En muchos pueblos andaluces, estas casas ilegales empezaron siendo cuartos de aperos que ahora se han convertido en chalés que se explotan con fines turísticos y suponen unos buenos ingresos para las familias de la localidad. También es cierto que hay quienes, de mala fe, han pedido licencia a sus ayuntamientos para construir un aperal para el campo y se han levantado chalés de dos plantas con piscina de diseño.

La Junta de Andalucía asegura no tener datos de cuántas viviendas de este tipo hay en la comunidad, a pesar de ser la administración responsable de imponer la disciplina urbanística, pero varias asociaciones que luchan por los derechos de estos propietarios calculan que actualmente hay 250.000 casas ilegales en la comunidad autónoma.

Un verdadero problema. Porque el crecimiento irregular de estas viviendas no sólo ha impedido que dispongan de los servicios básicos de saneamiento y luz sino que, además, están en zonas no urbanizadas , sin recogida de residuos o incluso sin centros escolares o de salud para atender a la población que vive ya de manera fija en ellas.

Con este panorama, y sobre todo por las presiones de muchos alcaldes que son los que soportan cada día a vecinos afectados que llevan años batallando contra las administraciones, la Junta ha regularizado 25.000 de estas viviendas ilegales en los últimos quince años, fecha de la primera Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA, que es de 2002.

Cuando se aprobó esta norma, el Gobierno andaluz la promocionó como la solución a los problemas urbanísticos y como la mejor arma para luchar contra los desmanes de la burbuja inmobiliaria. Pero se desveló claramente insuficiente. Y la prueba de ello es que esta ley se ha modificado la friolera de doce veces en el Parlamento de Andalucía, llevando aparejada cada una de ellas la solución de un problema concreto en determinadas localidades pero poco más.

La última modificación se aprobó hace pocas semanas para garantizar legalmente acceso a los servicios básicos a unas 10.000 viviendas en Córdoba, además de importantes núcleos en Carmona (Sevilla), Chiclana (Cádiz) y una buena parte de la costa almeriense. Este último cambio también buscaba resolver un problema concreto: reducir la contaminación por los vertidos ilegales de las aguas fecales de este tipo de urbanizaciones.

A los cambios de la Ley Urbanística de Andalucía hay que sumar la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, LOTA, de 1994 que, a su vez, se ha modificado en once ocasiones en el Parlamento.

El resultado de tantos cambios legales genera un caos normativo que denuncian los afectados. Gerardo Vázquez, portavoz de la plataforma Abusos Urbanísticos del Almanzora No y coordinador nacional de la asociación Projusticia en el urbanismo, habla de «inseguridad jurídica».

«No se trata sólo de una cuestión de planeamiento sino de una cuestión social porque hay muchas familias que están en un limbo jurídico y no encuentran solución». Eso, al margen de las cuestiones económicas ya que muchas de estas familias pagan sus impuestos como zona urbana, otras pagan un IBI de zona no urbanizable (mucho más barato), mientras que otras no tienen manera de pagarlos porque no constan en ningún padrón municipal.

En medio de esta situación están los ayuntamientos que son los que finalmente regularizan estas viviendas puesto que el planeamiento urbanístico depende directamente de ellos, si bien tienen que cumplir las normas de la Junta. Durante muchos años, los alcaldes han mirado para otro lado por no molestar a sus vecinos y por no poder ofrecerles soluciones pero ahora las cosas han cambiado y las normas de la administración andaluza se han endurecido para evitar corruptelas.

Lo que sí ha logrado tanto galimatías jurídico ha sido frenar la construcción indiscriminada en Andalucía . No sólo por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria sino también por el temor a las sanciones.

La diputada del PP Arancha Martín Moya es partidaria de abordar una reforma definitiva, «el PP demanda una futura ley que resuelva de verdad los problemas, que articule una solución para todos los implicados, incluyendo a los ayuntamientos. Queremos crear riqueza y posibilidades de desarrollo pero de manera ordenada, no como la Junta ha permitido hasta ahora».