Las sospechas de amaño en las oposiciones de Policía Local, una plaga extendida por toda Andalucía

El escándalo ha tenido una gran repercusión mediática en los últimos meses y ha provocado que se abra una discusión sobre el sistema de elección que actualmente está vigente para cubrir las plazas de Policía Local en Andalucía. Porque Sevilla es apenas un caso más de una lista demasiado larga. En los últimos años han sido denunciados en los tribunales 21 casos de convocatorias en distintos municipios andaluces por presunto enchufismo. Algunos han sido archivados porque no se ha podido demostrar la filtración de las pruebas, pero la mayoría de ellos ha seguido adelante bien por la vía penal , porque se ha detectado la existencia de revelación de secreto o incluso cohecho, bien por la vía contencioso administrativa, ya que han sido certificadas las irregularidades en las pruebas psicotécnicas. Esto ha dado lugar a una rebelión por parte de un amplio grupo de opositores, que han decidido dirigirse al consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera , para transmitirle su preocupación por las debilidades del actual modelo de selección.

Para demostrar que existe un problema serio , exponen los casos judicializados en Andalucía desde 2008. Algunos son para convocatorias de apenas dos plazas, como en Gádor , Almería, donde se denunció que de los 28 aspirantes que se presentaron aprobaron dos con notas de 9,25 y 9,27 que, sin embargo, habían suspendido estrepitosamente dos meses antes en El Ejido. «Es materialmente pasar de un tres a un 9,25 en sólo dos meses», explica a ABC un opositor. De hecho, en las investigaciones que se han llevado a cabo en los distintos municipios donde hay sospechas, los jueces siempre miran esta circunstancia para fundamentar la existencia de indicios . La mayor parte de los casos se da en pueblos pequeños , con ofertas de hasta siete plazas, como en Lepe, Porcuna, Guadix, Archidona, Castro del Río, La Zubia, Hornachuelos, Rota, Nerja, El Carpio o Peal de Becerro.

Conozca los detalles de cada caso en este mapa interactivo:

En todos ellos ha habido denuncias porque resultaron ganadores personas que tenían parentesco con miembros del tribunal o concejales del Ayuntamiento, aunque lo habitual es que estas acciones judiciales no prosperen porque no se puede demostrar la connivencia. Eso es lo que denuncian los opositores con más contundencia: que el sistema permite sembrar la sospecha.

La ley permite a los ayuntamientos tomar medidas que no respetan los criterios de igualdad. Por ejemplo, muchos municipios ponen tasas altas para poder presentarse, lo que elimina a un buen número de aspirantes. Otros realizan primero las pruebas psicológicas , para lo que contratan un profesional de la zona, y en ellas se quedan decenas de opositores, que ni siquiera pueden hacer el examen. De esta forma, lo que hayan estudiado ni se valora. Sólo se sientan en el pupitre unos cuantos, entre los que han podido pasar algunos con menor conocimiento.

En una carta dirigida al consejero por parte de un grupo de aspirantes, a la que ha tenido acceso este periódico, indican que «en bastantes ocasiones, en los procedimientos celebrados en los últimos años, aquellos opositores que consiguen obtener una plaza pertenecen al mismo municipio que la oferta o son vecinos de municipios cercanos con una estrecha vinculación al que convoca y en su mayoría aprueban el proceso selectivo en su primer intento».

El texto añade que algunos de ellos «dejan rastros de su mínima preparación opositando en otros lugares cercanos, obteniendo calificaciones que una vez comparadas con las que consiguen en «casa» inducen de forma clara a pensar que el procedimiento no se ha regido por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad ».

Por lo penal, además de Sevilla, están abiertos actualmente los casos de Puerto Serrano y Málaga , donde en las oposiciones de 2002 entraron, según sentencia, 94 agentes de forma irregular. En la vía contenciosa se han declarado opacos los procesos de El Puerto de Santa María, Isla Cristina, Hornachuelos y Bailén. Lo que los denunciantes solicitan es que se cree un sistema que erradique esta duda permanente, que sólo perjudica a la imagen del cuerpo policial más próximo a los ciudadanos.