Sentencia a la corrupción del PSOE: 68 años de cárcel y 253 de inhabilitación para la trama del caso ERE

El tribunal considera a 19 ex altos cargos responsables de «la palmaria ilegalidad» del fondo de los ERE y les impone penas de inhabilitación que suman 253 años y 15 días. Los magistrados confirman la tesis de los fiscales Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga yManuel Fernández Guerra, de los jueces que iniciaron el caso ERE y concluyeron la pieza política –la única que se ha enjuiciado–, Mercedes Alaya y Álvaro Martín , y, en gran parte, de la acusación popular ejercida por el PP-A. En cambio, echa por tierra la teoría de las defensas y desmonta que la corrupción fuera el resultado de los abusos aislados de «tres o cuatro golfos» sin escrúpulos, como sostuvo Manuel Chaves para minimizar los daños cuando la juez Mercedes Alaya empezaba a subir peldaños en la metafórica pirámide de las responsabilidades y apuntaba directamente a la cúpula del Gobierno andaluz. La resolución revela que la instructora no estaba equivocada.

Chaves, a sus 74 años –19 de ellos como presidente de la Junta–, dejó el Congreso en 2016 tras ser imputado por el Supremo que ya apreció un delito de prevaricación. Al final de su carrera política, quien fuera ministro con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero ha sido inhabilitado nueve años para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. Su sucesor en la Presidencia, Griñán, con 73 años, se enfrenta a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación por 15 años y 2 días porque le atribuye otro delito continuado de malversación. Su pena de cárcel es sólo un año y 11 meses inferior a la que se impone al exdirector que daba las ayudas, Javier Guerrero.

En su condición de consejero de Hacienda entre 2004 y 2010, Griñán «tuvo conocimiento de las deficiencias» del sistema como «destinatario» de los informes con advertencias del interventor general de la Junta –emitió hasta quince entre 2001 y 2009– y siguió nutriendo de fondos los ERE a sabiendas de que «era materialmente imposible la fiscalización previa», es decir, controlar el destino final de las ayudas.

El instructor del caso ERE en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro , ya consideró en 2016 que los expresidentes pudieron prevaricar al permitir que durante una década se dieran ayudas a empresas mediante un sistema «claramente ilegal». Al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, le atribuyó otro supuesto delito de malversación.

El tribunal que integran Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez coincide con el Supremo en que los expresidentes consintieron el fraude, en contra de lo que éstos manifestaron en el juicio.Ambos fueron «plenamente conscientes de la patente ilegalidad» de la forma de conceder las ayudas, que «permitía el enriquecimiento» de empresas, que eran las «reales» beneficiarias de los fondos y «no a los trabajadores». Pensar lo contrario «nos llevaría al absurdo», sostiene.

También han sido condenados seis exconsejeros, algunos tan relevantes como Magdalena Álvarez, exresponsable de Hacienda, a ls que el caso ERE ya la obligó a renunciar a la vicepresidencía del Banco Europeo de Inversiones –por el que cobraba 20.000 euros al mes– y Gaspar Zarrías (Presidencia). Ambos han sido inhabilitados durante nueve años. Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) ha sido condenada a 6 años y 2 días de prisión. Los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, y el de Innovación, Francisco Vallejo, tienen un horizonte aún más oscuro, con más de 7 años de cárcel.

Los únicos vencedores en un día tan aciago para la Autonomía fueron el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez entre 2000 y 2010 y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta (2001-2008) Francisco del Río. Ambos funcionarios resultaron absueltos. El tribunal sostiene que «no fue fiscalizado ni uno solo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y a empresas» por los interventores porque ése era «el efecto buscado con el uso de las transferencias de financiación». A su juicio, Gómez hizo una «denuncia reiterada» las irregularidades detectadas, aunque no surtieran efecto.

Nadie esperaba un epílogo tan negro para el poder del PSOE en Andalucía –hegemónico hasta que perdió la Junta en las elecciones del 2 de diciembre pasado– como el que dibujan las 1.821 páginas de la resolución que notificaron ayer a las 12.30 horas los acusados en la Audiencia. La sentencia causó un gran impacto por su dureza. Cuando recibieron la misma en formato digital y el fallo por escrito, se hizo un silencio sepulcral en la sala, que dio paso a semblantes muy serios y alguna lágrima.

A punto de cumplirse nueve años de instrucción –el 19 de enero próximo–, el caso ERE se salda con una condena casi generalizada contra el poder omnímodo del PSOE para ganar las elecciones y perpetuarse en el poder. La Junta usó el combustible de un fondo de reparto «arbitrario» con ayudas para aplacar las protestas que hacían peligrar su hegemonía, una idea que sobrevuela en la sentencia. «La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos», censura el tribunal.

En el PSOE andaluz estaban ayer consternados. Susana Díaz guardó un clamoroso silencio. La suya ha sido una carrera política forjada a la sombra de Chaves, Viera y Griñán, quien la eligió como sucesora cuando dejó de la Presidencia de la Junta por «la erosión del caso ERE». En lugar de Díaz habló su secretario de Organización, Juan Cornejo, quien marcó distancias con la Gürtel, la corrupción del PP, y negó la «financiación irregular del PSOE-A». Desde Ferraz, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se distanció de los condenados al asegurar que «no es un caso del PSOE» sino de antiguos miembros de cargos del partido y de la Junta, que no se habrían enriquecido.

En una comparecencia institucional a través de una pantalla desde el Palacio de San Telmo, Juanma Moreno declaró que «la sentencia es una vergüenza para la institución que represento» , mientras su socio de gobierno, Ciudadanos, pidió a Díaz que asuma responsabilidades.

La sentencia es un punto y aparte en una carrera de fondo que llegará al Supremo, instancia ante la que van a recurrir los condenados. Tardará dos años en resolver. Quedan algunas incógnitas todavía, como si la Fiscalía pedirá como medida cautelar el ingreso en prisión de los condenados o esperará a que el fallo sea firme. El tribunal negó una «dilación indebida» en la sentencia y justificó la espera de once meses por la «extraordinaria complejidad» del caso. El otro interrogante es qué habría pasado si la sentencia se hubiera conocido antes de las generales del 10-N en lugar de nueve días después. Pero eso nadie podrá saberlo ya.