Los condenados eran «conscientes» de la ilegalidad del modelo de ayudas

El entrecomillado es una frase textual que se repite en la descripción de la actuación de cada uno de los condenados por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en la causa política del caso de los EREde Andalucía. Todos sabían que el sistema montado para eludir el control de la Intervenciónde la Junta y para conseguir la paz social era ilegal, principalmente por el uso de las transferencias de financiación para pagar dichas ayudas.

En la contundente sentencia elaborada por los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, impone a cada acusado por malversación en concurso medial con un delito de prevaricación una pena diferente, casi personal. Pero todos tienen algo en común: «hubo infracción del deber de lealtad hacia la Administración , cometida por los cargos que ostentaban las mayores responsabilidades en el gobierno autonómico, y por consiguiente, eran depositarios de la mayor confianza; la arbitrariedad de su actuación resulta manifiesta, y supuso la adopción de resoluciones muy gravosas para el erario de la Junta de Andalucía y para el interés público».

De forma pormenorizada, el tribunal analiza desde un prisma jurídico la actuación de los acusados. Las primeras ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial a finales de los 90 y en el año 2000 no eran decisión de Empleo sino del Consejo de Gobierno que presidía Chaves, por lo es «lógico» que cualquier cambio del sistema, que afectaba a más de un departamento, «tenía que pasar por la decisión final del superior jerárquico, el presidente de la Junta». Es «impensable» que el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas a través del Instituto de Fomento e IDEA, lo que suponía eludir el control de la Intervención, fuera una decisión del consejero de Empleo por sí solo, ni del titular de Hacienda, «sino que exigió de la decisión» de Chaves.

Griñán y Magdalena Álvarez «tuvieron conocimiento» del uso de las transferencias de financiación para desviar fondos al IFA, después agencia IDEA, para pagar las ayudas de los ERE. Sabía que ese dinero iba para la concesión de ayudas por parte de Empleo. También sabía que en dicho departamento no existía control de las ayudas. Griñán, por su parte, era destinatario de los informes de la Intervención General que alertaban de las irregularidades del sistema. A modo de conclusión se advirtió:«la Dirección General de Trabajo ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Hizo caso omiso y asumió que las ayudas fueron a fines ajenos al destinado:ayudar a los trabajadores afectados por un ERE.

Gaspar Zarrías, como consejero de la Presidencia en la etapa de Chaves, presidía los «consejillos» de viceconsejeros donde se aprobaban las modificaciones presupuestarias que afectaban al programa presupuestario 31L, cuyos fondos eran para las ayudas de los ERE. Es decir, aprobó modificar las partidas adecuadas para dar las subvenciones y dotar de fondos la que «no era apropiada legalmente».

La sentencia, que supera los 1.800 folios, expone que, tras los reparos de la Intervención a la subvención a Hijos de Andrés Molina S.A. en el año 2000, la Junta articuló un procedimiento para el pago de las cantidades a las que se comprometía Empleo ante empresas, sindicatos, colectivos de trabajadores y personas físicas, sin sujeción a procedimiento alguno.

El ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el principal acusado en esta trama y quien dispuso, junto a su sucesor en el cargo Juan Márquez, de casi 680 millones para otorgar las ayudas. Fue quien «generó el déficit» en este programa sociolaboral al contraer obligaciones muy por encima del crédito presupuestario para las ayudas. Ordenó los pagos cruzados. Concedió ayudas para otros fines distintos al legalmente fijado y todo ello sin tener competencias.

Los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera «tomaron la decisión» de considerar las ayudas como individuales a cada trabajador y no en su totalidad, como así se pagaba. De esta manera, evitaban que las ayudas superiores a 450.000 euros pasaran por el Consejo Rector de IFA/IDEA y las que superaban el 1,2 millones no fueran al Consejo de Gobierno.

Juan Márquez siguió el procedimiento fraudulento usado. Pero para más inri, Márquez contó con un informe de Garrigues en los que alertaba que el director general de Trabajo no tenía competencias para dar ayudas y que éstas tenían que ser publicadas en el BOJA y en una base de datos. Nada se hizo.

El exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, destinatario de los informes de la Intervención que alertaban de las irregularidades del sistema y, sobre todo, del uso inadecuado de las transferencias de financiación para pagar las ayudas por parte de IFA/IDEA. Carmen Martínez Aguayo, exviceconsejera de Hacienda, «propició» que las ayudas de los ERE fueran concedidas por Empleo sin fiscalización previa: «un descontrol absoluto»..