El Poder Judicial aplaza decidir si la juez Núñez seguirá con los casos de corrupción, como piden los investigados

El máximo órgano de gobierno de los jueces ha retirado el asunto del orden del día de su reunión de este jueves, para seguir estudiando los recursos de alzada presentados por las defensas de varios investigados contra el acuerdo presentado por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla y validado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una sesión celebrada el 14 de septiembre de 2020, según han informado fuentes del tribunal andaluz.

Letrados de ex altos cargos y empresarios investigados impugnaron el acuerdo. Aseguran que el hecho de que la magistrada renuncie a instruir estos sumarios mediante un reparto de tareas es nulo y, según aseguran en sus recursos, «genera una quiebra en el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley».

Tras admitir a trámite los recursos de alzada presentados por los abogados de trece investigados, el órgano de gobierno de los jueces nombró a dos ponentes para que los estudiaran y elevaran una propuesta de resolución al Pleno del CGPJ, que tendrá la última palabra en este asunto.

Vilaplana ya se hizo cargo de los casos ERE, Faffe, Santana, Cárnicas Molina, Formación, Avales e IDEA , en sustitución de la juez instructora, María Núñez Bolaños, durante una baja laboral que la mantuvo apartada del juzgado durante once meses. A su vuelta, ambos pactaron un nuevo reparto de tareas: Vilaplana se hacía cargo de las macrocausas, la mayoría de ellas heredadas de la juez Mercedes Alaya , mientras ella asumía los asuntos ordinarios que se instruyen, tramitan y enjuician en el juzgado.

Desde su regreso al órgano judicial, el 3 de agosto pasado, Núñez Bolaños venía sopesando dar un paso atrás en estos sumarios. Su continuidad iba a resultar incómoda debido a los desencuentros que ha mantenido con los fiscales, que le reprocharon una «inequívoca actuación dilatoria» en las macrocausas de corrupción, lo que podría provocar que prescribieran, así como la exclusión masiva de ex altos cargos de las piezas del caso ERE.

Aquellos choques no se quedaron en una mera queja, sino que se plasmaron en un detallado informe suscrito por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla que dio pie a la presentación de una denuncia por su jefe, el fiscal Alejandro Luzón . Tras llevar a cabo una inspección del juzgado, que coincidió con su baja médica, el CGPJ archivó las diligencias informativas el pasado 10 de septiembre al no apreciar falta disciplinaria en los retrasos.

Cinco letrados (Alfonso Martínez del Hoyo, Juan Carlos Alférez, José María Calero, Simón Fernández y Miguel Delgado Durán) han impugnado el acuerdo del TSJA que aprobó el plan de reasignación de tareas propuesto por Núñez Bolaños y Vilaplana .

En uno de estos recursos de alzada dirigidos al Pleno del CGPJ, el abogado Juan Carlos Alférez alegó que el acuerdo es nulo de pleno derecho porque ha sido adoptado por la Sala de Gobierno del TSJA que se ha arrogado «una competencia de la que carece» y los magistrados «han aplicado de inmediato» la retirada de Núñez Bolaños de las macrocausas sin aguardar «al conocimiento ni a la aprobación» del Consejo General del Poder Judicial. Para este letrado, dicho plan conculca la ley porque «ha posibilitado que el juez no natural, el señor Vilaplana Luquero, haya instruido», desde que la magistrada regresó al juzgado, «todas y cada una de las macrocausas amparado por el acuerdo nulo» . Como consecuencia, advierte de que «todos y cada uno de los actos procesales y resoluciones que ha emitido» desde el 3 de agosto pasado serían también nulos de pleno derecho.

Apelando al artículo 216 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expone que «la ley no permite que un juez —por la razón que fuera— ceda la instrucción de un asunto concreto que está llevando a su juez de apoyo». De no respetarse este principio básico, «las medidas de apoyo judicial se convierten en una vía para el nombramiento de jueces ad hoc» o «a la carta» , lo que constituye «un resquicio o portillo legal de peligrosa configuración que el ordenamiento jurídico constitucional no puede permitir», expone el recurso.

El letrado, que alabó el «trato exquisito» y la dedicación que muestra Vilaplana en sus instrucciones , califica de «acuerdo privado» el reparto de tareas. Admite que pueda necesitar un apoyo, pero «lo que no parece tener explicación es por qué no es adecuado que la señora Núñez continúe con las instrucciones ya comenzadas». Los abogados acudirán a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el CGPJ tumba sus recursos.